
El juez Pedraz, de la Audiencia Nacional española, imputa a tres ministros chinos 200 muertos, 1.000 heridos y 6.000 "detenidos ilegales". Los ministros a los que Pedraz pretende encausar son nada menos que el de Defensa y dos responsables de la policía. El magistrado español se remite a hechos acaecidos antes de los Juegos Olímpicos de Pekín, durante las algaradas que elementos nacionalistas tibetanos supuestamente llevaron a cabo en Tíbet y en China. Que se sepa, entre los represaliados por las autoridades chinas no hay ningún ciudadano español.
Paralelamente, otro juez de la misma Audiencia Nacional, de apellido Velasco, se niega a actuar contra los responsables del centro de tortura y detención ilegal de Guantánamo, porque según él se trata de delitos cometidos "en el extranjero por extranjeros". El magistrado sostiene que EEUU es el país "mejor posicionado" para enjuiciar estos crímenes. En Guantánamo fue encarcelado ilegalmente y torturado durante años al menos un ciudadano español, el ceutí Ahmed Abderraman Hamed, alias Hmido, que hoy vive libre en su ciudad natal.
La duda que le asalta a uno es si la Audicencia Nacional es el reino de la hipocresía superlativa, o simplemente el lugar donde cada uno de los jueces allí destinados está facultado para hacer lo que le venga en gana. Si a esto le llaman justicia, que vengan Dios y su Santísimo Tribunal y lo vean. Entiéndanme, como ya he escrito alguna vez lo del Tibet me parece un ballet representado por falsarios, unos en el papel de autoridades chinas represoras y los otros en el de nacionalistas tibetanos reprimidos; los muertos, eso sí, son reales, como suele acontecer en estas mascaradas, y los ponen las clases populares tanto chinas como tibetanas. Pero es que cuando se hila tan fino como en este caso y en cambio se manda Guantánamo a la "competencia" de los tribunales norteamericanos, no cabe menos que sorprenderse por lo trucada que está la vara conque mide nuestra justicia cuando se pone a intervenir en asuntos internacionales.
Vara trucada que por cierto, es la misma que sigue rigiendo para los asesinos del cámara español José Couso, muerto a tiros en Bagdad durante la invasión de Irak por militares norteamericanos plenamente identificados. Ni la Audiencia Nacional ni nadie quiere tomar cartas en el asunto. ¿Por qué no se procesa al Comandante en jefe y al Secretario de Defensa que mandaban a esos asesinos? Impunidad e hipocresía.