Llega Rubalcaba

Como en una de esas películas del Oeste en las que todo el mundo espera la llegada al poblado del pistolero más rápido de la frontera -unos le aguardan con pavor, otros con esperanza-, Alfredo Pérez Rubalcaba se presentó el domingo pasado como candidato del PSOE para las próximas elecciones generales. Fue el suyo un discurso medido, de corte socialdemócrata suave, pronunciado desde la seguridad en uno mismo que da saber que ha sonado tu hora. Rubalcaba, el último socialdemócrata, tiene ahora su oportunidad una vez que han fracasado los "progresistas" que entre 2004 y 2011 han gobernado con el recetario neoliberal en la mano. Entre paréntesis: que Alfredo haya sido vicepresidente de ese gobierno y pueda formular ahora sus propuestas socialdemócratas sin perder un ápice de credibilidad, es uno de los milagros de la política española; a cualquier otro ministro de Zapatero que hubiera intentado hacer lo mismo, le hubiéramos corrido a gorrazos sin piedad.

Pero Rubalcaba sí puede anunciar que los banqueros habrán de hacerse cargo de una parte de la factura de la crisis; que los más ricos deberán pagar un reinstaurado Impuesto de Sucesiones; que se luchará para acabar con los paraísos fiscales, donde anida el dinero sucio y se esconde el evadido; y puede sostener que la ignorancia es más cara que la educación pública, y que jamás firmará nada que cuestione la sanidad pública. Y que le crean todo eso. Lo hará o no lo hará, pero se le cree. Más que nada porque sino lo logra Alfredo, al Estado de Bienestar español no lo salva ni Dios.

Naturalmente el Partido Popular se ha puesto de los nervios. Porque con Rubalcaba enfrente no vale la estrategia de dormir la siesta (no decir ni hacer nada) hasta que el poder les caiga en la mano como fruta madura. Hábilmente Rubalcaba se ha ido del gobierno ya, no porque lo pidiera el PP sino porque es lo que le favorece más tanto si Zapatero convoca elecciones para el último domingo de noviembre como si decide agotar la legislatura, prolongándola hasta el mes de marzo. Al salirse del gobierno ahora, Rubalcaba gana espacio y autonomía para ir emitiendo ese mensaje socialdemócrata que apuntó el domingo, aunque la primera gran damnificada vaya a ser la actual ministra de Economía, Elena Salgado (a Zapatero ya nada le puede perjudicar más), cuyas políticas neoliberales se contrastarán día a día con las propuestas de Rubalcaba. Y desde luego el PP quedará retratado, ya que naturalmente deberá contestar a Rubalcaba recitando sus mantras ultraneoliberales más o menos silenciados ahora, entre los cuales la destrucción de los servicios públicos y su puesta en manos de oligopolios privados ocupa un lugar de honor. Rubalcaba obligará al PP a hacer aflorar su "programa oculto".

Y es que por primera vez desde mediados de los años noventa estamos frente a propuestas de política económica que abren reales políticas sociales, de las que implican transformaciones que modifican la sociedad o actúan en defensa de las conquistas logradas: que los ricos paguen impuestos y devuelvan una parte de los beneficios, que se triture los lugares donde esconden su dinero, que la educación y la sanidad sean realmente para todos y no solo para los privilegiados, etc. Si ese es el programa de Rubalcaba, nada está decidido ni escrito.

Lo mejor de Rubalcana es que no es hombre que se empeñe en batallas simplemente para hacer "un buen resultado". Alfredo es de los que cuando salen al terreno de juego, lo hacen para ganar. Realmente, en el PP hacen bien en estar muy preocupados.

En la imagen que ilustra el post, Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno español.

Elecciones en Catalunya: el futuro es el pasado (1)

Las elecciones catalanas del pasado domingo han sido una verdadera máquina del tiempo, que en vez de llevarnos a las puertas del futuro nos ha transportado un cuarto de siglo atrás. A partir de ahora, para los catalanes el futuro es el pasado, y la verdad es que ese escenario pinta muy negro en lo que respecta al mantenimiento de cualquier idea mínimamente "progresista" (palabro que cada vez se va a usar menos, por pura dejación y hasta rechazo de los valores que presuntamente encarna).

Fue en 1980, con las primeras autonómica catalanas, cuando se esbozó la que había de ser la mayoría social que hemos dado en llamar pujolismo. Aquel complejo bloque hegemónico de clases inspirado y liderado por la derecha de raíz cristiana y catalanista fraguó cuatro años más tarde, en 1984, con la primera mayoría absoluta de CiU. Es a ése punto al que hemos regresado 26 años después, aunque ahora CiU no disponga de la mitad más uno de los diputados de la Cámara catalana. Da lo mismo, gobernarán con la misma libertad de acción y complacencia social.

Algunos analistas, entre ellos el casi siempre certero Josep Ramoneda, dicen que el país de hoy nada tiene que ver con el de hace siete años, cuando CiU perdió el poder institucional, y que todo ha cambiado desde entonces. A mi juicio, equivocándose Ramoneda tiene razón, porque la Catalunya de hoy en realidad a quien se parece como una gota de agua a otra no es a la de siete años atrás, sino a la de 1984. Con el agravante de que ahora tenemos encima una presunta crisis estructural del sistema capitalista que en los ochenta no existía, al menos con el carácter global con el que hoy se manifiesta (o la manifiestan, que un servidor no está muy seguro de eso).

El caso es que de nuevo, "El orden reina en Catalunya", tras siete años de gobierno de izquierdas. Por el camino han quedado muchos sueños rotos: el de la constitución de un nuevo bloque de clases de carácter progresista que sacara a este país del cortijismo extremo practicado por la oligarquía burguesa de las "44 familias"; el de la posibilidad de acceder a la independencia nacional de un modo hegemonizado por sectores populares ajenos a los intereses oligárquicos; el de la construcción desde Catalunya de un marco federal de relaciones entre las comunidades nacionales que conviven/cohabitan/coexisten en el Estado español; el de la defensa y mejora de los servicios públicos entendidos no como una carga económica sino como un derecho inalienable de los ciudadanos; el de la integración cultural y social abierta a todos (la famosa "cohesión social", otro palabro/concepto al que le quedan dos telediarios) en un país que siguiera el viejo principio republicano jacobino de que "es ciudadano quien quiere serlo". Todo eso y muchas cosas más se han perdido como lágrimas en la lluvia, tal como murmuraría un Nexus-6 de mediana edad nacido en el Área Metropolitana de Barcelona agonizante ante las miradas de estupor de los Montilla, Puigcercós, Herrera, y en general de todos aquellos cuantos creímos que otra Catalunya era posible.

Sentado esto, analizar los resultados electorales del domingo puede arrojar alguna luz sobre cómo ha sido posible que los catalanes hayamos tomado el cohete que en vez de elevarnos a las estrellas nos conduce de vuelta a la Edad de Piedra. Pero no sé si tiene demasiada importancia ya. En todo caso, en el siguiente post repasaremos los resultados de las fuerzas en presencia y el estado de los proyectos (o lo que sean) que encarna cada una de ellas, más por satisfacer la curiosidad de alguno de mis amables lectores que por otra cosa.

La fotografía que ilustra el post es una imagen de los firmantes del Pacte del Tinell (2003), el primer intento desde 1939 de establecer en Catalunya el gobierno de un bloque de clases hegemonizado desde la izquierda política.

Poncio Pilatos y la directiva europea de control de la inmigración

Por increíble que parezca el grupo socialista español en el Parlamento Europeo ha contribuido decisivamente a endurecer aún más la propuesta legislativa de las derechas europeas , eufemísticamente llamada Directiva del Retorno de los Inmigrantes. Una suavona denominación oficial, bajo la que se esconde la ley de control de la inmigración en Europa. De los diputados socialistas españoles sólo votaron en contra los catalanes Josep Borrell y Raimon Obiols. Desde la dirección parlamentaria del PSOE se ha puesto en marcha una "investigación oficial" que, si prevalece la estupidez, podría terminar en un expediente disciplinario.

Lo curioso del asunto es que el Grupo Parlamentario Socialista Europeo votó prácticamente en masa en contra de la directiva. Por tanto, quizá debería abrirle una "investigación oficial" al grupo europeo del PSOE para averiguar quiénes han sido los diputados impulsores de esta aberración, a fin de expulsarles de su seno.

Por si todo esto fuera poco, al despropósito legislativo vivido se suma hoy el que uno de los diputados socialistas españoles que votaron a favor de esa ley intrínsecamente reaccionaria -persona cuyo nombre y apellidos prefiero obviar por verdadera vergüenza ajena-, tenga la falta de dignidad y el cinismo de reivindicar su voto favorable al engendro desde la sección Cartas al Director del diario El País.

Dice este señor diputado que el suyo fue "un voto responsable a la mejor directiva posible". La mejor directiva posible, según este diputado, es pues la que permite encarcelar durante 18 meses a una persona por el único delito de intentar conseguir una vida mejor para sí y los suyos , o expulsar del territorio europeo a niños y menores de edad en general por el delito de ser declarados, ellos también, "ilegales".

Dice el señor diputado que ya imaginaba la que le iba a caer, pero que en todo caso, "pensé que era lo mejor para la política migratoria de la UE y, sobre todo, para los inmigrantes". El señor diputado dice también tener la esperanza de "que no haya en el futuro más muertos en los cayucos, más víctimas de las mafias, ni se consolide esa nueva forma de esclavitud que es para los patrones sin escrúpulos la inmigración sin papeles". O sea, que los inmigrantes vejados, encarcelados y expulsados aún deberán darle las gracias. Termina la carta manifestando que, en todo caso "respeto y seguiré respetando a los que opinan de otra manera".

A diferencia del señor diputado, yo no puedo respetar su opinión en este asunto y mucho menos respeto su voto, que me parece indecente llamándose él socialista. Y no lo respeto por una razón fundamental: porque su posicionamiento y su voto no respetan a los inmigrantes, aunque intente enmascarlos en una supuesta preocupación por evitarles los cayucos, las mafias y los patrones explotadores; más o menos los mismos argumentos, por cierto, que maneja la derecha cristiana más apolillada y untuosa.

Arriesgarse a dieciocho meses de cárcel tras sobrevivir a un viaje en cayuco, parece un castigo demasiado severo para el ingenuo que creyó un día que en Europa además de los capitales, también podían circular libremente las personas. Pura ingenuidad, ya digo. Pero eso sí, el señor diputado respeta mucho la opinión contraria a la suya. ¿Y la del inmigrante? ¿quién respeta su opinión? ¿quién respeta su vida?.

El señor diputado de la carta a El País es andaluz. Cientos de miles de andaluces se desparramaron por Europa en los años cincuenta y sesenta impulsados por el hambre y el ansia de libertad, huyendo de un país famélico sujeto a una dictadura fascista, como tantas otras siguen habiendo hoy por desgracia en el mundo. ¿Qué habría pensado el entonces joven activista de izquierdas, si la Comunidad Europea hubiera aprobado en esos años una directiva mediante la cual encarcelar hasta 18 meses a sus paisanos sin necesidad de cargos ni juicio, por el supuesto delito de haber emigrado a Francia, Suiza o Alemania sin papeles, tal como se emigraba entonces igual que ahora?.

Señor diputado, en vez de lavarse las manos por carta como un Poncio Pilatos con escaño europeo, dimita inmediatamente o pásese a cualquier grupo parlamentario de la derecha. Pero no se ponga en evidencia con sus justificaciones, ni nos obligue a enrojecer de vergüenza ajena leyéndolas.

Políticas sociales que no lo son. El natalismo como ideología y práctica reaccionarias

En el repertorio de lo que la clase política y los medios de comunicación de masas llaman inapropiadamente "políticas sociales" del gobierno Zapatero, la "promoción de la familia" ocupa un lugar central. Evidentemente ello no es por casualidad, en un país donde las mentalidades y creencias de signo tradicionalista tienen aún gran arraigo entre la mayoría de la población.

Ciertamente, en sí esas políticas resultan coherentes con el repertorio de leyes desplegadas (y las que vendrán) destinadas a satisfacer las demandas de las nuevas clases medias españolas, surgidas al calor de la prosperidad económica de los años noventa. Nada que ver con los intereses reales de las clases trabajadoras y populares, sin embargo, a quienes hasta la fecha no ha tocado ni las migajas del pastel. Basta comparar los prácticamente nulos incrementos salariales porcentuales obtenidos en los tres últimos quinquenios por los sectores de menor renta, con los astronómicos incrementos de las plusvalías obtenidas por las empresas en ese mismo período de tiempo, para tener una idea exacta de cómo han ido las cosas en eso que llaman el "reparto de la riqueza" generada.

Las políticas sociales del zapaterismo han venido a dar oxígeno a la nueva burguesía, situada entre los monopolizadores de la extraordinaria acumulación de capital a la que estamos asistiendo, y las desposeídas clases trabajadoras, a las que por cierto desde los aparatos de conformación ideológica social se ha decretado inexistentes. Por tanto, y aunque ideológicamente esas políticas sean del agrado de una amplia mayoría social, sus beneficiarios directos forman un grupo bastante homogéneo, constituyendo un "target" o "público objetivo" concreto y bien definido. En síntesis, esas medidas gubernamentales están pensadas para beneficiar a jóvenes profesionales con mentalidad "avanzada" (partidarios de impulsar la participación social y laboral de las mujeres, por ejemplo), pero simultáneamente muy apegados a valores tradicionales cuando no francamente reaccionarios (como su posición ante la familia).

En el terreno estrictamente político, sorprende poderosamente que en vez de cuestionar éste "agente de conformación social" básico que es la institución familiar, todas las izquierdas, reformistas o revolucionarias, pretendan por contra reforzarlo: en lugar de intentar echar las bases para transformar el modelo burgués de familia, lo que se está pidiendo desde la sociedad y haciendo desde el Ejecutivo es consolidarlo, extendiéndolo a colectivos hasta ahora excluidos de la posibilidad de acceder a él como eran las parejas libremente unidas o los homosexuales.

En lo que se refiere a la promoción de la natalidad, se trata de una política intrínsecamente reaccionaria y vinculada a la producción de mano de obra barata. Algunas de sus consecuencias directas resultan además abiertamente discriminatorias: por ejemplo en el ámbito laboral, al establecer nuevas diferencias entre los asalariados. En ese sentido, las subvenciones por nacimiento, los permisos de maternidad/paternidad, las reducciones de jornada laboral y en general los privilegios que en España está comenzando a reportar tener un niño, resultan insultantemente discriminatorios en relación con el resto de asalariados que no son padres recientes, a los que se obliga a soportar esas diferencias en el seno de la empresa y de cuyos bolsillos además, en tanto que contribuyentes que pagan impuestos vía IRPF, sale principalmente el dinero que se invierte en esas políticas.

En relación con las personas que no tienen hijos o las que han criado a los suyos sin disfrutar de esos privilegios, tal situación constituye una estafa permitida y alentada por sindicatos y partidos de izquierdas, que en vez de denunciar el contenido reaccionario y clientelar de las políticas de promoción familiar las apoyan porque gozan de amplio consenso social, dan imagen "progresista" y tienen réditos electorales inmediatos.

En suma, nada ni nadie obliga a tener niños en la España de hoy; tenerlos en esta sociedad o en cualquier otra del pasado o del futuro no tiene nada que ver con "necesidades" reales del individuo ni de la colectividad. No hay ningún condicionante real "objetivo"que obligue a tener niños, más allá de la interiorización de valores ideológicos concretos.

Por tanto, se trata de una elección individual (o de la pareja, según los casos) que debería ser responsabilidad exclusiva de quien decide asumirla. Precisamente porque los recursos de los que dispone el Estado son limitados, salen de los bolsillos de todos y deberían satisfacer necesidades reales de la mayoría (que son muchas y de gran calado, visto el Estado de bienestar tan débil que tenemos), no deberían malversarse alegremente los impuestos en políticas oportunistas y electoreras como el fomento del natalismo.