El fascismo comunicacional une a Gallardón y Cameron

Según cuenta El País de ayer, el Ayuntamiento de Madrid (PP) impide el acceso a determinadas páginas web desde las terminales informáticas conectadas a Internet que ofrecen las Bibliotecas públicas de esa ciudad. Política que sitúa al municipio madrileño a la altura de países tan avanzados en materia de libertades como China, Cuba o Corea del Norte.

Según el diario, si usted intenta acceder a, por ejemplo, una web relacionada con el Movimiento 15-M desde una Biblioteca pública madrileña, aparece este mensaje, que parece sacado de la novela orwelliana"1984": "Acceso denegado por política de contenidos. Usted está intentando acceder a contenidos no permitidos”. Quién es el fascista municipal que determina qué contenidos pueden ser o no visitados, todavía no se sabe. Sin embargo me juego una comida en "Set Portes" a que sí se puede acceder sin problemas a las páginas de Democracia Nacional, la web Generalísimo Francisco Franco y otros sites por el estilo desde los que se expende basura fascista al por mayor.

Los motivos dados desde el Ayuntamiento que preside el dialogante centrista Alberto Ruiz Gallardón son que las páginas a las que se deniega el acceso tienen un “contenido inapropiado” o vulneran "alguna medida de seguridad nacional". Ya ven, protestar cibernéticamente contra la mierda de sistema económico y social en el que tan a gusto hozan los politicastros del Partido Popular, es "inapropiado" y puede atentar contra la "seguridad" de la "nación". Criticar estas medidas calcadas de la peor censura nazi-estalinista será pronto "criminal", a menos que reaccionemos contra esta manera bastarda de impedir el acceso y por tanto el conocimiento y la difusión de la información que realmente interesa.

Como dice El País, los síntomas son muy peligrosos. Y nada aislados. Ayer mismo el Gobierno Cameron no solo prometía a su policía más "hombres, más dinero, y cañones de agua", sino que manifestaba su voluntad de clausurar las redes sociales cibernéticas que haga falta, ya que según ellos son instrumentos usados por los "delincuentes" para organizarse en las batallas campales que tienen lugar estos días en los barrios de Inglaterra. Es como si en España sin ir más lejos, se propusiera prohibir los teléfonos porque según se ha demostrado han sido el instrumento predilecto de los miembros de ¨la red Gürtel para ponerse en contacto entre ellos y con políticos del Partido Popular; o que ya puestos, se decidiera prohibir los partidos políticos porque el PP haya demostrado ser una organización podrida por la corrupción de arriba abajo.

El "fascismo comunicacional" es una expresión que explica y abarca ya no solo los contenidos vomitivos que perpetran la derecha reaccionaria y la extrema derecha en los medios electrónicos, a menudo con la indiferencia o la complicidad de quienes deberían protegernos de ellos, sino también la voluntad cada vez más reiterada por gobiernos de esas coloraciones de controlar, censurar y manipular el funcionamiento de esos medios aportados por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), castrando sus posibilidades como elementos al servicio de la libertad de expresión, el conocimiento libre y la autorganización social.

No sé si podrán lograrlo, pero está claro que al menos lo están intentando con todas sus fuerzas.

La información es poder, también cuando se usa contra el poder

En el mundo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación no es posible mantener oculto un autogolpe de Estado como el llevado a cabo en Irán por los sectores clérico-fascistas que dominan el país. Manolo Saco cita un precendente ilustre, la llamada Noche de los Transistores, el famoso 23-F de 1981, que enseñó al mundo y desde luego a España entera la verdadera catadura incluso ética de aquella banda de cerdos con tricornio o gorra de plato que pretendían retrotraernos a la más negra noche franquista. Les derrotaron las ondas, la imposibilidad de esconder ante la opinión pública la ejecución del acto criminal que estaban llevando a cabo.

Hay otro precedente aún más ilustre, en el cual la radio jugó un papel igualmente decisivo. Ocurrió el 19 de julio de 1936 cuando las masas supieron en toda España el desenlace del enfrentamiento en las calles de Barcelona entre los militares rebeldes y los trabajadores y fuerzas de Orden Público que defendían la legalidad y la dignidad, y se lanzaron a la calle abortando en la mayoría de ciudades y pueblos del país el golpe de Estado fascista en marcha. Madrid, Valencia, Bilbao .. y tantos otros núcleos de población se movilizaron gracias a la radio. El golpe fracasó en sus objetivos centrales, y los fascistas hubieron de recurrir a una guerra de 3 años contra su pueblo para lograr finalmente hacerse con todo el poder.

Hoy es Internet, la Red de redes, quien todavía con mayor rapidez y eficacia impide que esos actos criminales puedan llevarse a cabo antes de que la ciudadanía pueda reaccionar. Blogs, webs, foros, el correo elctrónico..., más la captación y transmisión de imágenes y textos -de información, en definitiva- a través de móviles, cámaras digitales, PDA.... Artilugios individuales, fáciles de manejar y transportar y al alcance prácticamente de cualquier persona, que convierten a cada ciudadano en un emisor y receptor autónomo y simultáneo de información, capaz por tanto de contestar eficazmente los esfuerzos del poder por intoxicar a su población y a la opinión pública mundial. La pugna que hoy se libra en las calles de Irán la ha perdido ya el Régimen de los ayatolas, al no poder cegar la transmisión de información hacia el exterior ni impedir que los iraníes reciban el retorno desde fuera.

Seguro que a estas horas muchos especialistas en manipulación informativa andan en todo el mundo analizando esto, y buscando modos de cercenar o al menos controlar esos canales informativos con retroalimentación incontrolados. Y desgraciadamente, pienso que eso no debe ocurrir sólo en los regímenes dictatoriales que todos tenemos en mente, sino también en la mayoría de nuestras viejas, satisfechas y consolidadas democracias parlamentarias.

A ningún poder, en suma, le agradan los canales de información que no controla directa o indirectamente.

En la fotografía, jóvenes iraníes navegan por Internet.

La Administración Pública que viene

El viernes pasado asistí a una interesante jornada sobre la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Administración Pública.

Las expectativas que allí se mostraron en orden a revolucionar la relación entre Administración y administrados, resultan simplemente deslumbrantes. Al parecer la vieja maquinaria burocrática admnistrativa tiene los días contados, y los procesos electrónicos van a abrir -están abriendo ya, de hecho- una nueva era también en este campo, que estará presidida por la simplificación, la agilidad y la eficiencia.

Se acabaron pues las covachuelas y el funcionario con visera y manguitos, las montañas de expedientes en papel y las copias por triplicado compulsadas y firmadas a mano. Pero no es sólo eso. Una terminal tipo teléfono móvil un poco más evolucionada bastará no ya para canalizar la relación burocrática entre ciudadano y aparato administrativo, sino sobre todo para que aquél -el ciudadano- pueda manifestarse, aportar e influir en el gobierno de su colectividad desde el nivel local al estatal. De la relación vertical (jerarquizante) vamos pues a pasar en breve a la horizontal (democratizadora); las plataformas relacionales en la Red son la nueva forma que llega de organización y participación ciudadana.

No se trata de hipótesis especulativas o de sueños delirantes. Sencillamente, tenemos ya disponible cuanto necesitamos para llevar a cabo la mayor transformación en materia administrativa desde la creación del Código de Hammurabi. Y los ensayos hasta el momento son muy positivos.

Sólo hay un pero. Ocurre que todos estos procesos se crean y desarrollan de modo exclusivo con tecnología y logística fabricada, comercializada y mantenida por empresas privadas, que convierten así al sector público en esclavo de sus suministros y, más importante, de sus estrategias. Ahora bien, por definición la Administración Pública justifica su existencia en la prestación de servicios públicos cuyo objeto es beneficiar a la colectividad administrada de modo no discriminatorio, en tanto las empresas privadas se caracterizan por la búsqueda exclusiva del beneficio empresarial. La contradicción es flagrante. El control en régimen monopolístico de ciertas empresas privadas sobre la tecnología que usa el sector público ya ha provocado graves conflictos de intereses, como la batalla legal llevada a cabo por la Administración Clinton contra Microsoft en los años noventa a cuenta de los códigos-fuente del software usado en las dependencias gubernamentales, y la que actualmente se viene desarrollando entre la Unión Europea y esa misma empresa norteamericana por sus descaradas prácticas monopolísticas.

En un momento en el que las grandes corporaciones empresariales han conseguido el control político sobre el gobierno de los EEUU (ver las aportaciones al respecto de John K. Galbraith), las perspectivas de que determinadas empresas logren asimismo el control sobre la maquinaria administrativa y sus procesos resulta altamente inquietante. Lo que está en peligro en estos momentos nos es sólo la salvaguarda del derecho a la intimidad y a la protección de datos de cada ciudadano, sino algo quizá mucho más importante aún: la propia relación entre Administración y administrado, que en breve podría pasar a ser directamente vicaria de intereses económicos privados.

Urge pues que los legisladores -a menudo más preocupados por restringir las libertades en Internet que por proteger derechos-, comiencen a contemplar la protección del ciudadano antes de que sea demasiado tarde y nos conviertan, por fin, a todos, Administración y ciudadanos, en "cliente cautivos" del sector privado.