miércoles, 18 de abril de 2007

Pucherito melillense


Toda esta historia del PP y el apaño del voto por correo retrotrae a otras épocas. Concretamente a los años de la Restauración, cuando el llamado “turno de partidos” y el sufragio censitario dejaba los destinos del país en manos de un puñado de granujas que se repartían cargos y sinecuras con la alegría de los que se saben impunes, en tanto el resto de españolitos se lo miraba obligadamente desde fuera, malvendía su voto por unos reales o lo depositaba resignadamente sabedor de que los profesionales del pucherazo harían con él lo que les diera la gana.

Hoy las ciencias han adelantado que es una barbaridad, el progreso todo lo ha igualado y el Estado de derecho garantiza que eso del trasiego de votos a causa de los enjuagues y comistrajos caciquiles, como los nombraba don Manuel Azaña, es cosa del pasado.

O eso nos dicen. Porque la realidad es que el chalaneo, la tupinada y la manipulación de votos nunca han dejado de funcionar más o menos veladamente en este país. Recuérdense aquellos tiempos en que el PP gestionaba el voto por correo de los residentes gallegos en América Latina desde sus sedes en aquellas repúblicas hermanas. Recuérdese asimismo cómo emigrantes españoles en esos mismos países seguían votando impertérritos al PP de Galicia incluso después de haber fallecido; algunos de esos votantes ya llevaban décadas bajo tierra, los pobriños, cuando Fraga Iribarne descubrió su pasión por la democracia y hasta se hizo autonomista.

Nos explican que en un Estado de derecho, la función del voto por correo es ayudar a ejercer su derecho a aquellas personas con dificultades para acudir a la urna correspondiente el día de los comicios, y que si el procedimiento es laborioso y requiere la identificación uno a uno y con el carnet en la mano de quienes pretenden votar por correo, se debe precisamente a la voluntad de impedir situaciones como la que acaba de descubrírsele al PP en Melilla.

Pero en un Estado de derecho, uno no puede presentarse en una oficina de Correos y pretender llevarse 500 impresos de voto por correo –como ha hecho el dirigente local del PP José Imbroda, primo del presidente-alcalde melillense-, sin que los funcionarios presentes llamen inmediatamente a los guardias; en un Estado de derecho uno no puede descargarse un modelo de impreso de Internet carente de validez legal y pretender colarlo como impreso oficial de voto por correo, como ha hecho Ángel Acebes, sin que el Fiscal General del Estado no le abra de oficio un proceso por falsificación e incitación al delito; en un Estado de derecho, en fin, no se puede organizar un pucherazo electoral y salir luego en la televisión galleando que aquí no ha pasado nada, sin que luego haya que pagar en las siguientes elecciones una factura política de tal calibre que hunda en la miseria al partido responsable y le expulse para siempre de la vida política del país.

Lo de Melilla es apenas un pedazo de la tarta de podredumbre con la que viene alimentándose hasta la hartura el PP, desde mucho antes que existiera como tal partido bajo esas siglas concretas. En definitiva, así organizaba Fraga Iribarne los referéndums para Franco, y así se lo han aprendido sus discípulos.

1 comentario:

harazem dijo...

Pues a mí lo que me ha sobrecogido es el objeto originario de la investigación: la posible venta masiva de productos alimenticios caducados y reetiquetados fraudulentamente por parte de los comerciantes de la plaza de soberanía española a los moritos de abajo.

En el caso de las papeletas el fraude hubiera dado lugar a un pucherazo electoral.


En el caso de las etiquetas se juega con la salud y la vida de miles de personas.