El pasado 25 de agosto, el diario El País publicaba una noticia de esas que hay que leer dos veces para creerse que algo así sea posible. El titular es demoledor: "Aragón estudia sancionar la exhumación de dos fusilados".
Resulta que el Gobierno aragonés ha enviado una carta a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de esa comunidad, advirtiéndoles de que al desenterrar los restos de dos ciudadanos asesinados por los franquistas durante la mal llamada guerra civil han podido cometer una "infracción grave", por la que se le podría imponer una multa cuyo importe oscilaría entre un mínimo de 60.000 y un máximo de 300.000 euros.
La presunta "infracción grave" la cometió la ARMH cuando decidió abrir una fosa común en Valderarnero (Calatayud) el pasado 17 de julio. La carta del gobierno aragonés requiriendo un informe "detallado" de la actuación llevada a cabo y amenazando con "la posible incoación de un expediente sancionador", está fechada el 24 de julio.
Llama la atención tanta diligencia en una administración autonómica española, que si por algo suelen caracterizarse no es precisamente por su prontitud en la respuesta al menos cuando actúan a instancia de parte. Por ejemplo, uno tiene algo más que dudas de que en el territorio de Aragón se haya llevado a cabo la total retirada de símbolos franquistas, prescrita en su día por una ley de ámbito español (y por tanto superior y obligatorio para el nivel autonómico).
El vicepresidente de la ARMH, Santiago Macías, manifestaba al diario su confianza en que el Gobierno de Aragón no cumpla su amenaza. "Si lo hace, estará castigando a los familiares de las víctimas, que son los que promueven la apertura de ésta y de todas las fosas". Dice el señor Macías que ellos pidieron permiso al Ayuntamiento de Calatayud, que además, "era propietario del terreno donde se encontraba el enterramiento clandestino y nos lo dio".
No conozco de nada a don Santiago Macías, pero me parece un hombre dotado de una buena fé inagotable. Uno hace tiempo que dejó de hacerse ilusiones en relación a don Marcelino Iglesias, presidente del gobierno regional aragonés, y de la gente que le rodea. Recuérdese el feo asunto de Gran Scala, el presunto proyecto de convertir la comarca de Los Monegros en un macro Las Vegas a la española, impulsado por unos "inversores" de quienes lo poco que se sabe no es precisamente bueno y en el que el Gobierno de Aragón se ha implicado de hoz y coz, cambiando incluso la legislación autonómica en materia de ordenación territorial para facilitar a los supuestos inversionistas la presunta compra de terrenos. Si alguien que dice ser de izquierdas es capaz de actuar así, no puede extrañar mucho que haga suyas las decisiones de un burócrata que se atreve a amenazar por carta a unos familiares de ciudadanos asesinados, que sólo pretenden recuperar los restos de sus deudos setenta y tantos años después de que fueran arrojados a una zanja ("enterramiento clandestino", lo llama hiperbólicamente el señor Macías).
Si a don Marcelino Iglesias le queda algo de socialista -es una posibilidad retórica, obviamente- o incluso simplemente de gestor preocupado por el bienestar moral y material de sus administrados y el respeto a quienes murieron por defender principios que se supone él comparte, debería inmediatamente echar a patadas de su Gobierno aragonés al imbécil que firmó la carta dirigida a la ARMH el 24 de julio de 2009. Y seguidamente, disculparse por escrito ante el señor Macías y esa Asociación.
Resulta que el Gobierno aragonés ha enviado una carta a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de esa comunidad, advirtiéndoles de que al desenterrar los restos de dos ciudadanos asesinados por los franquistas durante la mal llamada guerra civil han podido cometer una "infracción grave", por la que se le podría imponer una multa cuyo importe oscilaría entre un mínimo de 60.000 y un máximo de 300.000 euros.
La presunta "infracción grave" la cometió la ARMH cuando decidió abrir una fosa común en Valderarnero (Calatayud) el pasado 17 de julio. La carta del gobierno aragonés requiriendo un informe "detallado" de la actuación llevada a cabo y amenazando con "la posible incoación de un expediente sancionador", está fechada el 24 de julio.
Llama la atención tanta diligencia en una administración autonómica española, que si por algo suelen caracterizarse no es precisamente por su prontitud en la respuesta al menos cuando actúan a instancia de parte. Por ejemplo, uno tiene algo más que dudas de que en el territorio de Aragón se haya llevado a cabo la total retirada de símbolos franquistas, prescrita en su día por una ley de ámbito español (y por tanto superior y obligatorio para el nivel autonómico).
El vicepresidente de la ARMH, Santiago Macías, manifestaba al diario su confianza en que el Gobierno de Aragón no cumpla su amenaza. "Si lo hace, estará castigando a los familiares de las víctimas, que son los que promueven la apertura de ésta y de todas las fosas". Dice el señor Macías que ellos pidieron permiso al Ayuntamiento de Calatayud, que además, "era propietario del terreno donde se encontraba el enterramiento clandestino y nos lo dio".
No conozco de nada a don Santiago Macías, pero me parece un hombre dotado de una buena fé inagotable. Uno hace tiempo que dejó de hacerse ilusiones en relación a don Marcelino Iglesias, presidente del gobierno regional aragonés, y de la gente que le rodea. Recuérdese el feo asunto de Gran Scala, el presunto proyecto de convertir la comarca de Los Monegros en un macro Las Vegas a la española, impulsado por unos "inversores" de quienes lo poco que se sabe no es precisamente bueno y en el que el Gobierno de Aragón se ha implicado de hoz y coz, cambiando incluso la legislación autonómica en materia de ordenación territorial para facilitar a los supuestos inversionistas la presunta compra de terrenos. Si alguien que dice ser de izquierdas es capaz de actuar así, no puede extrañar mucho que haga suyas las decisiones de un burócrata que se atreve a amenazar por carta a unos familiares de ciudadanos asesinados, que sólo pretenden recuperar los restos de sus deudos setenta y tantos años después de que fueran arrojados a una zanja ("enterramiento clandestino", lo llama hiperbólicamente el señor Macías).
Si a don Marcelino Iglesias le queda algo de socialista -es una posibilidad retórica, obviamente- o incluso simplemente de gestor preocupado por el bienestar moral y material de sus administrados y el respeto a quienes murieron por defender principios que se supone él comparte, debería inmediatamente echar a patadas de su Gobierno aragonés al imbécil que firmó la carta dirigida a la ARMH el 24 de julio de 2009. Y seguidamente, disculparse por escrito ante el señor Macías y esa Asociación.
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2 comentarios:
Es triste ver que una parte de la sociedad no tiene, o no puede ejercer, los derechos de los que la otra parte de la sociedad disfruta.
¿Cuantos falsos socialistas vamos a tener que soportar dentro del PSOE?.
Aqui si que tendria ZP que tomar cartas en el asunto si no quiere quedar como otro falso socialista.
Marian
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