El Gobierno del PP sube impuestos a asalariados y pensionistas

Ya están aquí las primeras "medidas económicas" (tijeretazos salvajes, en realidad) del Gobierno del Partido Popular (PP), el aperitivo de lo que nos espera para después de marzo de 2012 una vez que se hayan celebrado las elecciones elecciones autonómicas andaluzas. Por fin comienza a aflorar el famoso "programa oculto" de la derecha, aquel que han tenido escondido cuidadosamente durante los meses precedentes a las elecciones generales del 20 de noviembre pasado. Hoy, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que ha inaugurado el tijeretazo, ha quedado meridianamente claro por si alguien lo dudaba que los franquistas que nos han vuelto a gobernar siguen mintiendo como bellacos, según su costumbre tradicional.

Recuerden que hasta hace dos días como quien dice estos elementos juraban por su dios y su Caudillo que ellos no subirían impuestos. Pues bien, en este "inicio del inicio" como repetía al principio de la rueda de prensa una balbuceante y se diría que acobardada Soraya Sáenz de Santamaría, para abrir boca han empezado subiendo el impuesto IRPF, el que grava las rentas del trabajo (mientras se niegan a crear un impuesto sobre las grandes fortunas y a restablecer el impuesto sobre transmisiones patrimoniales), han congelado el salario mínimo interprofesional, las pensiones de los jubilados (no otra cosa es la burla de revalorizarlas un 1%) y los sueldos de los funcionarios (que, cobrando el mismo salario, dicen pasarán ahora a trabajar 37 horas y media semanales, algo que en latitudes no madrileñas se lleva haciendo desde hace décadas), han aumentado el impuesto IBI directo sobre la vivienda de propiedad, y congelado la aplicación de la Ley de Dependencia, entre otras medidas de similar fuste reaccionario.

Solo el hachazo sobre el IRPF les reportará más de 4.000 millones de euros. Haciendo un cálculo con las tablas que ofrece la edición digital de El País de hoy, a un servidor de ustedes le sale que le aumentan la base liquidable en unos 500 euros; un verdadero atraco a mano armada con el Boletín Oficial del Estado. Una vez más todo el esfuerzo fiscal recaudatorio recae sobre los asalariados mientras que "profesionales liberales", autónomos, empresarios, especuladores y en general cuantos viven de los beneficios del capital, de la economía en negro, de las rentas o del pelotazo seguirán forrándose gratis. España continuará siendo el único país del mundo en el que el promedio de ingresos anuales declarados por los empresarios es inferior al promedio de los declarados por sus asalariados, y ello en un "mercado laboral" en el que ser mileurista es ya un privilegio. Con cinco millones de parados, un 20% de ciudadanos que viven por debajo del umbral de la pobreza  y un 40% de los españoles que llega a final de mes gracias a la tarjeta de crédito, el mercado del lujo español es cada día más floreciente y los pelotazos financieros son cada vez más suculentos. Medidas como las adoptadas hoy y las que vendrán no hacen sino ensanchar el foso entre unos y otros, entre los que todo lo tienen y cada vez quieren más y los que cada vez tenemos menos.

Dice la pobre Miss Peggy que Rajoy se ha feriado como portavoz de su Gobierno que estas son "medidas extraordinarias para un momento extraordinario"; lo ha repetido como media docena de veces, a ver si así se lo creía ella misma. A don Cristobalito Montoro, ese ser de presencia y vocecita ridículas que hasta hace unas semanas tronaba como un Zeus colérico contra cualquier medida del Gobierno Zapatero fuera ésta en la dirección que fuese, nos aseguraba con sonrisita nerviosa unos minutos después que el PP no ha cambiado de idea sobre las impuestos y todo eso, que estas medidas son solo para un ratito como si dijéramos. Probablemente nos cree tan imbéciles como lo es el individuo que ve cada vez que se mira en el espejo.

Estamos pues ante un gigantesco fraude económico, social y político organizado por el partido-trama abanderado de la corrupción masiva, la más brutal especulación urbanística, inmobiliaria y financiera, y el saqueo neoliberal ortodoxo del Estado. La excusa es, no podía ser otra, el déficit público que dicen haberse encontrado, ese coco con el que intentan asustarnos cada día para que quedemos contentos mientras nos vacían los bolsillos y destruyen los servicios públicos, olvidando interesadamente no solo que su cuantía es mucho menor a la que padecen otros países de nuestro entorno, también y sobre todo el que en su mayor parte el déficit español está constituido por el gasto irresponsable en muchas comunidades autónomas, gobernadas en su mayoría desde hace tiempo por el PP, caso de las campeonas Valencia, Madrid y Murcia. 

¿Durante cuánto tiempo les va a salir gratis a esta gentuza el seguir mintiendo, robando y destruyendo?

En la imagen que ilustra el post, cartel del PP de Andalucía convocando un mitin en la población de Atarfe (Granada) el 7 de febrero de 2010.

Impuestos para ricos, la novedad de la crisis

El presidente Obama acaba de lanzar la propuesta de un impuesto para multimillonarios que ingresen más de un millón de dólares al año. La idea no es en puridad suya sino de Warren Buffett, un millonario inversor en Bolsa -un especulador, por tanto-, que ejemplificó gráficamente el asunto hace unos meses: no es sostenible económicamente para un país que mister Buffett pague menos impuestos que su secretaria.

La originalidad de Buffett es que ha ido a la raíz del problema en lugar de quedarse en la superficie, como sucede habitualmente cuando se trata este tema. Y es que el problema  al que nos enfrentamos no es moral -aunque por descontado sea indecente que los ricos paguen menos impuestos que los trabajadores- y ni siquiera político o social, en la medida de que sea cual sea la ideología de cada uno solo los enfermos mentales como el broker retratado en American Psycho pueden asumir con total tranquilidad que el mundo se vaya al carajo mientras ellos sigan ganado dinero a espuertas.

El problema es económico, y como tal hay que enfocarlo. Ni EEUU ni ningún otro país capitalista sea avanzado, emergente o incipiente, puede permitirse el lujo de renunciar a poner impuestos a sus ricos en un momento como el que estamos viviendo. A esto la señora Cospedal lo llama "demagogia", pero el resto de los mortales lo llamamos simplemente sentido común. Claro que si la señora Cospedal tuviera sentido común probablemente cerraría la boca para siempre y se metería monja de clausura en un convento de Toledo, que seguramente era el destino que su dios le tenía reservado antes de que la presidenta castellano-manchega sintiera la llamada, al parecer más irresistible para ella, del dinero y el poder. 

Ocurre que si el Estado quiebra y se descompone -y en EEUU lleva meses amagando con su descomposición inminente-, no va a haber Cuerpo de Marines suficiente para proteger las vidas y haciendas de tanto emprendedor cuya fortuna es la envidia de aquellos a quienes tras despojarles de su trabajo, su casa y hasta de su seguro médico quien lo tuviera, ahora les están saqueando sus últimos ahorros. En EEUU como en el resto del mundo capitalista, gracias a la presunta crisis los ricos son cada día más ricos y los pobres cada día más pobres. Y sin embargo cada día los pobres contribuyen en mayor medida al fisco, en tanto la aportación de los ricos disminuye con mayor velocidad si cabe. La prueba es que mientras millones de norteamericanos siguen perdiendo sus empleos y sus casas, no cesan de crecer las ventas de los automóviles de lujo en ese país. En España por cierto, y de modo paralelo, la venta de automóviles corrientes está prácticamente paralizada, pero  jamás antes se habían vendido tantos automóviles de gama alta como en los últimos meses.

La inconsciencia de los ricos suele ser proverbial, pero Buffett y algunos colegas europeos comienzan a emitir señales de que esto realmente puede irse al diablo. Porque seamos serios, de no ser realmente así ¿de veras creen ustedes que habría un solo multimillonario proponiendo que le subieran los impuestos?. 

No diga empresario español, diga defraudador a Hacienda

En la edición de El País de hoy se intenta explicar el pandemónium de la subida de impuestos aprobada ayer por el Gobierno español.

De toda la información, hay un párrafo que me ha dejado helado. Lo he tenido que leer varias veces para convencerme de lo que estaba leyendo.

"La única novedad que se atiene claramente al principio de que las rentas altas hacen el mayor esfuerzo corresponde a la tributación del capital. Este impuesto recupera cierta progresividad respecto a los cambios introducidos en 2007, pues quienes declaren rendimientos del ahorro inferiores a 6.000 euros (el 94% de los contribuyentes con rentas del capital, según los datos de Hacienda) pagarán desde 2010 un 19%, frente al 18% actual. Para los de mayores ingresos, la subida llegará al 21%. La incidencia será escasa; esos cambios elevarán la recaudación sólo 800 millones de euros".

Traducido al lenguaje común: el 94% de quienes perciben rentas del capital en España, declaran que los beneficios que les generan los ahorros provenientes de éstas son inferiores a 6.000 euros al año. ¡Tenemos la clase empresarial más pobre del mundo, más pobre que la de Haití y Gambia juntas!.

¿O será más bien que el empresariado español es en realidad una banda de ladrones que se lucran defraudando a Hacienda, es decir a todos los ciudadanos de este país?. ¿Dónde meten el dinero generado por las plusvalías?.

Y una última pregunta: ¿para qué sirve la inspección de Hacienda?.

La nueva financiación catalana y la hipocresía españolista

Suele ocurrir en España que las iniciativas que parten de Catalunya son acogidas con gran escándalo por la derecha y buena parte de la izquierda "de ámbito estatal". Cualquier propuesta catalana destinada a mejorar el nivel de autogobierno es acogida de inmediato como un egoísta e insolidario intento de “los catalanes” de apropiarse en beneficio propio de lo que es "de todos los españoles".

Así sucedió por ejemplo con el nuevo Estatut, saludado por el españolismo de todos los colores como una tuneladora a reacción que pretende adentrarse en las entrañas de los Presupuestos Generales del Estado para barrenarlas, además de ser instrumento de la ruptura y desaparición de España como concepto político-jurídico. La guerra en su contra fue tan feroz, que se cobró la cabeza del entonces president de la Generalitat catalana y dañó gravemente las relaciones entre PSC y PSOE. Ocurre sin embargo que una vez conocido el contenido de la propuesta estatutaria catalana, sus más feroces críticos -que no sólo estaban en el PP, recuerden al entonces presidente andaluz, Manuel Chaves (PSOE)-, corrieron a elaborar nuevos estatutos para sus comunidades cuyos contenidos fusilaban párrafos enteros del catalán. Francisco Camps, el presidente valenciano (PP) llegó a decir que exigía para Valencia exactamente las mismas competencias que obtuviera Catalunya en su reforma estatutaria. Y así, todos los demás.

Con la financiación autonómica pasa exactamente lo mismo. Políticos y publicistas catalanes se han (nos hemos) empeñado en explicar desde hace años que a Catalunya el traje autonómico le revienta por las costuras hace mucho tiempo, y que es imposible que funcionen servicios sino hay recursos asignados suficientes. Las infraestructuras, los equipamientos y las prestaciones sociales que percibe el ciudadano residente en Catalunya pierden calidad de modo acelerado, proporcional a la creciente falta de fondos para hacer frente a los gastos que comportan. Y sin embargo somos una comunidad que contribuimos con un esfuerzo fiscal muy notable al sostenimiento del Estado y de otras comunidades autónomas que no tienen nuestra capacidad de generar recursos vía impuestos directos o indirectos. Sucede que los catalanes pagamos mucho más de lo que recibimos, y eso no es justo; y desde luego, no hace falta ser nacionalista para darse cuenta de que además de ser injusto resulta discriminatorio y a la larga, catastrófico.

Da risa oír a políticos españoles del PP, PSOE o IU invocar la famosa “igualdad” entre todos los ciudadanos españoles, como argumento presuntamente irrefutable contra la pretensión catalana de que se reestablezca un equilibrio real entre lo que aporta Catalunya al conjunto del Estado y lo que recibe de éste. Más que nada porque esa “igualdad” que invocan es esencialmente generadora de desigualdades, en la medida de que pretende poner en el mismo nivel lo que son magnitudes que no admiten comparación. Pretender por ejemplo, que para ser “iguales” como españoles un jubilado de Villanueva de la Serena y otro de Hospitalet de Llobregat deben recibir exactamente la misma pensión, es contribuir a mantener una situación discriminatoria de hecho que penaliza gravemente al residente en la comunidad catalana, ya que el coste de la vida es tan diferente en una y otra población, en uno y otro territorio, que anula cualquier posible comparación. De eso saben mucho las personas que luego de tener organizada su vida en otra comunidad española son trasladados a Catalunya, donde de repente tienen que hacer frente a gastos en materia de vivienda, alimentación, transporte, educación y ocio que superan con creces los niveles a los que estaban acostumbrados.

Con los servicios públicos ocurre exactamente lo mismo. No es sólo que sus costes en Catalunya sean superiores a los que tienen en otras comunidades, que lo son y mucho, sino que al aumentar de modo exponencial sus usuarios en los últimos años y no ser financiados de modo adecuado, se están degradando de un modo alarmantemente acelerado y en algunos casos, difícilmente recuperable. Sin ir más lejos, la sanidad pública catalana que fue pionera y vanguardia de la española durante décadas, se encuentra ahora prácticamente al borde del colapso porque carece de recursos no ya para mejorar, sino simplemente para mantener los niveles de servicio que viene prestando. Para conocer cómo desde hace años el edificio de los servicios públicos, esos que conforman el núcleo duro del Estado del bienestar, se está cayendo a pedazos en Catalunya, basta dar un vistazo a los libros y artículos del profesor Vicenç Navarro; de punta de lanza, estamos pasando a ser furgón de cola de España en todos esos rubros.

La irritación de los catalanes proviene del hecho de que los recursos existen y están muy cerca de nosotros: son los impuestos que pagamos entre todos los residentes en esta comunidad. Salvo la minoría independentista, nadie en Catalunya plantea que los impuestos pagados por los catalanes deban revertir de modo exclusivo en el país; muy al contrario, lo que se dice es que debe existir una proporcionalidad entre lo que se aporta y lo que se recibe. Y desgraciadamente esto no es así.

La nueva financiación catalana pactada ahora no es en realidad ni siquiera un paso hacia el concierto autonómico al modo vasco, sino tan sólo el parcheo -destinado a durar más o menos una década- de un problema que siendo esencialmente económico, fuera de Catalunya se reviste de ideología para negarlo y combatir cualquier posible solución que modifique la situación actual. Porque el Estado y algunas comunidades autónomas entienden que cualquier mejora en el retorno a los catalanes de una parte de los impuestos que pagan éstos, va a ir directamente en detrimento de sus propios intereses. Es entonces cuando tocan a rebato la campana del somatén catalanófobo para reclamar “igualdad financiera” entre “los hombres y las tierras de España”, eufemismo que traducido al castellano significa lisa y llanamente que no están dispuestos a perder fuentes de financiación de sus privilegios.

Grandes fortunas, grandes evasores

Zapatero está en guerra con los evasores. De momento, y para comenzar la campaña contra el dinero golfo en nuestro país, el gobierno se compromete en su paquete de medidas anticrisis a eliminar para ya el impuesto sobre el Patrimonio. ¡Lo que les va a doler esa medida de choque a las grandes fortunas!.

O sea, que en España todos los Gobiernos se la siguen cogiendo con papel de fumar cuando del Gran Dinero se trata. Vergüenza da ver como en la Alemania gobernada por una coalición de meapilas ex-miembros de la Stasi y social-liberales aguados, la Oficina Federal correspondiente se pasa por la piedra sin pestañear a 1.000 grandes fortunas evasoras locales, e incluso le envía la lista de españoles pillados con el carrito del helado a las autoridades patrias españolas, por si tienen a bien procedecer contra ellos. ¿Han procedido las autoridades patrias españolas? Sí, a tocarse los cojones con la lista, y ustedes perdonen la manera de señalar.

Menudo es el Gran Dinero español, como para que le vengan con listitas de evasores de divisas, a ellos, que no han tributado en su puñetera vida, y que incluso acaban de conseguir que se elimine el impuesto que gravaba -levemente- sus herencias. No olvidemos que éste es el único país del mundo en el que ejercicio fiscal tras ejercicio fiscal, el promedio de ingresos anuales que presentan los empresarios -esos "emprendedores" que sólo piensan en "crear riqueza y puestos de trabajo"-, es netamente inferior al de los trabajadores asalariados a su cargo; si esto no es un milagro místico-económico, es que Dios no existe.

Es urgente un pacto de financiación más justo para Catalunya

En una lista socialista, Paco, un colistero cuyas opiniones aprecio, me hace algunas observaciones en relación a un mensaje mío en el que hablaba sobre la necesidad de un nuevo pacto entre los Gobiernos español y catalán que mejore la financiación de la autonomía de Catalunya.

Según Paco me centré demasiado en problemas de financiación, cuando lo realmente importante desde un punto de vista socialista es la educación, la sanidad, las pensiones, etc. Efectivamente, Paco tiene razón: lo verdaderamente importante es la educación, la sanidad, las pensiones y todas esas cosas que definen la esencia de lo que un tanto pomposamente se ha dado en llamar Estado del Bienestar. Pero es que precisamente sin financiación, todas eso no es viable. Parece una perogrullada, pero sin dinero público no pueden haber servicios públicos eficientes. También sabemos que se pueden aprobar las mejores leyes del mundo y las más avanzadas, que si no se las dota de la financiación necesaria para su puesta en marcha y sostenimiento, no sirven para nada. Es más, sin una financiación adecuada ni siquiera se pueden mantener en marcha los servicios que se prestan; ése es el verdadero problema catalán.

En Catalunya hace muchos años que existe una enorme brecha entre necesidades y recursos. Y la brecha no para de crecer. Sin embargo, las contribuciones de los asalariados que tributan en Catalunya son cada vez mayores. Las contribuciones de los asalariados, no de los burgueses, éstos ya sabemos que no tributan: empresarios, profesionales liberales, rentistas... escapan a Hacienda. Somos por tanto los trabajadores por cuenta ajena quienes tributamos. Una cuarta parte de los ingresos que figuran en mi nómina salarial, por ejemplo, se los lleva el Estado en concepto de retenciones a cuenta del IRPF y tributación a la Seguridad Social. Los servicios que recibo del Estado español -en el ordenamiento político español, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos son también Estado- no están ni de lejos, a la altura de ése descuento en mis ingresos.

Una parte de esa tributación va a parar a financiar proyectos en otras autonomías, otra parte -considerable- se pierde en desagües negros del Estado (subvenciones a la enseñanza privada y a la Iglesia católica, por ejemplo), y una parte cada vez menor en relación a las otras dos revierte en el territorio catalán en forma de inversiones del Estado (en sanidad, servicios, educación, pensiones, infraestructuras, etc). La frustración de los catalanes proviene de que cada vez pagamos más -cada vez financiamos más a otros, por tanto-, y en cambio nosotros tenemos cada vez peores servicios. Se crea o no, los catalanes estamos a la cola de las autonomías españolas en la mayoría de indicadores de bienestar social (lean a Vicenç Navarro: los datos que aporta son abrumadores e irrefutables) , y verdaderamente, de aquí a poco quien va a necesitar acogerse a esos programas de solidaridad interautonómica va a ser el Gobierno de la Generalitat catalana.

Por tanto el problema central es el de financiación. Esto lo ha entendido José Montilla, el presidente de la Generalitat, que no es precisamente un nacionalista catalán (quien sostiene lo contrario manifiesta, simplemente, su completa ignorancia del tema). Montilla se ha dado cuenta de que sino resuelve el problema de la financiación, es decir, de una reversión más equitativa hacia éste territorio de los ingresos que el Estado percibe en él, no podrá mantenerse el Estado de Bienestar en Catalunya mucho tiempo más; es así de sencillo. La degradación de servicios e infraestructuras que sufre Catalunya es fruto, precisamente, de esa falta de financiación, y en el futuro va a ir a cada vez a más y con mayor gravedad.

Por cierto, en sólo cinco-siete años se ha incorporado un millón y pico de inmigrantes al censo de residentes en la autonomía catalana, entre un cuarto y un tercio del total de llegados a España. También ellos tienen derecho a educación, sanidad y servicios, además son usuarios de infraestructuras (ferrocarriles, carreteras, redes eléctricas y de agua, etc). Es decir, el problema en los últimos años ha crecido geométricamente, y cada día que pasa es más acuciante.

Responder con ideología (en el sentido marxista del término) a los problemas reales, es lo propio de la derecha. Comienza a ser preocupante que desde amplios sectores del PSOE se haga lo mismo.

Políticas sociales que no lo son. El natalismo como ideología y práctica reaccionarias

En el repertorio de lo que la clase política y los medios de comunicación de masas llaman inapropiadamente "políticas sociales" del gobierno Zapatero, la "promoción de la familia" ocupa un lugar central. Evidentemente ello no es por casualidad, en un país donde las mentalidades y creencias de signo tradicionalista tienen aún gran arraigo entre la mayoría de la población.

Ciertamente, en sí esas políticas resultan coherentes con el repertorio de leyes desplegadas (y las que vendrán) destinadas a satisfacer las demandas de las nuevas clases medias españolas, surgidas al calor de la prosperidad económica de los años noventa. Nada que ver con los intereses reales de las clases trabajadoras y populares, sin embargo, a quienes hasta la fecha no ha tocado ni las migajas del pastel. Basta comparar los prácticamente nulos incrementos salariales porcentuales obtenidos en los tres últimos quinquenios por los sectores de menor renta, con los astronómicos incrementos de las plusvalías obtenidas por las empresas en ese mismo período de tiempo, para tener una idea exacta de cómo han ido las cosas en eso que llaman el "reparto de la riqueza" generada.

Las políticas sociales del zapaterismo han venido a dar oxígeno a la nueva burguesía, situada entre los monopolizadores de la extraordinaria acumulación de capital a la que estamos asistiendo, y las desposeídas clases trabajadoras, a las que por cierto desde los aparatos de conformación ideológica social se ha decretado inexistentes. Por tanto, y aunque ideológicamente esas políticas sean del agrado de una amplia mayoría social, sus beneficiarios directos forman un grupo bastante homogéneo, constituyendo un "target" o "público objetivo" concreto y bien definido. En síntesis, esas medidas gubernamentales están pensadas para beneficiar a jóvenes profesionales con mentalidad "avanzada" (partidarios de impulsar la participación social y laboral de las mujeres, por ejemplo), pero simultáneamente muy apegados a valores tradicionales cuando no francamente reaccionarios (como su posición ante la familia).

En el terreno estrictamente político, sorprende poderosamente que en vez de cuestionar éste "agente de conformación social" básico que es la institución familiar, todas las izquierdas, reformistas o revolucionarias, pretendan por contra reforzarlo: en lugar de intentar echar las bases para transformar el modelo burgués de familia, lo que se está pidiendo desde la sociedad y haciendo desde el Ejecutivo es consolidarlo, extendiéndolo a colectivos hasta ahora excluidos de la posibilidad de acceder a él como eran las parejas libremente unidas o los homosexuales.

En lo que se refiere a la promoción de la natalidad, se trata de una política intrínsecamente reaccionaria y vinculada a la producción de mano de obra barata. Algunas de sus consecuencias directas resultan además abiertamente discriminatorias: por ejemplo en el ámbito laboral, al establecer nuevas diferencias entre los asalariados. En ese sentido, las subvenciones por nacimiento, los permisos de maternidad/paternidad, las reducciones de jornada laboral y en general los privilegios que en España está comenzando a reportar tener un niño, resultan insultantemente discriminatorios en relación con el resto de asalariados que no son padres recientes, a los que se obliga a soportar esas diferencias en el seno de la empresa y de cuyos bolsillos además, en tanto que contribuyentes que pagan impuestos vía IRPF, sale principalmente el dinero que se invierte en esas políticas.

En relación con las personas que no tienen hijos o las que han criado a los suyos sin disfrutar de esos privilegios, tal situación constituye una estafa permitida y alentada por sindicatos y partidos de izquierdas, que en vez de denunciar el contenido reaccionario y clientelar de las políticas de promoción familiar las apoyan porque gozan de amplio consenso social, dan imagen "progresista" y tienen réditos electorales inmediatos.

En suma, nada ni nadie obliga a tener niños en la España de hoy; tenerlos en esta sociedad o en cualquier otra del pasado o del futuro no tiene nada que ver con "necesidades" reales del individuo ni de la colectividad. No hay ningún condicionante real "objetivo"que obligue a tener niños, más allá de la interiorización de valores ideológicos concretos.

Por tanto, se trata de una elección individual (o de la pareja, según los casos) que debería ser responsabilidad exclusiva de quien decide asumirla. Precisamente porque los recursos de los que dispone el Estado son limitados, salen de los bolsillos de todos y deberían satisfacer necesidades reales de la mayoría (que son muchas y de gran calado, visto el Estado de bienestar tan débil que tenemos), no deberían malversarse alegremente los impuestos en políticas oportunistas y electoreras como el fomento del natalismo.

Políticas natalistas, no con mis impuestos

Hace unos diez o doce años, un compañero de trabajo que acababa de ser padre calculó que cuando el recién nacido llegó a su casa ya le había costado un millón de pesetas, incluyendo en esos gastos desde la preparación del dormitorio infantil hasta el taxi que le transportó de la clínica donde su mujer dio a luz.

En la Europa rica tener un crío es pues una decisión que hay que sopesar cuidadosamente luego de haber calibrado las posibilidades de cada cual. Los niños son caros, y si se quiere, un artículo de lujo que ahora pretenden hacernos pasar por otro de primera necesidad.

El gobierno español hace tiempo que se ha embarcado en una política natalista que por definición, además de profundamente conservadora resulta abiertamente discriminatoria para una parte importante de la población: aquellos que no tienen hijos o quienes los tuvieron haciendo toda clase de sacrificios libremente asumidos. No olvidemos que las políticas de "conciliación familiar" (eufemismo para una reducción horaria encubierta), de "promoción de la natalidad" y en general de "protección a la familia", se pagan con los impuestos de todos aunque no nos satisfagan a todos.

Es injusto pues que habiendo tantas necesidades sociales se malverse una parte de los impuestos estimulando pulsiones tradicionalistas en la población, en vez de destinar los recursos del Estado a mejorar los servicios en general deficientes de eso que un tanto pomposamente llaman "el Estado del Bienestar español".

Por lo demás, ya han aparecido las primeras voces que reclaman que las cantidades prometidas por el presidente Zapatero para estimular el natalismo se destinen exclusivamente a las familias "autóctonas", dejando fuera de su percepción a los inmigrantes. Es obvio que cuando se abre la caja de Pandora de las políticas conservadoras, siempre se encontrará quien quiera ir aún más lejos.