Habrá Memoria Histórica, pero poca

El fragor mediático desencadenado por la publicación de la sentencia del juicio del 11-M, parece haber tapado por completo cualquier reacción ante la aprobación por Las Cortes de la ley de Memoria Histórica (LMH). Tal vez no se tratara de un efecto buscado, pero la coincidencia ha servido para desactivar buena parte de la controversia previsible; el silencio de la derecha postfranquista una vez perdida la batalla parlamentaria, resulta especialmente llamativo. En pocas palabras, huele a "pacto de Estado".

Las previsiones de la mayoría de analistas coincidían en suponer que Zapatero postergaría a la próxima legislatura la redacción final y consiguiente promulgación de una ley difícil, que le ha traído muchos quebraderos de cabeza a lo largo de toda la legislatura presente. Pero el gobierno español ha conseguido finalmente sacarla adelante, y contando además con un muy amplio respaldo parlamentario. Sólo el PP y ERC se han excluído del acuerdo final, lo que le permite a Zapatero presentar este texto como de carácter "centrista" al quedar fuera del consenso los "extremos" en esta materia (y en la mayoría de asuntos tratados en esta legislatura).

Si tal resultado -dejar fuera a los "extremos"- es fruto de la astucia del presidente del gobierno y sus asesores o una simple carambola, carece de importancia ahora. El hecho es que el contenido final de la LMH constituye un claro guiño a ése mítico electorado de "centro", que estaría tan interesado en una condena definitiva del franquismo como en que no se remueva demasiado el pasado. Ahora sólo falta que ese electorado exista, y que en las generales de marzo sea capaz de compensar con sus votos la decepción que los votantes de izquierda sienten (sentimos) ante esta ley alicorta y cojitranca.

Entrando en su contenido, la LMH tiene una sola virtud y muchos defectos. Su virtud es que de una vez por todas pone negro sobre blanco una condena total y sin paliativos del régimen franquista, situando su inicio en una rebelión militar contra el Estado democrático legalmente constituido, y condenando explícitamente la dictadura cesarista-militar instaurada durante cuatro décadas tras la victoria de los sublevados en la guerra que desencadenaron.

A partir de ahora al juicio de la Historia contra el franquismo -ya emitido hace muchos años-, se suma su explícita condena político-jurídica. En teoría pues, babosidades como las recientes declaraciones de Mariano Rajoy sosteniendo ante un micrófono que el franquismo fue un tiempo de "placidez extraordinaria", pueden ser denunciadas como apología del fascismo y acarrear consecuencias de tipo legal a quien las profiera. Ya veremos en la práctica, habida cuenta la ideología extremadamente conservadora -por decirlo de manera suave- que predomina de modo abrumador entre los miembros del aparato judicial del Estado, que son quienes en última instancia habrán de aplicar la ley.

La LMH denuncia asimismo los juicios políticos sumarios del franquismo y los declara ilícitos, pero "olvida" anularlos y remite a los tribunales tomar tal decisión en cada caso, de modo individualizado. Así que las familias de los victimizados deberán reclamar ante los tribunales, y aportar "nuevas pruebas" -¿de dónde van a sacarlas 70 años después del crimen legal?- de la injusticia cometida con su deudo. Naturalmente la respuesta de la judicatura -"extremadamente conservadora", recordemos-, será la misma que ya han formulado en los casos en que con anterioridad a la promulgación de la LMH se ha presentado recurso contra esos juicios espurios: dictaminar que no hay "elementos nuevos" que obliguen a modificar la sentencia emitida en su día; es decir, refrendar el asesinato cometido por los verdugos franquistas "matando por segunda vez" a los reos, tal como se ha escrito en reacción a alguna de esas vergonzosas resoluciones judiciales.

En el plano simbólico, la LMH obliga a retirar los símbolos franquistas del callejero de las poblaciones, y también los monumentos, placas y otros elementos de glorificación del régimen fascista español y de sus secuaces. Ocurre que tal trabajo se encomienda a comunidades autónomas y ayuntamientos, con lo que en la práctica se deja en manos de los responsables políticos locales la aplicación o no de la ley en su territorio. Es obvio que en la "zona nacional" coincidente con la geografía política en la que el PP detenta el poder local, perdurarán con "placidez extraordinaria" los elementos simbólicos franquistas.

Por lo demás, la intervención frailuna de CiU ha conseguido a última hora que se permita a la Iglesia católica mantener en sus edificios aquellos símbolos franquista de "valor artístico" cuyo desmontaje representaría, supuestamente, una merma del patrimonio. Es obvio que se trata de una excusa cobarde para no tener que enfrentarse a la Iglesia, a quien debería habérsele exigido hace mucho tiempo que retirara de las fachadas de sus locales esas placas sectarias en recuerdo de los "gloriosos caídos por Dios y por España" que lucen, y que al parecer seguirán luciendo por mucho tiempo. Una vez más CiU ha jugado a fondo su repugnante papel de correveidile de los poderes fácticos, y una vez más el gobierno español ha transigido ante el chantaje de éstos.

Otro elemento simbólico de primer orden, el llamado Valle de los Caídos, queda a resguardo del supuesto proceso de desfascistización. La ley permite seguir allí a la comunidad benedictina y se "prohíben" los actos de exaltación franquista en su recinto, posponiéndose para más adelante la decisión de qué hacer con ese mausoleo megalomaníaco erigido a la mayor gloria de Franco. Parece que IU ha conseguido cierto compromiso en el sentido de transformarlo en una especie de centro de la Memoria, algo así como un Museo de los Horrores del franquismo. Dudo mucho que ese proyecto se lleve a cabo, porque la intención gubernamental parece apuntar más bien a que el lugar sea progresivamente olvidado por todos, y quede reducido exclusivamente a la función puramente religiosa del monasterio manteniendo cerradas el resto de instalaciones; dentro de unos años se trasladarían los restos del dictador a un cementerio, y a esperar que la Naturaleza convierta el recinto de Cuelgamuros en una ruina irrecuperable.

La LMH no satisface por tanto a nadie de quienes la reclamamos pero al menos viene a poner punto final a una situación extravagante cual era que a 32 años del fallecimiento del mayor criminal de la Historia de España, aún estuviera pendiente en este país la condena formal y explícita de semejante personaje y del régimen político de terror y oprobio que creó.

Algo es algo pues, aunque como en el caso de tantas otras leyes con inicios tímidos -divorcio y aborto, por ejemplo-, habrá que seguir luchando para hacerla crecer hasta tener una verdadera ley de Memoria Histórica.