No a un Guantanamito en la Armada española

El buque de guerra español "Marqués de la Ensenada" navega por aguas próximas al continente africano llevando a bordo a 14 piratas somalíes, capturados en dos acciones llevadas a cabo en aguas internacionales del Golfo de Adén la semana pasada. Nadie sabe qué hacer con estos hombres, desde el momento en que el juez español Fernando Andreu ha dado orden de ponerlos en libertad, como corresponde a personas detenidas ilegalmente.

Los somalíes fueron sorprendidos en sendos intentos de secuestro de barcos, o al menos eso es lo que se dice oficialmente. Al parecer todos iban armados, y uno de ellos resultó herido por disparos de soldados españoles. Ocurre que su detención tuvo lugar en aguas internacionales por soldados de un país que carece de un mandato de la ONU para ejercer la policía sobre esas aguas. Se trata pues ni más ni menos, que de un secuestro. En realidad, en este caso ni siquiera cabe alegar que se sorprendiera a los piratas en "territorio español", como sería técnicamente el caso si hubieran sido capturados a bordo de un barco español que hubieran asaltado. El lío es pues considerable, y la única razón a su favor que puede esgrimir el gobierno español y el resto de gobiernos europeos embarcados en esta aventura decimonónica, es la que facilita la pura fuerza bruta: somos los más fuertes, y tenemos el derecho de hacer lo que nos venga en gana donde queramos.

Ante la negativa judicial española a hacerse cargo de los detenidos -a procesarlos en territorio español, en suma- alguna mente brillante ministerial ha decidido que lo más práctico era desembarcar a los somalíes en Kenia, país que ha firmado un convenio con la Unión Europea para hacerse cargo de los detenidos si fuere necesario. No es difícil imaginar cual será el destino de los somalíes una vez desembarcados en un país carente de las mínimas garantías judiciales, que por lo demás si ha aceptado hacerse cargo de los detenidos no será a buen seguro gratis, ya que Kenia es uno de los países más corruptos del mundo.

Así que además de haber hecho el ridículo a nivel internacional al crear un problema para el que no tiene solución, el ministerio de Defensa español tiene en estos momentos una tremenda patata caliente entre manos: si desembarcan a los somalíes en territorio favorable a estos, habrá dado un triunfo mediático a los piratas; si los entrega a Kenia, habrá un escándalo internacional y probablemente serán asesinados; y no puede trasladarlos a España, porque se lo ha prohibido un juez de la Audiencia Nacional, quien además conmina a la Armada a liberar inmediatamente a los detenidos. Mientras, estos permanecen secuestrados a bordo de un barco de guerra español, es decir, en un limbo judicial idéntico a Guantánamo.

La Operación Atalanta, el despliegue militar europeo en aguas internacionales entre el Golfo de Adén y el Cuerno de África, se está convirtiendo en una pesadilla capaz de arruinar en pocos días toda la política de la Unión Europea de promoción de los derechos humanos fuera de sus fronteras. Aún peor, imaginen que aplicando la doctrina "internacionalista" de la Audiencia Nacional, un juez somalí o de cualquier otro país decidiera procesar al jefe de la Armada española, a la ministra de Defensa y -por qué no- al jefe del Estado español, como responsables del secuestro de catorce somalíes. El crédito español internacional en estas materias, al menos ante los países del Tercer Mundo, quedaría por los suelos.

Alguien tiene que dar las órdenes oportunas para deshacer urgentemente el Guantanamito en que se está convirtiendo el "Marqués de la Ensenada", consecuencia de un plan de intervención militar fuera de jurisdicción chapuceramente concebido y ejecutado además en el peor estilo español: improvisación, autoritarismo e irresponsabilidad. Y alguien tiene que pagar políticamente por esta monumental cagada.