El linchamiento de Garzón, la venganza de fascistas y corruptos

La sesión de inicio del juicio a Baltasar Garzón celebrada ayer estuvo de verdad a la altura de lo esperado.  Garzón no se arrugó y defendió lo evidente con palabras claras: si ordenó escuchas policiales a los abogados de Gürtel es porque en esa "organización criminal" los abogados "formaban parte nuclear de ella" y eran "elemento básico en el blanqueo de dinero". Oigan al pobre tipo que preside el tribunal intervenir nervioso como un flan, consciente de su triste papel en esta tragicomedia fabricada a mayor gloria de la exculpación de un puñado de sinvergüenzas, a los que Garzón destapó sus sucios negocios y sus conexiones políticas con el partido de la derecha española.



Y es que el juicio entero es una farsa política instrumentada en venganza por las actuaciones del juez Garzón contra la trama Gürtel, como lo es de modo aún más evidente el siguiente caso del que tendrá que responder, un montaje judicial instigado por un grupúsculo fascista para castigar su intento de investigar los crímenes contra la Humanidad del franquismo, régimen al que la clase judicial española tanto debe y al que tanto honra. Después de treinta años de democracia seguimos teniendo un aparato del Estado, el judicial, que sigue enfeudado a un pasado que para ellos continua vivo y presente, y si algún juez lo olvida o intenta orillarlo ahí está la jauría mediática para recordárselo y la organización corporativa para neutralizarlo.

Al linchamiento judicial de Garzón asisten un centenar de periodistas extranjeros, desde la CNN hasta Al Jazeera pasando por los medios más influyentes de Argentina y Chile, países que llevan tiempo atentos a esta clase de iniciativas cercenadoras en España de la búsqueda de la verdad y la reparación en materia de memoria histórica. La indignación y el escándalo están por tanto garantizados a nivel internacional; su mera posibilidad deberían cubrir de vergüenza -en el improbable caso de que la tuvieren- a los responsables de la patochada que acaba de comenzar en Madrid.

En realidad, el objetivo de este juicio no es solo acabar con Garzón y escarmentar en cabeza ajena a los jueces que tienen ahora en sus manos la posibilidad de meter en la cárcel a los corruptos de Gürtel y sus socios del Partido Popular. Por encima de todo lo que se está buscando es conseguir eliminar legalmente las pruebas existentes, destruyendo las cintas policiales grabadas que incriminan a los acusados. Ilustres precedentes de la destrucción de pruebas grabadas por orden judicial los hay en casos semejantes en los que se vinculaba igualmente corrupción y Partido Popular, como lo fue el caso Naseiro (antiguo tesorero del PP) y el caso Zaplana (ex presidente de la Generalitat Valenciana anterior a Camps, también del PP).

Visto lo visto, y con todo, los magistrados que juzgan a Garzón harían bien en tentarse la ropa, no fuera el caso de que dentro de un tiempo fueran ellos los que tuvieran que responder ante un tribunal por haber prevaricado. A la larga, las farsas judiciales acaban estallándoles en la cara a quienes participan en ellas: recuerden el affaire Dreyfuss o el juicio a Léon Blum. O lo que les dijo Sophie Schöll al fiscal y los jueces nazis que la condenaron a la guillotina: "pronto estaréis vosotros en mi lugar".

En la imagen que ilustra el post Mariano Rajoy, actual presidente del Gobierno español (PP) en un mitin del Partido Popular en Valencia cuya organización pagó la trama Gürtel, según el sumario que se sigue a esta red de corrupción política. A la derecha de la imagen está Alvaro Pérez "el Bigotes", máximo responsable de la red Gürtel en el País Valenciano, y a la izquierda el expresidente valenciano, Francisco Camps (PP), alias" el Curita" en Gürtel.

Tribunal Supremo: el supremo desmadre franquista

Tras un juicio celebrado presuntamente con todas las garantías constitucionales habidas y por haber, el Tribunal Supremo acaba de confirmar la condena impuesta al actor Pepe Rubianes "por vulnerar el derecho al honor del alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, del Partido Popular (PP)" (sic).

Dice El País de hoy que la condena "fue dictada en 2007 por la Audiencia de Salamanca, que consideró probado que Rubianes había escrito en un portal de noticias sobre los papeles de Salamanca" una serie de calificativos destinados al susodicho alcalde ("idiota" y "desgraciado") "por su postura, contraria a la salida de los papeles del Archivo de la Guerra Civil". Finaliza la breve nota del diario madrileño informando que "En primera instancia, se desestimó la demanda del alcalde. La sentencia fue revocada por la Audiencia de Salamanca y ahora ha sido ratificada por el Supremo".

El asunto resultaría en sí bastante anodino sino fuera por el pequeño detalle de que Pepe Rubianes lleva 15 meses muerto, ya que falleció el 1 de marzo de 2009. Y sin embargo el Supremo "ratifica" ahora la sentencia, es decir le da validez plena.

Lo importante del caso no es que el Supremo, ése mismo alto tribunal que dedica su valioso tiempo a intentar arrancarle la cabellera al juez Garzón por intentar investigar los crímenes del franquismo y la trama de corrupción Gürtel, entre otros graves y altos asuntos patrios, tenga a bien invertir una parte de ese bien tan escaso en atender un rifirrafe tan ridículamente menor cual es que ciudadano llame a otro "idiota" y "desgraciado" (entre paréntesis, a estas horas deben estar frotándose las manos en los programas "rosas" de Telecinco y Antena 3, imaginando la cantidad de demandas entre el famoseo nacional que a partir de ahora pueden acabar desenvocando en las salas de tan severo Tribunal, con la consiguiente repercusión favorable que ello tendría en los índices de audiencia de esos programas). Lo substancioso de este caso es sin embargo, el descaro conque el Tribunal Supremo aplica en este caso una vara de medir tramposa y por qué no decirlo, repugnantemente parcial y teñida de ideología de la peor especie. Me explicaré.

El fundamento mismo de la querella contra Baltasar Garzón, promovida y desarrollada con la bendición del Supremo, arranca precisamente de la constatación de que este juez pretendió actuar contra personas ya fallecidas cuando decidió abrir causa contra los crímenes del franquismo. Recordemos las risas en la perrera mediática cuando Garzón pidió el certificado de defunción del dictador Francisco Franco: "¿Garzón no sabe que Franco está muerto? jajaja". Los voceros de la caverna y las alcantarillas fingían olvidar que en España no puede encausarse -ni por tanto, absolverse o condenar- a un fallecido. Por eso Garzón pidió el certificado de defunción de Franco, para que legalmente quedara asentado el rumbo que debía tomar el caso; lo que pretendía Garzón en suma no era procesar a Franco, naturalmente, sino abrir una vía legal para la condena del régimen franquisma y la reparación de sus víctimas. Este procedimiento es el que está a punto de costarle la carrera judicial, en acción nominalmente iniciada por dos grupúsculos fascistas y legalmente amparada por el Tribunal Supremo. El mismo Tribunal Supremo que sin embargo, no tiene empacho en ratificar una sentencia contra un ciudadano ya fallecido que llamó idiota a un individuo al que por cierto, y vista su actuación en el llamado caso de los papeles de Salamanca, cabría llamar cosas bastante más fuertes. Ocurre que el ahora sentenciado en firme por esta banda de marrulleros con toga era un "rojo" irredento, al que por lo visto no bastaba cuando estaba vivo con amenazarle de muerte a través de los controladísimos "incontrolados" de siempre: había que escarnecerle incluso después de muerto mediante una sentencia ejemplar.

En resumidas cuentas, el Tribunal Supremo acaba de proclamar "urbi et orbe" que el honor de un botarate es un bien que debe ser objeto de protección y reparación en su caso, pero no así la memoria y la dignidad de cientos de miles de españoles asesinados por el mayor criminal de la Historia de España.

Esta es la justicia española, y éste el Estado de derecho que dicen tenemos.

El Estado de derecho le debe una disculpa a FAES

Hace bien Falange en querellarse contra el juez Baltasar Garzón e intentar acabar con él por la vía que le facilita la democracia. La complicidad y compadreo que encuentra en la "clase judicial" y la estulticia cobarde de la "clase política", se lo ponen a huevo. Tontos serían de no aprovecharse.

Ya suponemos, claro, que esto de las querellas judiciales y demás procedimientos del sobado "Estado de derecho" deben constituir irrisión para los señores de Falange, cuya ideología y práctica política históricas están en las antípodas de la democracia, y que si tuvieran ocasión volverían a terminar con ella a tiros y bombazos cometiendo luego esos crímenes de masas que el pobre Garzón intentaba investigar. Al cabo Garzón pretendía nada menos que recordar a los señores de Falange quiénes son y de dónde vienen, y eso en democracia no se le puede hacer a una organización política legal, un partido que tiene sus estatutos depositados en el Registro de Asociaciones Políticas y todo.

Porque Falange es un partido político legal en España. Repítanlo en voz alta despacio varias veces seguidas, y a continuación piensen por ejemplo en que el partido nazi de Hitler fuera legal en Alemania. ¿A qué es un pensamiento disparatado? Lo que no significa que en Alemania no hayan nazis, ni mucho menos: se calcula que uno de cada cuatro policías alemanes está relacionado con alguna asociación de carácter nazi encubierto. Eso sí, al funcionario del Estado alemán al que pillan es inmediatamente expulsado de su trabajo, y si no recuerdo mal, policías y militares afiliados a organizaciones nazis pueden recibir condenas de hasta cinco años de cárcel.

Pero en España, Falange es legal. Y lo es porque hay miles de personas que comulgan con sus ideas y están insertadas en la política, la judicatura, el ejército, la policía, la Iglesia católica, las finanzas, el empresariado, la administración civil del Estado, los medios de comunicación, las grandes organizaciones delictivas (tipo Gürtel, para entendernos), y casi en cualquier sector donde se maneje poder y no haga pie la izquierda timorata en cualquiera de sus versiones que nos representa. Entiéndase, no estoy diciendo que toda esa gente tenga carnet de Falange y vista camisa azul, correajes y vaya a las sesiones del Tribunal Nosecuantos con la pistola debajo de la toga; el carnet, los correajes y la pistola los llevan por dentro, debajo de la piel. A veces se les nota más, a veces menos. Recuerden que hace cuatro días como quien dice tuvimos un presidente de Gobierno elegido democráticamente que está tan orgulloso de su pasado falangista (del que nunca a adjurado ni en público ni en privado), que a la fundación ideológica que creó le puso FAES, un acrónimo evidente de Falange Española.

Así que Falange hace bien en querellarse contra Garzón, ya digo; si les dejan, por qué no hacerlo. Si son legales tienen todo el derecho de reírse de la democracia, usando los mecanismos de ésta en beneficio de la destrucción del sistema democrático. Mientras, estúpidos de nosotros, andamos discutiendo si las parodias de juicios que llevó a cabo el franquismo antes de asesinar por miles a sus opositores deben anularse en bloque o ser reabiertos uno a uno, o sencillamente mejor no menearlos no sea que los señores del Tribunal Supremo, la Conferencia Episcopal, la Junta de Jefes de Estado Mayor y la patronal empresarial, por poner sólo unos ejemplos, se enfaden y nos líen otra.

El caso es que en España hay una Ley de Partidos, que ha servido para ilegalizar el mundo político del fascismo vasco. ¿Por qué no se aplica a las organizaciones de extrema derecha española, cuyo balance histórico criminal (centenares de miles de españoles perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados) deja en mantillas los ochocientos y pico muertos producidos por ETA en 50 años?. Si en Alemania sí se hace ¿por qué aquí no?.

En fin que si no tienen gónadas para perseguirlos como merecen, sacándolos primero fuera de la legalidad obviamente, que les pidan disculpas porque un juez chiflado intentó esclarecer las acciones pasadas, presentes y futuras de una gente tan absolutamente legal, que nos da lecciones a los demás de Estado de derecho. Y de paso se parten de risa a costa nuestra y de nuestros muertos, los mismos que en nombre de su ideología fueron asesinados por cientos de miles en este país no hace tantos años.

En la imagen, cartel de la Guerra de España sobre los llamados "nacionales" y sus apoyos extranjeros.

Baltasar Garzón, fusilado al amanecer

Un engendro dedicado a la agitación fascista y autodenominado "Sindicato Manos Limpias", ha interpuesto una querella en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón por "excederse en sus atribuciones". Según el jefe de esta banda, un tal Bernard, antiguo dirigente de Fuerza Nueva, partido fascista español teóricamente disuelto pero cuyos elementos siguen bien activos como puede verse, el juez Garzón habría prevaricado al impulsar la investigación de los crímenes franquistas durante la llamada Guerra Civil española y la subsiguiente dictadura fascista.

Lo increíble del caso no es que un puñado de fascistas quieran vengarse del juez que intentó pasar cuentas históricas con el régimen criminal que ellos adoran, sino que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite la querella. La decisión de la Sala Penal del alto organismo judicial, que teóricamente debería estar bastante ocupada examinando la avalancha de pruebas existentes contra la trama de corrupción masiva en las administraciones gobernadas por el Partido Popular (PP), singularmente en Valencia y Madrid, conocida como caso Gürtel, ha provocado una ola de euforia en un PP acorralado por las evidencias de lo que el propio Garzón definió, cuando negó al PP la filisteada de personarse en el caso Gürtel como acusación, no como un conjunto de delitos que afectaría a unas personas que por coincidencia militan en el PP, sino como una trama de corrupción masiva organizada dentro del PP por dirigentes de ese partido.

No es extraño por tanto que como dice El País de hoy, la resolución del Supremo, que podría terminar con la carrera judicial de Garzón, "desbordó la euforia" en el PP. Y sigue: "Los portavoces populares se felicitaron por la decisión y se apresuraron a poner en tela de juicio la instrucción del sumario contra la trama corrupta realizada por Garzón, pese a que sus reiterados recursos y querellas contra el juez por esta causa han sido archivados o desestimados". La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, manifestó su alegría porque la querella del grupo fascista contra Garzón haya sido admitida a trámite, ya que tal hecho "demuestra que en España nadie está por encima de la ley", palabras que demuestran de modo palpable lo ya intuido hace tiempo: que la estupidez oceánica de esta mujer y su mala fé no admiten barreras ni alivios.

En este intento de fusilar a Garzón al amanecer en venganza porque intentara sacar a la luz los asesinatos masivos del franquismo, los miembros del aparato judicial a los que piadosamente podríamos calificar como de "tendencia conservadora" han dado el do de pecho. "La decisión del Supremo fue adoptada, en contra del criterio de la fiscalía, por el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo", según El País. Pues bien, el mismo diario informa de que "todos ellos, excepto Jiménez, pertenecen al sector conservador y el ponente, Adolfo Prego, y Francisco Monterde, fueron designados en su día por el PP vocales del Poder Judicial".

Es más, Adolfo Prego firmó hace unos meses un manifiesto contrario a las exhumaciones de fosas comunes de asesinados por el franquismo y es rabiosamente contrario a la Ley de Memoria Histórica, como corresponde a su ideología de extrema derecha. Lo increíble es que dada tan evidente animosidad, nadie recusara su participacion en la reunión que se transformó en linchamiento de Garzón por cuenta de la Sala Penal del Supremo, pues las opiniones de éste magistrado están evidentemente viciadas y le inhabilitaban para entender con neutralidad en la admisión a trámite de la querella contra Garzón. Probablemente tampoco costaría demasiado probarle una (presunta, faltaría más) prevaricación (tomar una decisión incorrecta a sabiendas) .

Es obvio que quieren deshacerse de Baltasar Garzón, y que además quieren hacerlo de modo que constituya una severa advertencia para otros jueces que pretendan seguir sus pasos y remover los pudrideros de cadáveres que el franquismo dejó en forma de cientos, tal vez miles, de fosas comunes en cunetas de carreteras y junto a tapias de cementerios. Tal vez lo logren en este asalto, o tal vez no. En todo caso, quien sea responsable de la seguridad del juez Garzón debería tener los ojos muy abiertos a partir de ahora; van a por él, y no pararán hasta quitarlo de en medio del modo que sea.

En la imagen, fosa común en el pueblo de Villamayor de los Montes, Burgos (foto de Paco Etxeberría, tomada de la web de Amnistía Internacional).

Ni el PP puede parar al juez Garzón

A las dos horas de presentar el PP su denuncia contra Garzón, el juez ha contraatacado con una providencia que anuncia una segunda lista de aforados a los que imputa, que no se por qué me huelo son gente de nivel políticamente superior a los que ya conocemos.

Será difícil que el PP eche del baile a Garzón. Lo intentó el PSOE en su momento, cuando el Juez Campeador (como le llama Miguel Ángel Aguilar) se vengó de González y su gente con la excusa del GAL mediante, y entonces ganó Garzón por goleada; tanto es así que el PP le debe en buena parte su llegada al gobierno en 1996. Años más tarde Garzón la emprendió con ETA por el procedimiento de ir descortezando el árbol de las capas que lo envolvían, protegían y alimentaban, y realmente les ha dejado en pelotas cargándose los aparatos financiero, diplomático, logístico, agip-prop y hasta la cantera de alevines de terrorista.

Y ahora le toca al PP. Se diría que la táctica de Garzón con el PP es una síntesis de las empleadas contra el PSOE y contra el mundo de ETA: procesar a los nombres propios (en este caso, la pléyade de cargos dirigentes corruptos de ése partido), combinada con el desmontaje pieza a pieza del entramado logístico-financiero que nutre a la organización (en este caso, las tramas corruptas relacionadas con las administraciones públicas gobernadas por el PP).

Sinceramente, creo que a Garzón ya sólo le puede parar un accidente de carretera. O un atentado de ETA, que vendría a ser lo mismo.