Andorra, el Estado fascistoide de los Pirineos

Desde siempre se ha considerado a Andorra un estado de opereta. Instalado en un valle pirenaico encajado entre Francia y España, el paisito andorrano es un anacronismo de origen medieval cuya supervivencia histórica sólo se explica en razón de su peculiar jefatura bicéfala del Estado, que se reparten a medias el obispo de Seu D'Urgell por parte española y el presidente de la República por parte francesa y en tanto que sucesor de la monarquía capeta; ha sido pues la alianza del Trono y el Altar la que ha mantenido la viabilidad del principado andorrano durante siglos.

La fuente histórica de riqueza andorrana fue desde siempre el monocultivo del contrabando, sin duda consentido por las autoridades españolas y francesas; la corrupción en las fronteras andorranas es algo tan antiguo como la misma existencia de Andorra. En tiempos del franquismo, Andorra era la ventanilla por la que muchos españoles se asomaban a Europa, en viajes de fin de semana a cuya vuelta volvían cargados de whisky, tabaco y pequeños electrodomésticos.

Pero los tiempos cambian y hoy Andorra, en su exquisitamente fingida neutralidad internacional, se ha convertido en referente mundial del lavado de dinero negro. La opacidad financiera andorrana, superior a la suiza y a otros paraísos fiscales europeos, permite no sólo la anécdota de que numerosos artistas y deportistas españoles se avecinen nominalmente en el estado pirenaico como modo de evadir impuestos en su país, sino que a través de sus bancos se esté lavando una jugosa parte del dinero negro generado en España y Europa por el narcotráfico y la especulación inmobiliaria. El por qué los estados español y francés permiten esta situación en sus mismas narices -del mismo modo que el estado británico permite ése otro foco de corrupción y podredumbre financiera que es Gibraltar-, constituye un misterio que algún día deberían desvelarnos.

Pero Andorra es mucho más que un Estado lavadora y un paraíso fiscal. A pesar de los esfuerzos hechos en los últimos años por "homologarse a Europa" creando un sistema político parlamentario, nada ha cambiado en realidad en esta república elitista y censitaria. Los partidos andorranos no son más que grupitos de notables territoriales que defienden intereses semejantes sin diferencias ideológicas reales entre ellos, y el gobierno andorrano no es otra cosa que el Consejo de Administración de todo el tinglado. De las 80.000 personas que residen en Andorra, apenas un tercio tiene la nacionalidad; democracia, derechos humanos y libertades públicas son por tanto productos exóticos en el supermercado político andorrano.

En ese clima, no es extraño que el racismo y la xenofobia sean ingredientes políticos muy presentes en el "paraíso andorrano". Un reportaje de 20 Minutos publicado el 14-05-2007 informaba de que en 7 años, 900 residentes habían sido expulsados de Andorra.... por motivos de salud. Padecer arritmia, miopía, obesidad o hipertensión, son motivos suficientes para ser expulsado. Cuanto más el caso concreto que narraba 20 Minutos, el de Nuria, una catalana de 44 años expulsada por padecer cáncer. Sordera, hepatitis, ansiedad, y por supuesto, ser portador del VIH, son otras causas de expulsión inmediata si el afectado es residente en tan democrático país. Hasta 88 dolencias son motivo de expulsión. El diario relataba otros casos, como el del portugués Carlos Alberto Ramos Alves, de 40 años, al que se le expulsó por "dependencia del alcohol", aunque una analítica posterior dio negativo y remitía a una enfermedad bilial. Al español E.G., de 30 años, se le expulsó por haber dado positivo en una analítica de hepatitis C.

Dicen los sindicatos que en definitiva, lo que pretende el Gobierno andorrano es ahorrarse costes económicos. Ya se sabe, los enfermos no son productivos, y cuestan dinero en atención sanitaria.

Con todo, las discriminaciones no son sólo de tipo sanitario. Els Verds y Médicos Progresistas de Andorra denuncian que por ejemplo, en ese país se impide donar sangre a los homosexuales, lo que da otra pista sobre la ideología fascistoide y las fobias de quienes gobiernan el valle.

Los estados español y francés tienen resposabilidad directa sobre las trapacerías cometidas por los gobernantes andorranos, en la medida en que estos actúan como lo hacen aprovechándose del silencio de ambos sobre "cuestiones internas" del Principado. Quizá sea hora de que los dos copríncipes actúen y ejerzan sus funciones, poniendo a las élites andorranas en la tesitura de adaptarse a las leyes y convenios internacionales que rigen en Europa o ser despojados de su condición de Estado. Bastarían unas parejas de gendarmes y de mossos d'esquadra, para que Andorra abandonara definitivamente la Edad Media que parece imperar en el supuestamente idílico valle pirenaico.