Endesa deja Barcelona a oscuras

Dos subestaciones que suministran electricidad a la ciudad de Barcelona y a algunas poblaciones cercanas han dicho basta, y han dejado la capital catalana a oscuras durante varios días en plena canícula.

En el guirigay de la confusión reinante se va abriendo paso la teoría de que el macroapagón habría sido causado por la coincidencia de dos sucesos, aparentemente desconectados entre sí aunque no ajenos del todo el uno al otro: la caída de un cable de alta tensión en una de las subestaciones, y un incendio fortuito en la otra; en el caso de esta segunda subestación llovería sobre mojado, pues al parecer en el último año ya se habían registrado otros dos "incidentes serios" en ella.

En realidad, el macroapagón barcelonés nada tiene que ver con la casualidad ni con la mala suerte. Este tipo de cosas suelen ocurrir cuando un servicio público estratégico y esencial es privatizado y puesto en manos de una partida de lobos vestidos con trajes italianos. El objetivo de la privatización en estos casos es, obviamente, aprovechar desde la "iniciativa privada" el régimen de monopolio del servicio y obtener mediante él plusvalías desaforadas.

Como quiera que los susodichos lobos gestores consideran que invertir en mantenimiento y mejoras es tirar un dinero que está mejor en sus bolsillos y en el de sus amos políticos, no cabe esperar sino la progresiva degradación de los servicios privatizados.

Es el caso de Endesa, a cuyo frente sigue –increíblemente- el señor Manuel Pizarro, aún después

de todo lo que ha llovido desde la OPA de E.ON –una empresa investigada judicialmente en su país por corrupción de políticos y ejecutivos en OPA’s anteriores-, y que ahora nos regala a los catalanes, obligados a consumir la electricidad que produce su empresa-monopolio, el testimonio más crudo del estado de abandono en que vive este gigante eléctrico con pies de barro.

En resumidas cuentas, éstas son las consecuencias de la política de privatizaciones que en el año 2000 ejecutó el gobierno Aznar a través de un experto en la materia de regalar patrimonio público a intereses privados de confianza llamado Josep Piqué, a la sazón ministro de Industria.

Como consecuencia de aquellos fabulosos pelotazos, numerosos servicios básicos fueron substraídos al dominio público y puestos en manos de ejecutivos palanganeros del PP; es el caso de la red eléctrica, entregada a un oligopolio dirigido por gente como Manuel Pizarro, al que por cierto, y según el diario electrónico El Plural, Rajoy tiene en su lista de "ministrables" para un futuro gobierno de la derecha española. De allí vienen los lodos actuales.

Ante este expolio del patrimonio creado con dinero público –es decir, salido de los bolsillos de todos los ciudadanos-, los políticos que gobiernan ahora las diferentes Administraciones dan la callada por respuesta. "No pueden meterse" en la privadísima gestión de Endesa, Telefónica, Repsol, Argentaria, Tabacalera, Iberia..., y se limitan a poner cara de circunstancias cuando los apagones encadenados convierten Barcelona en una verdadera Habana tardocastrista.

La pregunta que cabe formularse ahora es dónde queda en estos casos la famosa "libertad de mercado" que se supone regula el sistema económico en el que vivimos. ¿Dónde nuestra libertad de consumidores para mandar al infierno a Endesa y contratar con otra empresa? Imposible ejercer esa opción. Las Siete Hermanas eléctricas se han repartido España a cachos, y cada "famiglia" (en el más puro sentido Cosa Nostra del término) ejerce un férreo monopolio sobre el territorio que le ha tocado en suerte para ellos y en desgracia para nosotros. Catalanes y andaluces fuimos adjudicados a Endesa, y ya ven cómo nos luce el pelo.

En el primer semestre de 2007 Endesa ha ganado 1.200 millones de euros; sólo en junio último se embolsó 200 millones de euros limpios de polvo y paja. Es decir, dinero para que los barceloneses tengamos un servicio eléctrico no ya eficiente sino de verdadero lujo, lo hay de sobras. Entonces ¿a dónde van a parar esos beneficios, sino se invierten en mantener y mejorar el servicio?.

Harían bien en investigarlo don Cándido Conde Pumpido, Fiscal General del Estado, y el ubicuo juez Del Olmo, en vez de perder el tiempo persiguiendo caricaturistas de revistas humorísticas. Seguramente podrían ayudarles en esa labor clarificadora Pizarro, Piqué, Aznar y los directivos alemanes de E.ON, si fueran llamados a declarar.

Desde luego las sospechas son muchas y crecientes, y las "convicciones morales" sobre el destino final de esas ingentes sumas de dinero, todavía mayores.