Viva el déficit público, con perdón

La sesión del Congreso de los Diputados de ayer ha sido uno de los momentos más indecentes de la historia parlamentaria española.  El enjuague entre el actual (y moribundo) Gobierno español y el Partido Popular, viene a culminar la sucesión de disparates a la que se ha entregado el Gobierno Zapatero en su afán de demostrar a los "mercados" que es más papista que el Papa. 

Las "soluciones" ultra-neoliberales del equipo de Economía, encabezado por la inefable Elena Salgado, no solo han agravado la crisis en España en la medida en que le ha cercenado al Estado su capacidad de intervención directa en el enderezamiento de la situación económica, política suicida donde las haya en estos momentos, sino que son un escándalo en sí mismas por su pura irracionalidad. Algunos ejemplos: 

Se prohíbe al Estado invertir, precisamente cuando la famosa "iniciativa privada" (empresarios  y financieros)  prefiere esconder su dinero en paraísos fiscales o invertirlo en "economías emergentes", donde el trabajo esclavo siga multiplicando sus desmesurados beneficios.

Se niegan a cobrar impuestos a quienes ha acumulado fortunas fabulosas en los años de bonanza, haciendo recaer en exclusiva el sostenimiento financiero del Estado, y por tanto de los servicios públicos, sobre las cada vez más menguadas rentas del trabajo asalariado.

Se saquean las nóminas de funcionarios y jubilados supuestamente porque no hay otros ingresos de los que echar mano, mientras se malversan anualmente miles de millones de euros entregados a la Iglesia católica y sus organizaciones satélites. 

Se acumula una deuda de veintiséis mil millones de euros en material militar adquirido para el Ejército en la última década, juguetes absolutamente innecesarios para la "defensa" de este país tal como reconoció recientemente Constantino Méndez, número dos del Ministerio de la Guerra y otros humanitarismos: "No deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a utilizar, para escenarios de confrontación que no existen y, lo que es más grave, con un dinero que no teníamos entonces ni tenemos ahora” (El País, 12-8-2011). Millones de euros se malgastan cada mes en el sostenimiento de "misiones internacionales" del Ejército español en países donde los únicos intereses que se defiende son los imperiales norteamericanos.

Se mendiga al Banco Central Europeo que adquiera deuda pública española para que no caiga en manos de especuladores  a sueldo de la Reserva Federal de los EEUU, pero al tiempo se autoriza a las Comunidades autónomas a seguir emitiendo deuda pública por su cuenta, que a falta de otros compradores es adquirida con los ahorros de todos los ciudadanos por las entidades financieras "de confianza" (Cajas de Ahorros)  de los respectivos Gobiernos autonómicos.

Se privatizan las Cajas de Ahorro en una operación que ha lanzado al Casino bursátil español los ahorros de la mayoría de los españoles asalariados y pensionistas, el último dinero real y tangible que quedaba en España, de un modo tan improvisado y chapucero que las acciones de las nuevas/viejas entidades financieras han tenido que ser compradas prácticamente en su totalidad por los propios bancos avalistas (en el caso de Bankia/Caja Madrid, por Morgan y Crèdit Suisse), con lo cual los propietarios de las Cajas de Ahorros españolas son ahora precisamente las entidades bancarias internacionales que llevan años trabajando denodadamente por arruinar el sistema económico español y europeo.

En definitiva, tenemos un Gobierno que está dejando sin trabajo que hacer a los economistas de la escuela de Chicago (en la doble acepción del término: escuela económica y modelo gansteril) que si se cumplen las previsiones, manejarán este país en breve una vez el partido de la derecha franquista española, el PP, haya retornado al poder en noviembre próximo. Y todo ello apenas a dos meses de unas elecciones en las que Zapatero ni se presenta como diputado, y tras las que la mayoría de sus colaboradores económicos deberían si tuvieran vergüenza buscarse otro país donde vivir. ¿A qué estas prisas entonces por hacer algo que de todos modos se hará en unas semanas? ¿tan insaciables son los inductores, que quieren el bocado para ya mismo?

Dicen que Trichet, el presidente del Banco Central Europeo, ha obligado a Zapatero a la "modificación constitucional" que pone fuera de la ley el déficit público, es decir la posibilidad siquiera de que el Estado pueda seguir haciendo frente a la factura de los servicios públicos sin subir los impuestos ni cobrárselos a los ricos, como condición para que el BCE siga comprando deuda pública española. Zapatero ha vuelto pues a bajarse los pantalones en vez de dimitir o pegarse un tiro, que es lo que hubiera hecho alguien realmente de izquierdas y con conciencia de sus actos.  

Mientras, el Gobierno de derechas francés aprueba un aumento del déficit público en ese país, y en la misma Francia y en Alemania decenas de multimillonarios firman cartas colectivas pidiendo que se suban los impuestos a los más ricos. Solo el Gobierno español mantiene que los ricos no tienen por qué pagar impuestos, y que la mejor manera de mantener los servicios públicos es dejarlos sin financiación. De paso, Zapatero acaba de abrasar cualquier posibilidad de que Rubalcaba gane las próximas elecciones, y hasta de regenerar el PSOE a partir de la incipiente conexión con las reivindicaciones de los grupos de perjudicados por esta hecatombe en marcha. El clima social sigue naturalmente degradándose -¿y qué otra cosa cabe esperar si el paro crece sin tasa, se destruyen los servicios públicos de modo calculado y el futuro ya casi presente es la pura ley de la selva?-, y la respuesta de los poderes públicos es la de siempre: más policía y más represión. 

Un dato que facilitaba ayer el propio ministro de Trabajo, Valeriano Gómez: en agosto miles de empresas despiden a sus trabajadores, para volver a contratarlos en septiembre. ¿Por qué? Pues porque así se libran de pagarles las vacaciones y se benefician fiscalmente luego por la recontratación.

La verdad es que cuando lleguen los de Chicago se lo van a encontrar todo hecho.

En la imagen que ilustra el post, un grupo de economistas neoliberales preparándose para una reunión con responsables económicos de un gobierno europeo.

Los que no pagan la crisis

Andorra, el Estado fascistoide de los Pirineos

Desde siempre se ha considerado a Andorra un estado de opereta. Instalado en un valle pirenaico encajado entre Francia y España, el paisito andorrano es un anacronismo de origen medieval cuya supervivencia histórica sólo se explica en razón de su peculiar jefatura bicéfala del Estado, que se reparten a medias el obispo de Seu D'Urgell por parte española y el presidente de la República por parte francesa y en tanto que sucesor de la monarquía capeta; ha sido pues la alianza del Trono y el Altar la que ha mantenido la viabilidad del principado andorrano durante siglos.

La fuente histórica de riqueza andorrana fue desde siempre el monocultivo del contrabando, sin duda consentido por las autoridades españolas y francesas; la corrupción en las fronteras andorranas es algo tan antiguo como la misma existencia de Andorra. En tiempos del franquismo, Andorra era la ventanilla por la que muchos españoles se asomaban a Europa, en viajes de fin de semana a cuya vuelta volvían cargados de whisky, tabaco y pequeños electrodomésticos.

Pero los tiempos cambian y hoy Andorra, en su exquisitamente fingida neutralidad internacional, se ha convertido en referente mundial del lavado de dinero negro. La opacidad financiera andorrana, superior a la suiza y a otros paraísos fiscales europeos, permite no sólo la anécdota de que numerosos artistas y deportistas españoles se avecinen nominalmente en el estado pirenaico como modo de evadir impuestos en su país, sino que a través de sus bancos se esté lavando una jugosa parte del dinero negro generado en España y Europa por el narcotráfico y la especulación inmobiliaria. El por qué los estados español y francés permiten esta situación en sus mismas narices -del mismo modo que el estado británico permite ése otro foco de corrupción y podredumbre financiera que es Gibraltar-, constituye un misterio que algún día deberían desvelarnos.

Pero Andorra es mucho más que un Estado lavadora y un paraíso fiscal. A pesar de los esfuerzos hechos en los últimos años por "homologarse a Europa" creando un sistema político parlamentario, nada ha cambiado en realidad en esta república elitista y censitaria. Los partidos andorranos no son más que grupitos de notables territoriales que defienden intereses semejantes sin diferencias ideológicas reales entre ellos, y el gobierno andorrano no es otra cosa que el Consejo de Administración de todo el tinglado. De las 80.000 personas que residen en Andorra, apenas un tercio tiene la nacionalidad; democracia, derechos humanos y libertades públicas son por tanto productos exóticos en el supermercado político andorrano.

En ese clima, no es extraño que el racismo y la xenofobia sean ingredientes políticos muy presentes en el "paraíso andorrano". Un reportaje de 20 Minutos publicado el 14-05-2007 informaba de que en 7 años, 900 residentes habían sido expulsados de Andorra.... por motivos de salud. Padecer arritmia, miopía, obesidad o hipertensión, son motivos suficientes para ser expulsado. Cuanto más el caso concreto que narraba 20 Minutos, el de Nuria, una catalana de 44 años expulsada por padecer cáncer. Sordera, hepatitis, ansiedad, y por supuesto, ser portador del VIH, son otras causas de expulsión inmediata si el afectado es residente en tan democrático país. Hasta 88 dolencias son motivo de expulsión. El diario relataba otros casos, como el del portugués Carlos Alberto Ramos Alves, de 40 años, al que se le expulsó por "dependencia del alcohol", aunque una analítica posterior dio negativo y remitía a una enfermedad bilial. Al español E.G., de 30 años, se le expulsó por haber dado positivo en una analítica de hepatitis C.

Dicen los sindicatos que en definitiva, lo que pretende el Gobierno andorrano es ahorrarse costes económicos. Ya se sabe, los enfermos no son productivos, y cuestan dinero en atención sanitaria.

Con todo, las discriminaciones no son sólo de tipo sanitario. Els Verds y Médicos Progresistas de Andorra denuncian que por ejemplo, en ese país se impide donar sangre a los homosexuales, lo que da otra pista sobre la ideología fascistoide y las fobias de quienes gobiernan el valle.

Los estados español y francés tienen resposabilidad directa sobre las trapacerías cometidas por los gobernantes andorranos, en la medida en que estos actúan como lo hacen aprovechándose del silencio de ambos sobre "cuestiones internas" del Principado. Quizá sea hora de que los dos copríncipes actúen y ejerzan sus funciones, poniendo a las élites andorranas en la tesitura de adaptarse a las leyes y convenios internacionales que rigen en Europa o ser despojados de su condición de Estado. Bastarían unas parejas de gendarmes y de mossos d'esquadra, para que Andorra abandonara definitivamente la Edad Media que parece imperar en el supuestamente idílico valle pirenaico.