La Caixa se ríe del mundo

En las páginas de la edición catalana de EL PAIS de hoy aparece una noticia breve alucinante, que creo expresa a la perfección cómo están las cosas en eso que los culpables y los cursis llaman "el mercado de trabajo" actual.

Dice EL PAIS que la consejera de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Mar Serna, ha ratificado una sanción de 3.005,07 euros impuesta por la Inspección de Trabajo a La Caixa por (copio textualmente) "infracción muy grave en materia de obstrucción" de la tarea inspectora en materia de prevención de riesgos laborales, sanción que dio a conocer ayer el sindicato Comisiones Obreras.

El motivo de la "infracción muy grave" es según el sindicato haber obstruido una investigación oficial al no aportar La Caixa una documentación que le fue requerida hasta en tres ocasiones, a lo que fuentes de La Caixa consultadas por el diario respondieron que la entidad ha presentado un recurso por vía judicial contra esta resolución (faltaría más), a fin de "aclarar" qué inspección de Trabajo, la dependiente de la Generalitat o la estatal, es la competente en la materia.

O sea, que ya puestos, además de pretender ahorrarse los miserables 3.000 euros de la sanción, La Caixa se ríe de la Generalitat catalana, del ministerio de Trabajo español y del sumsum corda, respondiendo que no sabe quién de ellos es competente para sancionarles.

La documentación que se reclama a La Caixa incluye trivialidades tales como "el plan de emergencia de la entidad, la planificación de la actividad preventiva, la evaluación de riesgos en especialidades técnicas y planificación e integración en materia preventiva" (sic). Probablemente a La Caixa no le alcanza el presupuesto para encargar esos estudios.

A mí la noticia me da ganas de vomitar. No sé qué es más escandaloso, si que la principal entidad financiera del país y una de las primeras de Europa carezca de planes preventivos para sus empleados que merezcan ése nombre, su chulería a la hora de ningunear a las instituciones públicas que nos representan a todos (incluidos sus impositores), o la impotencia que demuestran éstas al imponerle una ridícula sanción de 3.000 euros por "infracción muy grave".

Lo único que falta ahora es que cuando los abogados de La Caixa se presenten ante el juez, declaren que la entidad es insolvente y que no puede afrontar la sanción.