jueves, 11 de diciembre de 2008

No al desalojo de ANV de los ayuntamientos vascos


Este país está perdiendo la chaveta a pasos agigantados. La cosa empieza a dar miedo.

Resulta que tenemos a la “clase política” (y a los medios de todos los colores que tiran de ella) absorta en el problema de ver cómo echar de los Ayuntamientos del País Vasco a la última franquicia de ETA, y ello sin que se note mucho que entre todos nos estamos pasando la legalidad vigente por el forro de los cojones. Y eso mientras un tipo como Carlos Fabra, acosado por un sinfín de casos judiciales abiertos por corrupción, sigue tan pancho en su trono de cacique-presidente de la Diputación provincial de Castellón. ¿Nos estamos volviendo todos locos o qué?.

Porque si de lo que se trata es de salir en el Telediario diciendo más o menos que “gracias a mí y a mi partido hemos echado a ETA de los Ayuntamientos”, pues se envía a la Guardia Civil o a la Brigada Paracaidista dándoles carta blanca, y listos. Pero no parece que ése sea el procedimiento civilizado; como tampoco lo es usar una ley de carácter administrativo, la que regula la actividad de los ayuntamientos, para desalojar a ANV de ellos, ya que ésa es una decisión eminentemente política.

Naturalmente hay más que dudas en el Gobierno (y entre la gente sensata) acerca de si se puede “proceder” en el modo en que la perrera mediática y su terminal política, el PP, incitan a actuar, sin pagar por ello elevados costes en credibilidad política dentro y fuera de España. A ver si nos entendemos: a mí el niñato ése que preside el Ayuntamiento de Azpeitia me parece un tonto del culo al que se le debería caer la cara de vergüenza por estar donde está representando los intereses de sus amos de ETA; todos sabemos que es así, pero eso se le ha de probar. Y mientras tanto no se le puede echar “por decreto” del cargo, so pena de cargarnos las bases mismas del sistema que decimos defender. A ese tipo y a sus colegas, en todo caso, hay que apearlos de la alcaldía de la única forma democrática posible: mediante una moción de censura apoyada por la mayoría de los miembros del Consistorio.

Y aún así, yo al menos sigo sin verlo claro: ¿acaso alguien ha inculpado judicialmente al alcalde de Azpeitia de ser miembro de una organización terrorista o funcionar como títere suyo? Porque si no ha sido juzgado por eso y ni siquiera nadie le ha acusado formalmente ¿por qué entonces hay que echarle de la alcaldía? ¿No es mientras tanto un ciudadano como cualquier otro, y sujeto por tanto de los mismos derechos?.

2 comentarios:

Jesús Herrera Peña dijo...

Los amigos de los terroristas, cobijados bajo las marcas blancas de ETA, no me hacen ninguna gracia que estén en ayuntamientos democráticos. Tampoco me hace ninguna gracia que no condenen ningún asesinato de los que ejecuta su casa matriz, y más concretamente, en lo que nos ocupa, que no condenen el vil asesinato de Ignacio Uría (uno de los nuestros, como diría el pintoresco Ibarreche).
Pero si jugamos a la democracia municipal, hemos de aceptar deportivamente, que haya munícipes que voten SÍ, que voten NO o que voten ABSTENCIÓN, ante la moción debatida de condena del asesinato de un paisano de su mismo municipio.

Por el “delito” de abstenerse en esa votación, no podemos llegar a ese y a otros ayuntamientos de mayoría de ANV, entrar a saco y sacar de allí a esos munícipes que se han quedado sin partido político.
La derecha opositora e innoble dice que sí, que por eso mismo de que ya su partido se declaró ilegal, a ellos hay que echarlos con cajas destempladas.

Si el gobierno les hace caso en esa sugerencia-presión, cuando el Tribunal Constitucional les echara abajo esa hipotética disolución o expulsión, la desleal oposición derechista diría: «¡Claro; ¿lo ves?! Si es que es un gobierno patoso, que se pone a expulsar a concejales sin tener el mínimo respeto por las leyes».
Bueno, yo creo que le dedicarían piropos más agresivos que ese, en el caso de que el gobierno picara la trampa que le están poniendo.

La Ley de Elecciones Locales de 17 de julio de 1978, en el párrafo 7 del artículo 11 decía:

"Tratándose de listas que representen a partidos políticos, federaciones o coaliciones de partidos, si alguno de los candidatos electos dejare de pertenecer al partido que le presentó, cesará en su cargo y la vacante será atribuida en la forma establecida en el número anterior".

En esta parrafada se podría estar basando la “leal” oposición, ya que no pertenecer al partido que le presentó en las elecciones municipales, es lo mismo que no pertenecer a tal partido porque ha desaparecido.

Pero es que ese párrafo de esa ley, fue modificado por el Tribunal Constitucional, con fecha 12/02/1983
con el siguiente texto:

«Una vez elegidos, los representantes no lo son de quienes los votaron, sino de todo el cuerpo electoral, y titulares, por tanto, de una función pública a la que no pueden poner término decisiones de entidades que no son órganos del Estado, en el sentido más amplio del término.»
Por lo tanto, la expulsión de concejales o la disolución de ayuntamientos, ha de corresponder a una instancia que reúna las notas necesarias para ser considerada un poder público.
El representante municipal lo es del conjunto de los representados, no sólo de los que le votaron.
El cese en el cargo público representativo al que se accede en virtud de sufragio no puede depender de una voluntad ajena a la de los electores, y eventualmente a la del elegido, lo cierto es que el derecho a participar corresponde a los ciudadanos y no a los partidos.
Los representantes lo son de los ciudadanos y no de los partidos y que la permanencia en el cargo no puede depender de la voluntad de los partidos, sino de la expresada por los electores a través del sufragio en las elecciones.

Editor dijo...

Creo que fue Vázquez Montalbán quien escribió que una vez, al salir de la comisaría de Via Layetana tras una detención allá en los años sesenta, el policía de la Secreta que lo interrogó lo acompañó hasta la salida y le dijo: "Recuerde a Lombroso (un famoso criminalista), el pensamiento no delinque".

El policía franquista venía a dacirle que pensara lo que quisiera pero que no lo llevara a la práctica, que no actuara.

En este caso que comentamos es evidentemente aplicable la máxima de Lombroso, en la medida en que nadie puede ser inculpado por sus ideas por criminales que lleguen a ser, sino por sus actos ilícitos probados. Y mientras no se demuestre caso a caso que los cargos municipales electos de ANV son delincuentes, nadie que se considere un demócrata puede actuar contra ellos por lo que piensan, desean o no condenan; de lo contrario, estaríamos destruyendo no ya las bases de la democracia sino de cualquier forma de convivencia no violenta entre personas. Y eso nos convertiría en ellos, y yo no quiero caer tan bajo...