De franquicias terroristas, sentencias inducidas y mártires que lo son menos

El Tribunal Supremo ha fallado finalmente contra la mesa del Parlamento vasco que presidió Juan María Atutxa, por haberse negado ésta en su día a disolver el grupo parlamentario de la franquicia de ETA durante la anterior legislatura autonómica vasca.

Lo de Atutxa y compañía me parece un asunto en el que a todas las partes intervinientes se les debería caer la cara de vergüenza: a los unos, por permitir que unos mandados de ETA montaran su circo en el Parlamento vasco, y a los otros por organizar una payasada leguleya que todos sabemos es un puro ajuste de cuentas promovido por la ultraderecha parlamentaria española.

A renglón seguido de conocerse el fallo, Ibarretxe ha hecho unas declaraciones en su línea habitual -aquello de que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ahí va un estacazo al Estado-, y el tripartito gubernamental vasco va a promover una manifestación de repulsa contra la sentencia. Total, nada. Como ha escrito Patxi López en su blog éste es un asunto políticamente amortizado hace tiempo, y sólo al PP y sus adláteres les interesa menearlo.

Algunos comentaristas de guardia en blog ajeno, sin embargo, aprovechan la ocasión para sembrar la especie de que este caso demuestra que la ley es diferente si se aplica en el País Vasco o en Madrid. En realidad, en un sistema judicial como el español las sentencias no dependen del lugar físico donde se emiten y ni siquiera del asunto en sí sobre el que fallan, sino puramente de la voluntad del juzgador que la emite. Y la voluntad en este caso circula por carriles que poco tienen que ver con la política del momento en el País Vasco.

En todo caso, a quienes ahora se rasgan las vestiduras ante el atropello a todas las leyes habidas y por haber supuestamente cometido por esta sentencia del Supremo, sugiriendo abiertamente que existen diferentes varas de medir legales según la comunidad autónoma donde uno esté empadronado, habría que recordarles que es bastante curioso el hecho de que si uno quema un autobús de servicio público en Bilbao porque le ha dejado su novia, un suponer, lo más probable es que rápidamente termine en prisión, mientras que si lo hace en nombre de los imprescriptibles derechos del pueblo vasco casi con toda seguridad no va a pasarle nada, y en caso de que por verdadera casualidad le detuvieran y le procesaran, siempre podrá contar con el apoyo y la solidaridad de un buen número de asociaciones especializadas, y desde luego, con el entusiasmo de una legión de comentaristas de blogs que están al quite de todas.

Se diría pues que, ciertamente, no hay mucha igualdad de todos los vascos ante la ley.