La Audiencia Nacional española acaba de dictar por medio del juez Andreu un auto sorprendente, por el que procesa a 40 militares ruandeses por "delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo por los hechos que ocurrieron en el país en los años 90", acusándoles de la muerte de más de cuatro millones de ruandeses y del asesinato de nueve españoles.
Según cuenta El País, "el actual presidente, Paul Kagame, no ha sido procesado porque la jefatura del Estado le concede estatus de inmunidad. Sin embargo, el magistrado advierte de que existen pruebas suficientes de la participación en la matanza". El juez Andreu "ha dictado órdenes de detención internacional contra los procesados, a quienes acusa de tomar el poder por la fuerza e instaurar un régimen de terror en el país realizando "horrendos crímenes" contra la población civil, la mayoría de etnia hutu. La estrategia de exterminio culminó "bajo el pretexto de razones de seguridad" con la "invasión y conquista" de la República Democrática del Congo.
Entre los crímenes de los que se acusa a los militares están las muertes de seis religiosos y tres cooperantes españoles en los campos de refugiados en los que trabajaban. De los testimonios aportados por los 22 testigos, se deduce que para asesinar a personas de raza blanca era necesaria una orden de la cúpula militar.
El auto se desliza luego hacia los terrenos del puro y burdo panfletarismo al cargar frontalmente contra la ONU, a quien se responsabilidad "en alto grado" de las matanzas, pues su agencia para los refugiados, ACNUR, "puso en marcha un programa de repatriación forzosa a partir de 1996 en los campos de refugiados de Congo, donde había más de un millón de ruandeses. El programa provocó una matanza aún mayor cuando regresaban a Ruanda. Además, a los refugiados que no querían regresar, ACNUR les amenazaba con regresar al día siguiente con los soldados, por lo que muchos eligieron el suicidio". Nadie, jamás, tuvo noticia de lo que se relata en ése párrafo, que contradice abiertamente cuanta información se ofreció en su momento y figura en las hemerotecas.
El auto del juez Andreu se produce, dice El País, "después de que el Foro Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos interpusiera una querella en la Audiencia Nacional en 2005 contra los dirigentes de Ruanda por el asesinato de nueve españoles".
La verdad es que al auto no hay por donde cogerlo. De entrada, resulta como mínimo sorprendente que se procese a hombres pertenecientes precisamente a la etnia masacrada en las brutales matanzas de los años noventa en Ruanda, los tutsis. En efecto, el Gobierno actual de Ruanda está formado por tutsis (etnia minoritaria en el país) y hutus moderados (es decir, aquella parte de la etnia mayoritaria que no se implicó en las matanzas). Las matanzas de Ruanda fueron como es sabido y probado, incitadas y convocadas por la Iglesia católica local, de etnia hutu y lengua francesa, y conectada desde siempre con los intereses políticos, económicos y militares franceses en la región. Desde la radio católica de la capital ruandesa, Radio de Las Mil Colinas, se llamó a los hutus a masacrar a los tutsis (existen grabaciones estremecedoras de esos programas radiofónicos), y en esa tarea macabra de asesinar hombres, mujeres y niños indefensos participaron activamente y no sólo como inductores clérigos católicos y miembros de la jerarquía eclesiástica ruandesa, incluído algún obispo procesado años después.
Los tutsis supervivientes (de lengua inglesa y protestantes) huyeron al Congo, donde se organizaron militarmente con apoyo de EEUU, retornaron a Ruanda y derribaron a tiros al gobierno hutu genocida. Es decir, los refugiados en el Congo eran los perseguidos por un gobierno genocida y por tanto, cuando éste cayó y la guerrilla tutsi tomó el poder, regresaron a su país. Es absurdo sostener pues que "fueron masacrados al retornar", ¿por qué iban a masacrarles los suyos?. Ni la ONU ni ningún organismo internacional ni ONG independiente alguna ha acusado a los tutsis de vengarse mediante otro genocidio, al contrario: siempre se le ha reconocido internacionalmente al actual Gobierno sus esfuerzos en pro de la reconciliación entre comunidades, y su interés en paliar los efectos brutales del genocidio ruandés.
Más tarde las fuerzas ruandesas del Gobierno de Paul Kagame ocuparon el este del Congo y contribuyeron a derribar a Mobutu (otro peón de los franceses), substituyéndolo por Kabila (peón de los norteamericanos). En suma, lo que se está librando en esta parte del mundo desde los años sesenta es una guerra geoestratégica feroz por causa del choque entre dos imperialismos, el francés y el norteamericano, por el control de los recursos naturales de Africa. Las piezas del dominó van cayendo a favor de EEUU en la dirección Este a Oeste, y los regímenes títeres de Francia van quedando constreñidos a la franja atlántica del continente. En esa estrategia, la Iglesia católica y francófona pugna duramente desde hace décadas con los misioneros protestantes anglosajones, y presta apoyo logístico y legitimación ideológica a los regímenes afines. Hace algunos años, sin ir más lejos, un fiscal italiano implicó al entonces arzobispo de Barcelona, Ricard Maria Carles, en una trama que obtenía miles de millones de dólares en la región de los Grandes Lagos controlando toda clase de tráficos de esos que en Occidente se consideran ilegales; Carles llegó a estar reclamado por la justicia italiana, no pudiendo viajar a Italia hasta que se consiguió enterrar el asunto y archivar la investigación , tras haber apartado al fiscal husmeador del caso y haberle arruinado la carrera profesional.
Es en ese contexto de lucha entre diferentes sectas cristianas en el marco de un conflicto geoestratégico en el que hay que insertar la muerte de los nueve religiosos y supuestos cooperantes españoles, así como la de misioneros de otras sectas cristianas enfrentadas a la católica.
Lo que está ocurriendo ahora con Ruanda es consecuencia de que el Gobierno de reconciliación tutsi-hutus moderados pusiera en su momento en el disparadero a la Iglesia católica, al denunciar ante el mundo con apoyo de ACNUR su participación en el genocidio ruandés. La Iglesia católica internacional se venga promoviendo una campaña de acoso al gobierno de Kagame, y para ello no duda en usar organizaciones afines (sólo hay que ver qué personas integran ese "Foro Internacional para la Verdad y la Justicia": nombres como Pérez Esquivel y Mayor Zaragoza, sin ir más lejos).
Resulta extremadamente penoso que en esa campaña se implique a la Audiencia Nacional española en el intento torticero de desviar las responsabilidades históricas del genocidio ruandés, falsificando la Historia al convertir a las víctimas en verdugos, aprovechando que el paso del tiempo y la desinformación de nuestras sociedades permite esta clase de manipulaciones.
De triunfar esta estrategia y sentirse los criminales impunes, no sería nada extraño que intentaran repetir su estremecedora contribución a la Historia Universal de la Infamia.
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