Una juez argentina quiere procesar a los ministros de Franco vivos

No todo van a ser malas noticias en España, hoy (alguna) prensa trae una extraordinariamente buena: una juez argentina se ha dirigido al Gobierno español pidiéndole al amparo del concepto de justicia universal (tan usado por la judicatura española en relación con crímenes contra la Humanidad cometidos en otros países), que le facilite información sobre una serie de jerarcas políticos, militares y policiales franquistas que puedan estar aún vivos en relación con la causa abierta en Buenos Aires en abril de 2010, en la que se imputa por crímenes contra la Humanidad -y por tanto, imprescriptibles- a todos los dirigentes del régimen fascista español que encabezó el general Francisco Franco.

Esta mujer valiente y honesta se llama María Romilda Servini de Cubría, y según El País de hoy "ha exhortado al Gobierno español para que informe si en este país se está investigando la existencia, entre el inicio de la Guerra Civil y las primeras elecciones democráticas después de la muerte de Franco, “de un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física, y de uno que propició la desaparición legalizada de menores de edad con pérdida de su identidad, llevados a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”. Luego dirán que los argentinos se andan con vaguedades cuando hablan o escriben: ni Gracián hubiera sido sido más claro y explícito.

Dice El País también que la juez pidió asimismo los “nombres y últimos domicilios de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de La Falange” del periodo 1936-1977, así como los certificados de defunción de aquellos que hubiesen fallecido". También ha solicitado información sobre víctimas del franquismo, fosas comunes, y una novedad absoluta en España, sobre las empresas que se lucraron con el trabajo esclavo de los prisioneros republicanos.

Servini ha contado hasta ahora con la protección del poder judicial argentino, a pesar de que el año pasado un gobierno ¡socialista! -o eso decía ser- español hubiera intentado establecer el principio de que los crímenes del franquismo sólo debían ser investigados por instancias judiciales españoles. En sintonía con esa maniobra, el estamento judicial español paralizó de modo artero el trabajo que en ese sentido realizaba el juez Baltasar Garzón suspendiéndole por presunta prevaricación precisamente por investigar crímenes franquistas. Es falso por tanto  que en España se esté investigando esos delitos y que no haya lugar a la intervención internacional.

El procedimiento judicial que sigue la juez Servini se inició a raíz de las denuncias presentadas por seis argentinos descendientes de españoles, cuyos antepasados fueron asesinados por el régimen franquista. La causa parece que sigue adelante y que definitivamente, va a dejar con el culo al aire a los sucesivos gobiernos de Zapatero y Rajoy, y desde luego, a un Consejo General del Poder Judicial español que en vez de perseguir a estos delincuentes les presta encubrimiento cometiendo ellos sí prevaricación, como lo demuestra el acoso y derribo del juez Garzón.

En cuanto a la nómina de esos individuos por los que se interesa la juez argentina, aquellos que formaron parte de los órganos dirigentes del franquismo y que por tanto participaron con plena conciencia de su naturaleza criminal, desde aquí le ofrezco dos nombres relevantes de elementos que siguen vivos: Manuel Fraga Iribarne, ministro de Propaganda de Franco y luego de Gobernación (policía) durante los meses en los que los franquistas intentaron mantener vivo el régimen tras la muerte del dictador, y posterior fundador y dirigente máximo del actualmente gobernante Partido Popular español; y José Utrera Molina, último camarada Secretario General del Movimiento Nacional (antes Falange Española Tradicionalista y de las JONS), el partido único fascista español, un payaso que todavia en los años setenta acudía vestido de falangista a dar mitines fascistas en la Sierra de Alcubierre, en el que fuera frente de Aragón durante la guerra que desencadenaron los militares insurrectos  en julio de 1936. Ambos individuos citados fueron como digo ministros de Franco, y durante largos años ocuparon puestos de altísima responsabilidad en aquel régimen asesino.

Por cierto, si finalmente la juez Servini pide la extradicción de esta gentuza, ojalá que sí, le creará un papelón incluso familiar a Alberto Ruiz Gallardón, actual ministro de Justicia del Gobierno derechista español, ya que su suegro es nada menos que el camarada Utrera Molina. Veremos entonces hasta dónde llega el talante "centrista" y "democrático" del flamante señor ministro.

En la imagen que ilustra el post aparece el camarada Utrera Molina vestido con los arreos de la Falange durante un acto de exaltación fascista celebrado a principios de los años setenta, con Franco aún vivo, ocupando la portada del diario falangista oficial, "Arriba". Obsérvese el gesto crispado del orador, tan caro en aquellos años a los discurseadores fascistas españoles.

El almirante Massera ya está en casa

Ha muerto el almirante Massera. A los más jóvenes de mis lectores ese nombre no les dirá nada, a no ser que sean argentinos o personas de una cultura política y general muy por encima de la media de su edad. Para los demás decir Massera es mentar al asesino vesánico por antonomasia, al remedo latinoamericano más próximo a Himmler, un orate bruto carente eso sí de los buenos modales y el autocontrol personal del nazi alemán.

Massera fue el más criminal entre los criminales de una organización, el Ejército argentino, que lleva muchos años pariendo y "formando" asesinos sin parangón en cuanto a su brutalidad, falta de conciencia y cinismo autojustificativo. En los años setenta el almirante Massera formó parte de la Primera Junta militar argentina, al lado de un asesino triste como Videla, especie de cantante de tangos metido a carnicero de seres humanos, y del aviador Agosti, un ser gris y sin relieve ni siquiera como delincuente. Massera por el contrario era una bestia pletórica de energía para el Mal con mayúscula. Suya es la invención del Cronograma, intento de instaurar una Solución Final a la argentina que ordenaba y desarrollaba las diferentes "tareas" autoimpuestas por la Junta en orden al exterminio de toda oposición de izquierdas; suya es la frase famosa "primero mataremos a los subversivos, después a los neutrales y por último acabaremos con los tibios de nuestro bando"; suyo es el diseño de los Vuelos de la Muerte, en los que se arrojaba al mar desde aviones militares Hércules a presos vivos; él fue en fin el creador y responsable del funcionamiento del "chupadero" (lugar de desaparición de detenidos) instalado en la Escuela de Mecánica de la Armada, la siniestra ESMA, en la que fueron asesinados miles de detenidos sin que se sepa qué se hizo luego con sus cuerpos. Además de asesino Massera era un ladrón compulsivo: hizo asesinar a un alto dirigente empresarial argentino para luego quedarse con su mujer y su vivienda. Y en el colmo de la abyección moral, él y sus compinches llegaron a secuestrar a miles de recién nacidos hijos de sus víctimas para repartirlos luego entre prohombres adictos al régimen.

Este es el individuo que falleció ayer, a los ochenta y cuatro años. Dicen que padecía demencia senil, además de otras enfermedades mentales que permiten calificarlo como loco en el sentido popular del término. Carece de importancia saber si ya era un loco en los inicios de su irresistible carrera como represor, o si fue en el transcurso de ésta cuando devino un demente sediento de sangre y de maldad. En todo caso, de existir el Infierno, a estas horas Satanás ya conoce la respuesta.

En cualquier caso, desde ayer Argentina y el mundo en general son lugares un poco más libres y limpios, aunque siga existiendo el Ejército argentino.

En la imagen que ilustra el post, arrestos en la calle durante la última dictadura militar argentina (años 70 del pasado siglo).

El Agente Naranja sigue devorando a los vietnamitas

Acabo de ver un reportaje de "Informe semanal", un programa de TVE, sobre las consecuencias del llamado Agente Naranja, lanzado por los norteamericanos en los bombardeos sobre Vietnam hace casi 40 años. Las imágenes ponen los pelos de punta, y eso que todo el reportaje evita cuidadosamente la truculencia en la que a tenor del caso podría haber caído fácilmente .

Más allá de la muerte y la destrucción sembradas en aquellos años por decenas de millones de toneladas de bombas arrojadas sobre un país cuya superficie es apenas la mitad de la Península Ibérica, los terroríficos efectos de ese elemento químico que en principio debían ser "sólo" desforestar las selvas indochinas, han traspasado el tiempo y la genética y alcanzan ya a una tercera generación de vietnamitas descendientes de quienes lo sufrieron literalmente en sus propias carnes. Lo peor con todo es que el Gobierno norteamericano no reconoce siquiera la responsabilidad de su país en la generación de este horror, a pesar de la lucha de las autoridades vietnamitas y de las organizaciones de víctimas. De hecho, las organizaciones de veteranos estadounidenses afectados por el Agente Naranja nunca lograron que Washington reconociera esa responsabilidad para con ellos, los propios soldados del Imperio. Un largo proceso reivindicativo de esas organizaciones finalizó a mediados de los años 80 con un acuerdo extrajudicial con las 8 empresas privadas norteamericanas fabricantes del Agente Naranja, acuerdo en el que formalmente no se reconocía la relación entre el tóxico y las enfermedades y malformaciones que produce y se disfrazaba la indemnización/soborno como "donación" a los excombatientes.

Los vietnamitas afectados ni siquiera han obtenido eso. Ni las empresas fabricantes ni el Gobierno de EEUU parecen estar interesados ni en indemnizarles ni en comprar su silencio. Pero ellos no van a callar, porque más allá de los adultos y jóvenes muertos en el pasado hoy siguen naciendo niños con lacras horribles, y esa batalla por tanto no va a acabar en el terreno internacional y donde sea necesario llevarla, hasta que los causantes de tanto dolor den su brazo a torcer ya que al parecer nunca pagarán por lo que han hecho.

Un ex ministro de Sanidad vietnamita y dirigente de una asociación de víctimas del Agente Naranja explicaba a la cámara que recientemente habían recibido la visita de la asociación acabada de constituir en Irak con el mismo objetivo. Decía este anciano que allá por donde pasa el Ejército norteamericano deja siempre el idéntico rastro, y que cuando de aquí a unos años también hayan tenido que irse de Irak empezaremos a conocer la magnitud de la tragedia que dejarán tras de sí, ellos que dan lecciones de democracia y civilidad a todo el mundo. Decía este hombre asimismo que entendía que ningún gobierno de EEUU reconocería lo que les habían hecho a los vietnamitas, porque entonces automáticamente tendrían que dejar de dar esas lecciones de democracia y civilidad.

Pienso que este hombre tiene toda la razón, y que el problema radica en que mientras EEUU siga siendo una potencia que practica el terrorismo de masas, no habrá rincón del planeta a salvo de que cualquier día empiece a llover sobre sus cabezas el maldito Agente Naranja. En ese sentido, Vietnam fue sólo una etapa en el camino del horror imperial.

Baltasar Garzón, fusilado al amanecer

Un engendro dedicado a la agitación fascista y autodenominado "Sindicato Manos Limpias", ha interpuesto una querella en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón por "excederse en sus atribuciones". Según el jefe de esta banda, un tal Bernard, antiguo dirigente de Fuerza Nueva, partido fascista español teóricamente disuelto pero cuyos elementos siguen bien activos como puede verse, el juez Garzón habría prevaricado al impulsar la investigación de los crímenes franquistas durante la llamada Guerra Civil española y la subsiguiente dictadura fascista.

Lo increíble del caso no es que un puñado de fascistas quieran vengarse del juez que intentó pasar cuentas históricas con el régimen criminal que ellos adoran, sino que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite la querella. La decisión de la Sala Penal del alto organismo judicial, que teóricamente debería estar bastante ocupada examinando la avalancha de pruebas existentes contra la trama de corrupción masiva en las administraciones gobernadas por el Partido Popular (PP), singularmente en Valencia y Madrid, conocida como caso Gürtel, ha provocado una ola de euforia en un PP acorralado por las evidencias de lo que el propio Garzón definió, cuando negó al PP la filisteada de personarse en el caso Gürtel como acusación, no como un conjunto de delitos que afectaría a unas personas que por coincidencia militan en el PP, sino como una trama de corrupción masiva organizada dentro del PP por dirigentes de ese partido.

No es extraño por tanto que como dice El País de hoy, la resolución del Supremo, que podría terminar con la carrera judicial de Garzón, "desbordó la euforia" en el PP. Y sigue: "Los portavoces populares se felicitaron por la decisión y se apresuraron a poner en tela de juicio la instrucción del sumario contra la trama corrupta realizada por Garzón, pese a que sus reiterados recursos y querellas contra el juez por esta causa han sido archivados o desestimados". La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, manifestó su alegría porque la querella del grupo fascista contra Garzón haya sido admitida a trámite, ya que tal hecho "demuestra que en España nadie está por encima de la ley", palabras que demuestran de modo palpable lo ya intuido hace tiempo: que la estupidez oceánica de esta mujer y su mala fé no admiten barreras ni alivios.

En este intento de fusilar a Garzón al amanecer en venganza porque intentara sacar a la luz los asesinatos masivos del franquismo, los miembros del aparato judicial a los que piadosamente podríamos calificar como de "tendencia conservadora" han dado el do de pecho. "La decisión del Supremo fue adoptada, en contra del criterio de la fiscalía, por el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo", según El País. Pues bien, el mismo diario informa de que "todos ellos, excepto Jiménez, pertenecen al sector conservador y el ponente, Adolfo Prego, y Francisco Monterde, fueron designados en su día por el PP vocales del Poder Judicial".

Es más, Adolfo Prego firmó hace unos meses un manifiesto contrario a las exhumaciones de fosas comunes de asesinados por el franquismo y es rabiosamente contrario a la Ley de Memoria Histórica, como corresponde a su ideología de extrema derecha. Lo increíble es que dada tan evidente animosidad, nadie recusara su participacion en la reunión que se transformó en linchamiento de Garzón por cuenta de la Sala Penal del Supremo, pues las opiniones de éste magistrado están evidentemente viciadas y le inhabilitaban para entender con neutralidad en la admisión a trámite de la querella contra Garzón. Probablemente tampoco costaría demasiado probarle una (presunta, faltaría más) prevaricación (tomar una decisión incorrecta a sabiendas) .

Es obvio que quieren deshacerse de Baltasar Garzón, y que además quieren hacerlo de modo que constituya una severa advertencia para otros jueces que pretendan seguir sus pasos y remover los pudrideros de cadáveres que el franquismo dejó en forma de cientos, tal vez miles, de fosas comunes en cunetas de carreteras y junto a tapias de cementerios. Tal vez lo logren en este asalto, o tal vez no. En todo caso, quien sea responsable de la seguridad del juez Garzón debería tener los ojos muy abiertos a partir de ahora; van a por él, y no pararán hasta quitarlo de en medio del modo que sea.

En la imagen, fosa común en el pueblo de Villamayor de los Montes, Burgos (foto de Paco Etxeberría, tomada de la web de Amnistía Internacional).

El fiscal Zaragoza y el honor de los asesinos

Al Fiscal jefe Javier Zaragoza le parecen “delitos comunes” fusilar gente en las cunetas y arrojar los cuerpos a fosas anónimas, tal como hicieron los esbirros franquistas entre 1936 y 1939. En fin, al menos a Zaragoza y a su tropa de fiscales esos hechos le parecen delitos, aunque en su argot podrían considerarse como de “baja intensidad”. Poca cosa en todo caso en comparación con, por ejemplo, quemar un trozo de tela de colores o una foto del Rey de España: eso sí que son delitazos como la copa de un pino, debe pensar el señor Zaragoza, y por consiguiente hay que llevar a los responsables ante un tribunal y montar toda la parafernalia de un juicio (es decir, hacer el ridículo urbi et orbe en un asunto que no tiene la más mínima entidad real).

De los otros en cambio, de los individuos que asesinaron a españoles indefensos por las carreteras y tapias de cementerios de todo el país, y que una vez finalizada la guerra siguieron persiguiendo, torturando, oprimiendo y ocasionalmente matando a sus compatriotas, ni siquiera se pueden hacer públicos sus nombres -así lo prohibe la ley de Memoria Histórica-, seguramente para que no sufra su “honor”. El honor de unos asesinos, ya ve usted qué gran cosa.

Peor todavía, para el Partido Popular y sus epígonos y sayones mediáticos, “eso”, los asesinatos de españoles durante la guerra y la dictadura franquistas, eran cosas que pasaban en aquellos tiempos en los que “todos” hicieron “cosas malas”. Esa amnesia interesada es fácilmente comprensible si tenemos en cuenta que gracias precisamente a todo aquél despliegue criminal, gentes como Mariano Rajoy vivieron espléndidamente y con “gran placidez” (sic) durante las décadas siguientes, mientras miles de compatriotas pasaban hambre, eran humillados a diario y ni siquiera podían reclamar los cuerpos de sus seres queridos asesinados.

Y luego se extrañan cuando decimos que la derecha española y sus aparatos de poder, empezando por el judicial, dan náuseas.

En la fotografía que ilustra el post, civiles republicanos yacen en el suelo tras haber sido asesinados por elementos militares en el interior de un cuartel franquista.

Carta al juez Garzón

carta que he enviado al juez Baltasar Garzón el 4-9-2008

Sr. D. Baltasar Garzón Real,
magistrado titular
del Juzgado Central de Instrucción núm. 5.
de la Audiencia Nacional
c/Prim, 12
280024 Madrid

Quien subscribe, (datos particulares) se dirige respetuosamente a usted para exponerle los siguientes hechos y circunstancias:

Que ha conocido a través de la prensa el inicio de actuaciones en su juzgado tendentes a depurar por vía judicial las responsabilidades derivadas de la actuación represiva contra ciudadanos españoles llevada a cabo por servidores y adherentes del régimen franquista.

Que desde hace algún tiempo conoce y obra en su poder la documentación que acredita que D. Mariano Carilla Albalá, ciudadano español, nacido en Lanaja, provincia de Huesca, el 11 de noviembre de 1892, fue asesinado el 16 de agosto de 1941 (aunque su acta de defunción fue redactada el 24 de septiembre siguiente), en la cámara de gas del castillo de Hartheim, perteneciente al complejo de campos de exterminio Mauthausen-Gusen, en Austria, siendo posteriormente incinerado en el horno crematorio que funcionaba en dicho castillo.

Que D. Mariano Carilla Albalá había sido capturado previamente por los alemanes hitlerianos en Francia en fecha indeterminada de 1940, siendo internado junto con otros ciudadanos españoles detenidos en similares circunstancias en los campos de detención y clasificación Stalag 8-C y Stalag12-D, cerca de la ciudad de Trier (Treveris), en Alemania, donde recibió el número de prisionero 35.966.

Que el 21 de enero de 1941 se produjo como queda dicho el traslado de D. Mariano Carilla Albalá y de los otros cientos de españoles detenidos en el Stalag 12-D al complejo de campos de exterminio del KZ Mauthausen, donde fue registrado como deportado el 25 de enero siguiente, siendo trasladado el 17 de febrero al KL Gusen (Gusen I), donde ingresó con el número 10.422 y clasificado como “rotspanier” (español rojo).

Que todos estos extremos relatados hasta aquí son hechos avalados documentalmente por el Mauthausen Memorial Archive, organismo dependiente del Ministerio del Interior de Austria, según fotocopias que se adjuntan.

Que la detención, deportación y asesinato de D. Mariano Carilla Albalá fueron llevados a cabo por servidores del régimen hitleriano alemán, pero que la responsabilidad última de ese crimen y de los similares cometidos en la persona de ciudadanos españoles compete a las máximas autoridades del régimen franquista español, según prueban las más solventes y documentadas investigaciones de afamados historiadores españoles y extranjeros, y tal como consta en numerosos libros y artículos escritos y publicados por éstos.

Que en estimación del que subscribe, los hechos hasta aquí relacionados constituyen un caso flagrante de crimen contra la Humanidad perpetrado en la persona de D. Mariano Carilla Albalá, crimen que cabe considerar como parte de un genocidio planificado y acordado entre las autoridades franquistas y nazis, y que tuvo como móvil la erradicación mediante el exterminio físico de personas políticamente opuestas a la ideología del régimen franquista.

Por todo ello solicito a usted con el mayor respeto:

Que se incorpore éste escrito y los documentos anexos a la causa abierta en ése juzgado, procediendo penalmente contra los ciudadanos españoles intervinientes en cualquier grado en el asesinato de D. Mariano Carilla Albalá que aún vivieren, y que en todo caso, se haga pública exposición de las responsabilidades concretas en que a la luz de los hechos descritos habrían incurrido los ya fallecidos.

Que tanto en el caso de los responsables vivos como en el de los fallecidos se incauten sus bienes materiales de modo preventivo, a fin de poder efectuar con ellos posteriormente las reparaciones económicas a que pudiera haber lugar.