Catalunya convulsa, España resignada

Mientras que los dos aldabonazos recibidos en las últimas semanas por la sociedad catalana - el estallido del caso Millet o caso Palau de la Música, que amenaza con convertirse en un proceso público a la burguesía catalana, y el caso Santa Coloma, que ha desvelado conexiones entre tramas corruptas de muy distinto signo incluso sociológico-, han resonado en toda su potencia en la prensa mesetaria, continúa por el contrario el interés de esos mismos medios por aguar el vino del caso Gürtel, nombre que se está demostrando limitado para abarcar la compleja red de corrupción político-administrativa-empresarial directamentamente vinculada al Partido Popular (PP) español.

Gürtel se extiende ya por toda la geografía española, incluido ese lugar entrañable para tantos "emprendedores" que es la isla Jersey, paraíso fiscal cuya soberanía debería reclamar un próximo gobierno de la derecha peninsular e isleña en cualquiera de sus facetas, incluida, según dicen lenguas maledicentes, la que esgrime como excusa ideológica para su dominación local la representación mayoritaria del nacionalismo vasco.

La corrupción política no es en España un fenómeno reciente. Hay rastros de que se practicaba con verdadera fruición en época romana, y desde luego durante los siglos del Imperio español y su decadencia arroja ejemplos contundentes y masivos. Todos los intentos regeneracionistas del país han tenido siempre como bandera la lucha contra la corrupción, y en ése enfrentamiento cabe situar buena parte de la responsabilidad de su fracaso, en la medida que los intereses atacados en ese combate purificador se han defendido una y otra vez con fuerza, revolviéndose como panteras contra los intentos de lavar la mancha, y en definitiva, de liquidar su poder. En las raíces del golpe de Estado militar del 17 de julio de 1936 hay dos actuaciones contra la corrupción que forzaron la respuesta de los afectados: la publicación del informe del general Picasso, sobre el modo corrompido hasta la traición a sus propios soldados en el que la oficialidad militar española condujo la guerra en Marruecos durante los años veinte, y el proceso por el escándalo llamado el Straperlo, que implicaba a los principales dirigentes de la derecha española durante los años treinta.

Ahora las investigaciones del juez Garzón han llevado al PP hasta la raya que señala el comienzo del desguace irreversible de un partido creado para gobernar, y que al parecer en estos años se ha convertido en una máquina de enriquecimiento ilegal de un número impresionante de dirigentes y militantes de esa formación política. También está muy cerca de reventar el ya muy tocado proyecto político de la derecha nacionalista catalana, a causa de un trabajo de investigación iniciado hace ya 20 años desde otras instancias judiciales, y cuyo arranque y mascarón de proa fue el caso Banca Catalana. Por el camino parece que Garzón se va a llevar por delante la estructura de poder municipal del Partido Socialista de Catalunya, en la que al olor del dinero fácil procedente de la especulación urbanística han acampado en las últimas dos décadas un buen puñado de granujas, que ahora muy a pesar empiezan a salir a la luz pública aunque dentro del partido sean viejos conocidos de muchos.

Frente a tal despliegue de actividad justiciera, la prensa mesetaria duerme el sueño de los cómplices. Unos finjen ignorar por completo el asunto, otros intentan como sea minimizarlo al máximo y algunos se desgañitan para hacernos creer que en realidad, los corruptos son "los otros", la izquierda en general y en particular, los socialistas. En el colmo de la desvergüenza y contra toda evidencia documental recolectada por la investigación policial y judicial, algunos dirigentes del PP han llegado a declarar y la perrera mediática a publicar que los negocios de Correa y compinches "emprendedores" eran con La Moncloa de Zapatero. Intoxicado por sandeces como esa, el ciudadano español medio apenas oye un cierto runrún del que no entiende nada y quiere saber menos.

Mientras en Catalunya la gente se escandaliza y patea exigiendo responsabilidades y desde luego cabezas, el resto de España se lo toma con una resignación casi italiana y en el fondo, hasta con cierta escasamente secreta envidia de los protagonistas. Y es que la corrupción en España se ha nteriorizado como parte inevitable de la vida pública, en tanto en Catalunya aún se percibe como una afrenta al resto de los ciudadanos que inevitablemente acarreará consecuencias electorales A nivel español, sin embargo, como digo, se la considera como parte del sistema de vida en cualquiera de sus niveles de una sociedad desencantada y poco dada a pelear en estas batallas, y se preveen por tanto escasas repercusiones electorales; alguna encuesta incluso atribuye, en unos futuros comicios, más escaños de los que tiene hoy el PP valenciano de Francisco Camps.

De cómo evolucione el modo en el que el conjunto de los españoles ve la corrupción y no sólo en el plano político de aquí a las próximas generales, dependen muchas cosas muy importantes, entre ellas el futuro de la democracia española. En cuestión de semanas vamos a tener señales decisivas en ese sentido.