Políticas sociales que no lo son. El natalismo como ideología y práctica reaccionarias

En el repertorio de lo que la clase política y los medios de comunicación de masas llaman inapropiadamente "políticas sociales" del gobierno Zapatero, la "promoción de la familia" ocupa un lugar central. Evidentemente ello no es por casualidad, en un país donde las mentalidades y creencias de signo tradicionalista tienen aún gran arraigo entre la mayoría de la población.

Ciertamente, en sí esas políticas resultan coherentes con el repertorio de leyes desplegadas (y las que vendrán) destinadas a satisfacer las demandas de las nuevas clases medias españolas, surgidas al calor de la prosperidad económica de los años noventa. Nada que ver con los intereses reales de las clases trabajadoras y populares, sin embargo, a quienes hasta la fecha no ha tocado ni las migajas del pastel. Basta comparar los prácticamente nulos incrementos salariales porcentuales obtenidos en los tres últimos quinquenios por los sectores de menor renta, con los astronómicos incrementos de las plusvalías obtenidas por las empresas en ese mismo período de tiempo, para tener una idea exacta de cómo han ido las cosas en eso que llaman el "reparto de la riqueza" generada.

Las políticas sociales del zapaterismo han venido a dar oxígeno a la nueva burguesía, situada entre los monopolizadores de la extraordinaria acumulación de capital a la que estamos asistiendo, y las desposeídas clases trabajadoras, a las que por cierto desde los aparatos de conformación ideológica social se ha decretado inexistentes. Por tanto, y aunque ideológicamente esas políticas sean del agrado de una amplia mayoría social, sus beneficiarios directos forman un grupo bastante homogéneo, constituyendo un "target" o "público objetivo" concreto y bien definido. En síntesis, esas medidas gubernamentales están pensadas para beneficiar a jóvenes profesionales con mentalidad "avanzada" (partidarios de impulsar la participación social y laboral de las mujeres, por ejemplo), pero simultáneamente muy apegados a valores tradicionales cuando no francamente reaccionarios (como su posición ante la familia).

En el terreno estrictamente político, sorprende poderosamente que en vez de cuestionar éste "agente de conformación social" básico que es la institución familiar, todas las izquierdas, reformistas o revolucionarias, pretendan por contra reforzarlo: en lugar de intentar echar las bases para transformar el modelo burgués de familia, lo que se está pidiendo desde la sociedad y haciendo desde el Ejecutivo es consolidarlo, extendiéndolo a colectivos hasta ahora excluidos de la posibilidad de acceder a él como eran las parejas libremente unidas o los homosexuales.

En lo que se refiere a la promoción de la natalidad, se trata de una política intrínsecamente reaccionaria y vinculada a la producción de mano de obra barata. Algunas de sus consecuencias directas resultan además abiertamente discriminatorias: por ejemplo en el ámbito laboral, al establecer nuevas diferencias entre los asalariados. En ese sentido, las subvenciones por nacimiento, los permisos de maternidad/paternidad, las reducciones de jornada laboral y en general los privilegios que en España está comenzando a reportar tener un niño, resultan insultantemente discriminatorios en relación con el resto de asalariados que no son padres recientes, a los que se obliga a soportar esas diferencias en el seno de la empresa y de cuyos bolsillos además, en tanto que contribuyentes que pagan impuestos vía IRPF, sale principalmente el dinero que se invierte en esas políticas.

En relación con las personas que no tienen hijos o las que han criado a los suyos sin disfrutar de esos privilegios, tal situación constituye una estafa permitida y alentada por sindicatos y partidos de izquierdas, que en vez de denunciar el contenido reaccionario y clientelar de las políticas de promoción familiar las apoyan porque gozan de amplio consenso social, dan imagen "progresista" y tienen réditos electorales inmediatos.

En suma, nada ni nadie obliga a tener niños en la España de hoy; tenerlos en esta sociedad o en cualquier otra del pasado o del futuro no tiene nada que ver con "necesidades" reales del individuo ni de la colectividad. No hay ningún condicionante real "objetivo"que obligue a tener niños, más allá de la interiorización de valores ideológicos concretos.

Por tanto, se trata de una elección individual (o de la pareja, según los casos) que debería ser responsabilidad exclusiva de quien decide asumirla. Precisamente porque los recursos de los que dispone el Estado son limitados, salen de los bolsillos de todos y deberían satisfacer necesidades reales de la mayoría (que son muchas y de gran calado, visto el Estado de bienestar tan débil que tenemos), no deberían malversarse alegremente los impuestos en políticas oportunistas y electoreras como el fomento del natalismo.