Hace unos diez o doce años, un compañero de trabajo que acababa de ser padre calculó que cuando el recién nacido llegó a su casa ya le había costado un millón de pesetas, incluyendo en esos gastos desde la preparación del dormitorio infantil hasta el taxi que le transportó de la clínica donde su mujer dio a luz.
En la Europa rica tener un crío es pues una decisión que hay que sopesar cuidadosamente luego de haber calibrado las posibilidades de cada cual. Los niños son caros, y si se quiere, un artículo de lujo que ahora pretenden hacernos pasar por otro de primera necesidad.
El gobierno español hace tiempo que se ha embarcado en una política natalista que por definición, además de profundamente conservadora resulta abiertamente discriminatoria para una parte importante de la población: aquellos que no tienen hijos o quienes los tuvieron haciendo toda clase de sacrificios libremente asumidos. No olvidemos que las políticas de "conciliación familiar" (eufemismo para una reducción horaria encubierta), de "promoción de la natalidad" y en general de "protección a la familia", se pagan con los impuestos de todos aunque no nos satisfagan a todos.
Es injusto pues que habiendo tantas necesidades sociales se malverse una parte de los impuestos estimulando pulsiones tradicionalistas en la población, en vez de destinar los recursos del Estado a mejorar los servicios en general deficientes de eso que un tanto pomposamente llaman "el Estado del Bienestar español".
Por lo demás, ya han aparecido las primeras voces que reclaman que las cantidades prometidas por el presidente Zapatero para estimular el natalismo se destinen exclusivamente a las familias "autóctonas", dejando fuera de su percepción a los inmigrantes. Es obvio que cuando se abre la caja de Pandora de las políticas conservadoras, siempre se encontrará quien quiera ir aún más lejos.
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