Los nuevos burócratas. La realidad del empleo público en España

Un artículo del diario La Vanguardia publicado el pasado 4 de noviembre, cifra el número total de empleados públicos existentes en España en 2.400.000. De ellos, la mitad, 1.260.000, trabaja en las administraciones de las comunidades autónomas, 600.000 en las administraciones locales y 550.000 en la administración del Estado.

Si tomamos el total de funcionarios que prestan servicio en la administración del Estado y descontamos las Fuerzas Armadas (unos 100.000 efectivos) y la Policía del Estado y la Guardia Civil (unos 140.000 en total), resulta que los empleados civiles de la administración estatal son apenas 310.000, para un Estado que teóricamente presta servicio a 44 millones de personas.

En Catalunya en concreto, hay en total 240.000 funcionarios, de los cuales 145.000 trabajan en la administración autonómica, 77.000 en la administración local y unos 18.000 en la administración estatal. Entre los empleados de la administración autónoma catalana, la Generalitat de Catalunya, hay casi 14.000 mossos d’esquadra (policías autonómicos) en plantilla más otros 1.500 estudiando. El horizonte policial autonómico catalán se cifra en disponer de una plantilla de unos 20.000 efectivos para 2015; varios países europeos soberanos tienen ejércitos cuyos efectivos son menores en número.

Para redondear este disparate resulta que además, en el conjunto de las administraciones públicas españolas, la tasa de temporalidad –es decir, el porcentaje de empleados contratados eventualmente, en general por procedimientos poco claros y desde luego contra la propia normativa vigente-, alcanza ya el 26%; uno de cada cuatro. En lo que concierne a la administración del Estado se reduce sin embargo al 8%, lo que significa que entre las administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones) y las administraciones autonómicas suman una tasa de contratación de empleados temporales simplemente inaceptable.

En suma, tenemos un Estado que a pesar de seguir ostentando un buen número de competencias compartidas o exclusivas, dispone para ejecutarlas de una plantilla de personal raquítica. Por el contrario las comunidades autonómas disponen de plantillas que no parece arriesgado estimar como sobredimensionadas, integradas en buena parte por personal contratado a dedo o en todo caso, fuera de los cauces previstos por la legislación aplicable.

Curioso, porque la "opinión publicada" y las charlas de café suelen darnos una visión diametralmente opuesta de este asunto.