En una lista socialista, Paco, un colistero cuyas opiniones aprecio, me hace algunas observaciones en relación a un mensaje mío en el que hablaba sobre la necesidad de un nuevo pacto entre los Gobiernos español y catalán que mejore la financiación de la autonomía de Catalunya.
Según Paco me centré demasiado en problemas de financiación, cuando lo realmente importante desde un punto de vista socialista es la educación, la sanidad, las pensiones, etc. Efectivamente, Paco tiene razón: lo verdaderamente importante es la educación, la sanidad, las pensiones y todas esas cosas que definen la esencia de lo que un tanto pomposamente se ha dado en llamar Estado del Bienestar. Pero es que precisamente sin financiación, todas eso no es viable. Parece una perogrullada, pero sin dinero público no pueden haber servicios públicos eficientes. También sabemos que se pueden aprobar las mejores leyes del mundo y las más avanzadas, que si no se las dota de la financiación necesaria para su puesta en marcha y sostenimiento, no sirven para nada. Es más, sin una financiación adecuada ni siquiera se pueden mantener en marcha los servicios que se prestan; ése es el verdadero problema catalán.
En Catalunya hace muchos años que existe una enorme brecha entre necesidades y recursos. Y la brecha no para de crecer. Sin embargo, las contribuciones de los asalariados que tributan en Catalunya son cada vez mayores. Las contribuciones de los asalariados, no de los burgueses, éstos ya sabemos que no tributan: empresarios, profesionales liberales, rentistas... escapan a Hacienda. Somos por tanto los trabajadores por cuenta ajena quienes tributamos. Una cuarta parte de los ingresos que figuran en mi nómina salarial, por ejemplo, se los lleva el Estado en concepto de retenciones a cuenta del IRPF y tributación a la Seguridad Social. Los servicios que recibo del Estado español -en el ordenamiento político español, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos son también Estado- no están ni de lejos, a la altura de ése descuento en mis ingresos.
Una parte de esa tributación va a parar a financiar proyectos en otras autonomías, otra parte -considerable- se pierde en desagües negros del Estado (subvenciones a la enseñanza privada y a la Iglesia católica, por ejemplo), y una parte cada vez menor en relación a las otras dos revierte en el territorio catalán en forma de inversiones del Estado (en sanidad, servicios, educación, pensiones, infraestructuras, etc). La frustración de los catalanes proviene de que cada vez pagamos más -cada vez financiamos más a otros, por tanto-, y en cambio nosotros tenemos cada vez peores servicios. Se crea o no, los catalanes estamos a la cola de las autonomías españolas en la mayoría de indicadores de bienestar social (lean a Vicenç Navarro: los datos que aporta son abrumadores e irrefutables) , y verdaderamente, de aquí a poco quien va a necesitar acogerse a esos programas de solidaridad interautonómica va a ser el Gobierno de la Generalitat catalana.
Por tanto el problema central es el de financiación. Esto lo ha entendido José Montilla, el presidente de la Generalitat, que no es precisamente un nacionalista catalán (quien sostiene lo contrario manifiesta, simplemente, su completa ignorancia del tema). Montilla se ha dado cuenta de que sino resuelve el problema de la financiación, es decir, de una reversión más equitativa hacia éste territorio de los ingresos que el Estado percibe en él, no podrá mantenerse el Estado de Bienestar en Catalunya mucho tiempo más; es así de sencillo. La degradación de servicios e infraestructuras que sufre Catalunya es fruto, precisamente, de esa falta de financiación, y en el futuro va a ir a cada vez a más y con mayor gravedad.
Por cierto, en sólo cinco-siete años se ha incorporado un millón y pico de inmigrantes al censo de residentes en la autonomía catalana, entre un cuarto y un tercio del total de llegados a España. También ellos tienen derecho a educación, sanidad y servicios, además son usuarios de infraestructuras (ferrocarriles, carreteras, redes eléctricas y de agua, etc). Es decir, el problema en los últimos años ha crecido geométricamente, y cada día que pasa es más acuciante.
Responder con ideología (en el sentido marxista del término) a los problemas reales, es lo propio de la derecha. Comienza a ser preocupante que desde amplios sectores del PSOE se haga lo mismo.
En Catalunya hace muchos años que existe una enorme brecha entre necesidades y recursos. Y la brecha no para de crecer. Sin embargo, las contribuciones de los asalariados que tributan en Catalunya son cada vez mayores. Las contribuciones de los asalariados, no de los burgueses, éstos ya sabemos que no tributan: empresarios, profesionales liberales, rentistas... escapan a Hacienda. Somos por tanto los trabajadores por cuenta ajena quienes tributamos. Una cuarta parte de los ingresos que figuran en mi nómina salarial, por ejemplo, se los lleva el Estado en concepto de retenciones a cuenta del IRPF y tributación a la Seguridad Social. Los servicios que recibo del Estado español -en el ordenamiento político español, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos son también Estado- no están ni de lejos, a la altura de ése descuento en mis ingresos.
Una parte de esa tributación va a parar a financiar proyectos en otras autonomías, otra parte -considerable- se pierde en desagües negros del Estado (subvenciones a la enseñanza privada y a la Iglesia católica, por ejemplo), y una parte cada vez menor en relación a las otras dos revierte en el territorio catalán en forma de inversiones del Estado (en sanidad, servicios, educación, pensiones, infraestructuras, etc). La frustración de los catalanes proviene de que cada vez pagamos más -cada vez financiamos más a otros, por tanto-, y en cambio nosotros tenemos cada vez peores servicios. Se crea o no, los catalanes estamos a la cola de las autonomías españolas en la mayoría de indicadores de bienestar social (lean a Vicenç Navarro: los datos que aporta son abrumadores e irrefutables) , y verdaderamente, de aquí a poco quien va a necesitar acogerse a esos programas de solidaridad interautonómica va a ser el Gobierno de la Generalitat catalana.
Por tanto el problema central es el de financiación. Esto lo ha entendido José Montilla, el presidente de la Generalitat, que no es precisamente un nacionalista catalán (quien sostiene lo contrario manifiesta, simplemente, su completa ignorancia del tema). Montilla se ha dado cuenta de que sino resuelve el problema de la financiación, es decir, de una reversión más equitativa hacia éste territorio de los ingresos que el Estado percibe en él, no podrá mantenerse el Estado de Bienestar en Catalunya mucho tiempo más; es así de sencillo. La degradación de servicios e infraestructuras que sufre Catalunya es fruto, precisamente, de esa falta de financiación, y en el futuro va a ir a cada vez a más y con mayor gravedad.
Por cierto, en sólo cinco-siete años se ha incorporado un millón y pico de inmigrantes al censo de residentes en la autonomía catalana, entre un cuarto y un tercio del total de llegados a España. También ellos tienen derecho a educación, sanidad y servicios, además son usuarios de infraestructuras (ferrocarriles, carreteras, redes eléctricas y de agua, etc). Es decir, el problema en los últimos años ha crecido geométricamente, y cada día que pasa es más acuciante.
Responder con ideología (en el sentido marxista del término) a los problemas reales, es lo propio de la derecha. Comienza a ser preocupante que desde amplios sectores del PSOE se haga lo mismo.
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