Piratas en Somalia

Desde hace varias décadas los barcos españoles pesqueros y mercantes son conocidos y temidos en muchos mares del mundo, y singularmente en la costa africana occidental, de Marruecos a Angola. Además de ser verdaderos depredadores de los recursos pesqueros ajenos, a menudo embarcaciones bajo bandera española se han visto envueltas en operaciones de tráfico de armas y de drogas, algo que se publica con cuentagotas en los medios españoles pero que no por ello es menos real.

Arrasar caladeros es una especialidad de las flotas pesqueras española y japonesa, pertenecientes ambas a países con elevado consumo de pescado y marisco, cuyos buques se ven obligados a buscar zonas de captura cada vez más alejadas y arriesgadas a medida que, como las plagas de langosta, van exterminando a su paso recursos pesqueros ajenos. En ese sentido, el Cuerno de África se ha convertido en los últimos años en un polo de atracción importante para los grandes barcos frigoríficos de estas dos nacionalidades, y de algunos otros países que siguen su rumbo. Pescar en ricos caladeros de países desestructurados tiene, entre otras ventajas, la de no tener que pagar ninguna clase de derechos de pesca a Estado alguno. Es así como se ha arruinado la pesca artesanal en esa zona del mundo, obligando a los pescadores locales a poner en marcha un negocio que para ellos es mucho más interesante que morirse de hambre: la piratería.

El problema de Puntland, la región del norte de Somalia que se ha convertido en la moderna Isla de Tortuga de los piratas del siglo XXI, no es tanto que el Estado somalí haya dejado de existir e impere en ella el caos y la ley del más fuerte -que también-, sino sobre todo el que la tradicional industria pesquera artesanal ha sido arruinada por la brutal competencia de los grandes buques europeos, que esquilman la pesca de un modo salvaje e irrecuperable. Por otra parte, los beneficios de la piratería riegan también generosamente otras zonas insospechadas del mundo: la intermediación en las negociaciones para la liberación de personas o mercaderías secuestradas se lleva generalmente desde prestigiosos despachos de abogados londinenses, que naturalmente cobran sustanciosas minutas sobre los rescates pactados.

Y en fin, los intereses que se amparan tras las lágrimas de cocodrilo de las grandes empresas armadoras quedaron bien patentes hace apenas unas semanas, cuando el Parlamento español votó favorablemente una moción que permite dar cobertura militar a los barcos de pesca y transporte en el área donde menudean los ataques de piratas somalíes. Esa propuesta legislativa, -impulsada por Josu Erkoreka, portavoz parlamentario del Partido Nacionalista Vasco (PNV)-, responde a la defensa de los intereses de importantes compañías marítimas vascas relacionadas con el negocio de la pesca; se votó justamente antes del comienzo de la presente temporada de capturas, en la que sólo en la especialidad de atuneros están faenando frente a las costas de Somalia nada menos que doce grandes buques frigoríficos vascos.

Aprovechando la coyuntura, diversas empresas de transporte marítimo se han acogido a la protección militar para continuar sus muy rentables tránsitos por esos mares. Es el caso de Repsol, que en estos días ha solicitado protección militar para dos petroleros que transportan crudo sacado de Irak, en lo que parece un ensayo de posteriores transportes, así como el de otra empresa española que ha logrado un multimillonario contrato para colocar cable submarino en la zona.

La protección militar a estos muy privados intereses se paga obviamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, lo que no deja de ser curioso en un país como España, en el que hasta los edificios institucionales están protegidos por vigilantes pertenecientes a compañías privadas de seguridad. ¿Por qué los grandes armadores pesqueros y las compañías como Repsol o los transportistas de contenedores no se pagan seguridad privada cuando navegan por África Oriental? ¿por qué hemos de pagar entre todos sus facturas, y arriesgar la vida de nuestros soldados defendiendo sus intereses y negocios particulares?.

El abuso no es pues sólo sobre los africanos y sus recursos naturales sino también sobre los propios ciudadanos europeos, en la medida en que España ha conseguido embarcar en la defensa de la "libertad de navegación" sostenida a punta de cañón a toda la Unión Europea. Una verdadera historia de piratas ésta, sólo que en la realidad los papeles están cambiados en relación con la que suele aparecer en los medios.