Chernóbil en Tarragona

El enésimo "incidente" nuclear en una de las centrales del complejo Ascó-Vandellós - que agrupa un total de cuatro plantas situadas muy próximas entre sí en la provincia de Tarragona, cerca de ésa ciudad y no muy lejos de Barcelona, y es propiedad en comandita de los monopolios eléctricos Endesa e Iberdrola-, viene a confirmar asimismo por enésima vez que los catalanes vivimos sentados no ya sobre un barril de pólvora, sino sobre un cuádruple reactor nuclear con más agujeros que un queso de Gruyère que, además, parece estar manejado por una banda de irresponsables sólo preocupados por obtener los mayores beneficios posibles.

Lo peor del caso es el estado verdaderamente cochambroso en que se hallan esas instalaciones, a las que el mismo Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acusa de estar "en mal estado de mantenimiento". Las continuas incidencias que se vienen produciendo en las centrales sólo se explican por la rapacidad voraz de las empresas eléctricas propietarias, que obtienen a través de esas plantas beneficios estratosféricos sin proporción alguna con las magras inversiones que realizan en seguridad.

Cuando no había pasado una semana desde que el CSN (que no es precisamente un organismo formado por antinucleares furibundos), impusiera una sanción de 22 millones de euros a Ascó I por una fuga radiactiva ocurrida en noviembre pasado y ocultada hasta abril -con el agravante de que según se publicó en todos los medios al conocerse el "incidente", los responsables de la central habrían manipularon las alarmas para que éstas no lo detectaran-, Vandellós II acaba de sufrir un incendio de tal magnitud que ha obligado a parar su funcionamiento. Según informa El País en su editorial de hoy, el incendio, que comenzó en las turbinas, ha sido de características similares al sucedido en 1989 y que obligó a cerrar Vandellós I. En un gráfico inquietante, el mismo periódico explica que sólo en 2008, Ascó I y Ascó II han sufrido en conjunto 13 "incidentes", otros 5 Vandellós II, 5 también Garoña, 3 Almaraz, otros 3 Trillo y 2 Cofrentes; incluso la central de Zorita, cerrada al haber acabado su vida útil, ha sufrido un incidente este año.

El repertorio de incidentes es de lo más variado: cortocircuitos, vibraciones, fugas de gases, explosiones... y desde luego, fugas radioactivas. Sin embargo, al decir del consorcio explotador de las instalaciones, éstos incidentes jamás suponen peligro para la salud y la vida de los propios trabajadores de las centrales ni, por descontado, para el resto de los ciudadanos. Como se ve, el cinismo de los gestores y beneficiarios de lo nuclear no conoce límites, más o menos como los beneficios que obtienen.

La experiencia de Chernóbil debió haber supuesto un escarmiento en cabeza ajena. Al parecer, y al menos en España, no ha sido así. En nuestro país continúa funcionando un puñado de centrales viejas, obsoletas, mal mantenidas y gestionadas por empresas sin escrúpulos, pero aún así -o quizá precisamente por la suma de todo ello- continúan siendo altamente rentables. Antes de que ocurra una catástrofe como la de la central ucraniana, los poderes públicos españoles deberían comenzar a tener presente que el interés colectivo está en abierta oposición con el de los explotadores de las centrales nucleares. Y el CSN tendría que ser un verdadero garante de la seguridad ciudadana en materia nuclear, y no el ladrón de gallinas puesto a vigilar el corral; al cabo, según los expertos, la supermulta de 22 millones de euros la amortizará Ascó I en dos o tres días de funcionamiento.