Los bomberos ocupan la Bolsa de Madrid

La fotografía corresponde a una audaz acción desarrollada esta mañana por los bomberos de Madrid en el marco de la huelga general de la función pública celebrada hoy. Un grupo de bomberos ha ocupado el edificio de la Bolsa de Madrid portando sendas pancartas, que como se ve en la imagen señalan a los llamados "mercados" como los causantes de la crisis y a los ciudadanos comunes como quienes pagamos la avaricia de los delincuentes que manejan esos casinos planetarios.

La acción de los bomberos madrileños, imaginativa y pacífica, ha sido silenciada por la mayoría de los medios de comunicación españoles. Y es que ver a un grupo de trabajadores públicos invadiendo el templo sacrosanto de la especulación financiera debe producir sarpullidos en la sensible piel de nuestros empresarios periodísticos, cuyos medios han actuado casi en su totalidad como los más contumaces instrumentos de persuasión de la opinión pública a la hora de difundir las supercherías neoliberales sobre la situación, sus causas y sus posibles soluciones.

8 de junio, huelga general de la función pública en España

La huelga del 8 de junio de 2010 es mucho más que una huelga de funcionarios: es el primer grito colectivo contra la recién estrenada política económica y social ultrareaccionaria de Zapatero, aplicada por el Gobierno español al dictado de las mafias que mueven los llamados "mercados financieros internacionales", esas cloacas inmundas desde donde hoy se dirige y manipula el sistema capitalista global.

Un siglo y medio largo de luchas y de conquistas en materia de derechos de los trabajadores no puede haber sido en vano. No vamos a volver al capitalismo manchesteriano, por mucho que incluso quienes hace unos meses aún se decían socialdemócratas se rindan ahora sin condiciones a los enemigos de toda idea de democratización de las sociedades humanas y de avance de éstas en un sentido liberador.

Si finalmente ganaran los gánsters especuladores del FMI, Wall Street y los Casinos-Bolsa mundiales, sumados a la fronda de empresarios sin conciencia ni escrúpulos que en España han estado durante años apropiándose de plusvalías delirantes generadas en torno al negocio de la especulación inmobiliaria y que ahora reclaman rebajas de impuestos, no habrá futuro no ya para las clases populares y trabajadoras sino para nadie que no milite en las filas de quienes deberían encabezar las listas de los delincuentes más buscados del mundo.

Los funcionarios españoles van a librar la primera batalla en nuestro país. La huelga de mañana es un test para lo que vendrá en el futuro próximo. Si los trabajadores demuestran su fuerza, el Gobierno rectificará o caerá; si lo que se impone entre nosotros es el miedo y el pasotismo, las actuales dificultades serán nada en comparación con lo que vendrá. La huelga y la solidaridad son las únicas armas de los trabajadores. ¡Es el momento de usarlas!.

Un fantasma recorre Europa: el de la huelga general europea contra los especuladores que saquean las economías de nuestros países y contra los gobiernos débiles que se arrodillan ante ellos.

Los nuevos burócratas. La realidad del empleo público en España

Un artículo del diario La Vanguardia publicado el pasado 4 de noviembre, cifra el número total de empleados públicos existentes en España en 2.400.000. De ellos, la mitad, 1.260.000, trabaja en las administraciones de las comunidades autónomas, 600.000 en las administraciones locales y 550.000 en la administración del Estado.

Si tomamos el total de funcionarios que prestan servicio en la administración del Estado y descontamos las Fuerzas Armadas (unos 100.000 efectivos) y la Policía del Estado y la Guardia Civil (unos 140.000 en total), resulta que los empleados civiles de la administración estatal son apenas 310.000, para un Estado que teóricamente presta servicio a 44 millones de personas.

En Catalunya en concreto, hay en total 240.000 funcionarios, de los cuales 145.000 trabajan en la administración autonómica, 77.000 en la administración local y unos 18.000 en la administración estatal. Entre los empleados de la administración autónoma catalana, la Generalitat de Catalunya, hay casi 14.000 mossos d’esquadra (policías autonómicos) en plantilla más otros 1.500 estudiando. El horizonte policial autonómico catalán se cifra en disponer de una plantilla de unos 20.000 efectivos para 2015; varios países europeos soberanos tienen ejércitos cuyos efectivos son menores en número.

Para redondear este disparate resulta que además, en el conjunto de las administraciones públicas españolas, la tasa de temporalidad –es decir, el porcentaje de empleados contratados eventualmente, en general por procedimientos poco claros y desde luego contra la propia normativa vigente-, alcanza ya el 26%; uno de cada cuatro. En lo que concierne a la administración del Estado se reduce sin embargo al 8%, lo que significa que entre las administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones) y las administraciones autonómicas suman una tasa de contratación de empleados temporales simplemente inaceptable.

En suma, tenemos un Estado que a pesar de seguir ostentando un buen número de competencias compartidas o exclusivas, dispone para ejecutarlas de una plantilla de personal raquítica. Por el contrario las comunidades autonómas disponen de plantillas que no parece arriesgado estimar como sobredimensionadas, integradas en buena parte por personal contratado a dedo o en todo caso, fuera de los cauces previstos por la legislación aplicable.

Curioso, porque la "opinión publicada" y las charlas de café suelen darnos una visión diametralmente opuesta de este asunto.