Baltasar Garzón, fusilado al amanecer

Un engendro dedicado a la agitación fascista y autodenominado "Sindicato Manos Limpias", ha interpuesto una querella en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón por "excederse en sus atribuciones". Según el jefe de esta banda, un tal Bernard, antiguo dirigente de Fuerza Nueva, partido fascista español teóricamente disuelto pero cuyos elementos siguen bien activos como puede verse, el juez Garzón habría prevaricado al impulsar la investigación de los crímenes franquistas durante la llamada Guerra Civil española y la subsiguiente dictadura fascista.

Lo increíble del caso no es que un puñado de fascistas quieran vengarse del juez que intentó pasar cuentas históricas con el régimen criminal que ellos adoran, sino que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite la querella. La decisión de la Sala Penal del alto organismo judicial, que teóricamente debería estar bastante ocupada examinando la avalancha de pruebas existentes contra la trama de corrupción masiva en las administraciones gobernadas por el Partido Popular (PP), singularmente en Valencia y Madrid, conocida como caso Gürtel, ha provocado una ola de euforia en un PP acorralado por las evidencias de lo que el propio Garzón definió, cuando negó al PP la filisteada de personarse en el caso Gürtel como acusación, no como un conjunto de delitos que afectaría a unas personas que por coincidencia militan en el PP, sino como una trama de corrupción masiva organizada dentro del PP por dirigentes de ese partido.

No es extraño por tanto que como dice El País de hoy, la resolución del Supremo, que podría terminar con la carrera judicial de Garzón, "desbordó la euforia" en el PP. Y sigue: "Los portavoces populares se felicitaron por la decisión y se apresuraron a poner en tela de juicio la instrucción del sumario contra la trama corrupta realizada por Garzón, pese a que sus reiterados recursos y querellas contra el juez por esta causa han sido archivados o desestimados". La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, manifestó su alegría porque la querella del grupo fascista contra Garzón haya sido admitida a trámite, ya que tal hecho "demuestra que en España nadie está por encima de la ley", palabras que demuestran de modo palpable lo ya intuido hace tiempo: que la estupidez oceánica de esta mujer y su mala fé no admiten barreras ni alivios.

En este intento de fusilar a Garzón al amanecer en venganza porque intentara sacar a la luz los asesinatos masivos del franquismo, los miembros del aparato judicial a los que piadosamente podríamos calificar como de "tendencia conservadora" han dado el do de pecho. "La decisión del Supremo fue adoptada, en contra del criterio de la fiscalía, por el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo", según El País. Pues bien, el mismo diario informa de que "todos ellos, excepto Jiménez, pertenecen al sector conservador y el ponente, Adolfo Prego, y Francisco Monterde, fueron designados en su día por el PP vocales del Poder Judicial".

Es más, Adolfo Prego firmó hace unos meses un manifiesto contrario a las exhumaciones de fosas comunes de asesinados por el franquismo y es rabiosamente contrario a la Ley de Memoria Histórica, como corresponde a su ideología de extrema derecha. Lo increíble es que dada tan evidente animosidad, nadie recusara su participacion en la reunión que se transformó en linchamiento de Garzón por cuenta de la Sala Penal del Supremo, pues las opiniones de éste magistrado están evidentemente viciadas y le inhabilitaban para entender con neutralidad en la admisión a trámite de la querella contra Garzón. Probablemente tampoco costaría demasiado probarle una (presunta, faltaría más) prevaricación (tomar una decisión incorrecta a sabiendas) .

Es obvio que quieren deshacerse de Baltasar Garzón, y que además quieren hacerlo de modo que constituya una severa advertencia para otros jueces que pretendan seguir sus pasos y remover los pudrideros de cadáveres que el franquismo dejó en forma de cientos, tal vez miles, de fosas comunes en cunetas de carreteras y junto a tapias de cementerios. Tal vez lo logren en este asalto, o tal vez no. En todo caso, quien sea responsable de la seguridad del juez Garzón debería tener los ojos muy abiertos a partir de ahora; van a por él, y no pararán hasta quitarlo de en medio del modo que sea.

En la imagen, fosa común en el pueblo de Villamayor de los Montes, Burgos (foto de Paco Etxeberría, tomada de la web de Amnistía Internacional).