El Partido Popular y la judicatura española se quieren un huevo y parte del otro

La extrema impudicia conque el aparato judicial valenciano -ése que dirige el amigo íntimo del presidente regional, Francisco Camps, según declaraciones del mismo inculpado-, ha pretendido enterrar las nada presuntas implicaciones -hay horas y horas de conversaciones telefónicas grabadas en cintas por la policía, que conectan la trama Gürtel con los dirigentes políticos de la derecha valenciana-, va a dar en los próximos días un fruto bien distinto al apetecido, en la medida de que lo único que ha conseguido es liquidar para siempre cualquier asomo de credibilidad que pudiera quedarle al sistema judicial español.

El archivo finalmente decidido de esta causa no es un caso aislado, ni mucho menos. Forma parte de una cadena de iniciativas judiciales integrada por dilaciones, sobreseimientos, sentencias escandalosas y toda clase de triquiñuelas leguleyas que aunque vienen de muy antiguo, han ido creciendo en número y descaro en los últimos tiempos, a medida que se va destapando policial y mediáticamente la fosa séptica de corrupción en la que chapotea el Partido Popular español (PP). A la larga es una batalla perdida y ellos lo saben, ya que resulta imposible evitar que se siga conociendo el grado de podredumbre que invade esa formación política, pringa a sus dirigentes y ha convertido en muladares las administraciones públicas gestionadas por ellos: es tal el tamaño de la bola de mierda y la cantidad de gente que hunde las manos dentro para pescar algo, que siempre habrá algún punto por el que se desfleque y pueda tirarse de un hilo que a su vez llevará inevitablemente a otros, y así sucesivamente.

El juez Flors acaba de decretar el archivo de la causa contra el presidente valenciano Francisco Camps, alias "el Curita" para los dirigentes de la trama de corrupción que le pagaba los trajes y las joyas de su familia, y según revela El País de hoy, los zapatos, los juguetes de sus hijos y hasta las entradas para el Cirque du Soleil. Ayer, el mismo diario informaba de cómo la consejera regional de Turismo y su predecesora y actual presidenta de las Cortes valencianas, fueron obsequiadas por Álvaro Pérez, el Bigotes, el "delegado" de la trama Gürtel en Valencia, con sendos relojes de lujo. El mismo Bigotes a quien se le grabó policialmente mientras comentaba por teléfono la pasión por los bolsos de Louis Vuitton que padece la alcaldesa de la ciudad de Valencia, Rita Barberá, que él solía obsequiarle personalmente con frecuencia. Francisco Camps dijo ante las Cortes valencianas y ante la prensa que no conocía a toda esa gente -Correa, Álvaro Pérez y compañía-, y que sus trajes se los pagaba él; mintió como un bellaco, tal como demuestra la cinta policial publicada por El País en la que Camps dice "querer un huevo"(sic) a Pérez (a) el Bigotes, y confirma la documentación de Gürtel intervenida, donde constan anotados los regalos en especie para buena parte de la dirigencia política derechista valenciana, incluido Camps.

Claro que todo esto puede parecer hasta poca cosa si se tiene en cuenta que uno de los apoyos político-mafiosos de Francisco Camps es el presidente de la Diputación provincial de Castellón, Carlos Fabra, un cacique a la vieja usanza cercado por casos judiciales, que a pesar del paso de los años siguen sin prosperar; en los últimos cinco años los líos de Fabra han tenido ocho jueces, y ninguno de ellos ha llegado a sentar en el banquillo a Fabra antes de dejar la plaza. Ahora parece que por fin se ha encontrado un juez a la medida del cacique, un tal Jacobo Pin, hijo de Emilio Pin, un abogado de extrema derecha y de la absoluta confianza del PP (fue cabeza de lista por Castellón de Alianza Popular en 1977). Pronto, pues, los casos contra Fabra serán archivados.

El conchabeo, la intima asociación y el intercambio de favores entre la judicatura y sus órganos de poder de un lado y la derecha política española del otro, convierten a este país en una república bananera carente de garantías constitucionales. ¿Cómo es posible que siga en su puesto el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de quien Francisco Camps se atrevió a decir en público que "no hay una palabra que defina el grado de amistad existente entre ellos dos"?. Si a eso no se le llama complicidad, la Real Academia de la Lengua debería revisar con urgencia la definición vigente.

Y en fin, ya sabemos que perro no come perro, pero ¿acaso no hay en toda la judicatura española un magistrado decente que meta de oficio el bisturí en tamaña bolsa de porquería?.