Este país está perdiendo la chaveta a pasos agigantados. La cosa empieza a dar miedo.
Resulta que tenemos a la “clase política” (y a los medios de todos los colores que tiran de ella) absorta en el problema de ver cómo echar de los Ayuntamientos del País Vasco a la última franquicia de ETA, y ello sin que se note mucho que entre todos nos estamos pasando la legalidad vigente por el forro de los cojones. Y eso mientras un tipo como Carlos Fabra, acosado por un sinfín de casos judiciales abiertos por corrupción, sigue tan pancho en su trono de cacique-presidente de la Diputación provincial de Castellón. ¿Nos estamos volviendo todos locos o qué?.
Porque si de lo que se trata es de salir en el Telediario diciendo más o menos que “gracias a mí y a mi partido hemos echado a ETA de los Ayuntamientos”, pues se envía a la Guardia Civil o a la Brigada Paracaidista dándoles carta blanca, y listos. Pero no parece que ése sea el procedimiento civilizado; como tampoco lo es usar una ley de carácter administrativo, la que regula la actividad de los ayuntamientos, para desalojar a ANV de ellos, ya que ésa es una decisión eminentemente política.
Naturalmente hay más que dudas en el Gobierno (y entre la gente sensata) acerca de si se puede “proceder” en el modo en que la perrera mediática y su terminal política, el PP, incitan a actuar, sin pagar por ello elevados costes en credibilidad política dentro y fuera de España. A ver si nos entendemos: a mí el niñato ése que preside el Ayuntamiento de Azpeitia me parece un tonto del culo al que se le debería caer la cara de vergüenza por estar donde está representando los intereses de sus amos de ETA; todos sabemos que es así, pero eso se le ha de probar. Y mientras tanto no se le puede echar “por decreto” del cargo, so pena de cargarnos las bases mismas del sistema que decimos defender. A ese tipo y a sus colegas, en todo caso, hay que apearlos de la alcaldía de la única forma democrática posible: mediante una moción de censura apoyada por la mayoría de los miembros del Consistorio.
Y aún así, yo al menos sigo sin verlo claro: ¿acaso alguien ha inculpado judicialmente al alcalde de Azpeitia de ser miembro de una organización terrorista o funcionar como títere suyo? Porque si no ha sido juzgado por eso y ni siquiera nadie le ha acusado formalmente ¿por qué entonces hay que echarle de la alcaldía? ¿No es mientras tanto un ciudadano como cualquier otro, y sujeto por tanto de los mismos derechos?.
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