En un episodio de la serie "House", el presidente del Consejo de Administración del hospital donde trabaja este médico, tan poco convencional en el estándar estadounidense de su profesión, le reprocha irritado que use caros procesos de exploración en pacientes sin recursos. "Usted trabaja aquí para hacer ganar dinero a los accionistas", escupe venenoso el ejecutivo. House pone cara de sorpresa y replica: ¡Anda! ¡Y yo que pensaba que era médico!".
Pronto, escenas como esta podrán tener lugar en la Sanidad Pública catalana. De hecho ya está sucediendo solo que de manera ilegal con los llamados "recortes sanitarios", primera fase de una muy planificada destrucción del sistema de salud público catalán, hasta ahora el mejor de España y tal vez uno de los mejores de Europa.
Desde que se formó el actual gobierno catalán los "recortes" se han estado llevando a cabo a la brava, solo para tantear el terreno. Pero ayer el gobierno catalán mostró por fin sus cartas y habló de un plan para privatizar íntegramente el sistema, troceándolo en 20 porciones que se administrarán de modo independiente como empresas con ánimo de lucro. Cada uno de los pedazos será entregado a una empresa privada constituida ex profeso (en realidad, una tapadera de las mutuas privadas y otros operadores interesados en la destrucción de la sanidad pública en su propio beneficio). El objetivo a alcanzar es que cada uno de los pedazos desmenbrados no solo sea autosuficiente financieramente, sino sobre todo que permita ganar dinero a los propietarios de la empresa gestora. Por tanto y por increíble que parezca, se reconocerá legalmente el "derecho" a lucrarse con la salud de quienes seguiremos cotizando mensualmente para mantener el sistema y somos por tanto sus legítimos propietarios, sus verdaderos y únicos accionistas. Estamos pues ante el MAYOR ROBO LLEVADO A CABO EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. Latrocinio gigantesco y no solo desde el punto de vista ético, sino también por la cuantía del botín y el número de atracados: un verdadero récord Guinness universal.
El desmembramiento de la sanidad pública catalana significa además la condena a muerte inapelable para innumerables pacientes que a partir de su puesta en marcha serán desatendidos por no ser rentables: los ancianos, los crónicos y asistidos, los enfermos terminales y aquellos con diagnósticos de enfermedades graves que exijan intervenciones costosas y largos tratamientos posteriores, serán expulsados sin remisión del sistema de salud. A todos se nos exhorta ya a dirigirnos a las mutuas privadas, verdaderas beneficiarias de este atraco indecente. En breve, la salud volverá a ser cosa de ricos.
Tengo entendido que Jiménez-Villarejo, el antiguo fiscal Anticorrupción, ha propuesto acciones penales contra quienes están pergeñando (y comenzando a ejecutar) este latrocinio descomunal. La vía penal es posiblemente la última línea de defensa legal frente a ellos, aunque dudo de su eficacia dados los intereses económicos en juego. Seguramente habrá que recurrir a otros métodos más contundentes. En todo caso, lo que no podemos hacer es esperar de brazos cruzados a que nos hayan robado cuanto hemos construido y seguimos construyendo con nuestro dinero.
Para empezar, una sugerencia: cuando alguien proponga en un medio, una emisora de radio por ejemplo, el "copago sanitario", coja el teléfono y llámele LADRÓN. Porque lo que estará proponiendo ese tipo es cobrarle dos veces por un mismo servicio, y eso es un delito tipificado en el código penal: se llama ESTAFA. Y si quien lo propone es un político o funcionario público, tiene la agravante de PREVARICACIÓN.
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