La nueva financiación catalana y la hipocresía españolista

Suele ocurrir en España que las iniciativas que parten de Catalunya son acogidas con gran escándalo por la derecha y buena parte de la izquierda "de ámbito estatal". Cualquier propuesta catalana destinada a mejorar el nivel de autogobierno es acogida de inmediato como un egoísta e insolidario intento de “los catalanes” de apropiarse en beneficio propio de lo que es "de todos los españoles".

Así sucedió por ejemplo con el nuevo Estatut, saludado por el españolismo de todos los colores como una tuneladora a reacción que pretende adentrarse en las entrañas de los Presupuestos Generales del Estado para barrenarlas, además de ser instrumento de la ruptura y desaparición de España como concepto político-jurídico. La guerra en su contra fue tan feroz, que se cobró la cabeza del entonces president de la Generalitat catalana y dañó gravemente las relaciones entre PSC y PSOE. Ocurre sin embargo que una vez conocido el contenido de la propuesta estatutaria catalana, sus más feroces críticos -que no sólo estaban en el PP, recuerden al entonces presidente andaluz, Manuel Chaves (PSOE)-, corrieron a elaborar nuevos estatutos para sus comunidades cuyos contenidos fusilaban párrafos enteros del catalán. Francisco Camps, el presidente valenciano (PP) llegó a decir que exigía para Valencia exactamente las mismas competencias que obtuviera Catalunya en su reforma estatutaria. Y así, todos los demás.

Con la financiación autonómica pasa exactamente lo mismo. Políticos y publicistas catalanes se han (nos hemos) empeñado en explicar desde hace años que a Catalunya el traje autonómico le revienta por las costuras hace mucho tiempo, y que es imposible que funcionen servicios sino hay recursos asignados suficientes. Las infraestructuras, los equipamientos y las prestaciones sociales que percibe el ciudadano residente en Catalunya pierden calidad de modo acelerado, proporcional a la creciente falta de fondos para hacer frente a los gastos que comportan. Y sin embargo somos una comunidad que contribuimos con un esfuerzo fiscal muy notable al sostenimiento del Estado y de otras comunidades autónomas que no tienen nuestra capacidad de generar recursos vía impuestos directos o indirectos. Sucede que los catalanes pagamos mucho más de lo que recibimos, y eso no es justo; y desde luego, no hace falta ser nacionalista para darse cuenta de que además de ser injusto resulta discriminatorio y a la larga, catastrófico.

Da risa oír a políticos españoles del PP, PSOE o IU invocar la famosa “igualdad” entre todos los ciudadanos españoles, como argumento presuntamente irrefutable contra la pretensión catalana de que se reestablezca un equilibrio real entre lo que aporta Catalunya al conjunto del Estado y lo que recibe de éste. Más que nada porque esa “igualdad” que invocan es esencialmente generadora de desigualdades, en la medida de que pretende poner en el mismo nivel lo que son magnitudes que no admiten comparación. Pretender por ejemplo, que para ser “iguales” como españoles un jubilado de Villanueva de la Serena y otro de Hospitalet de Llobregat deben recibir exactamente la misma pensión, es contribuir a mantener una situación discriminatoria de hecho que penaliza gravemente al residente en la comunidad catalana, ya que el coste de la vida es tan diferente en una y otra población, en uno y otro territorio, que anula cualquier posible comparación. De eso saben mucho las personas que luego de tener organizada su vida en otra comunidad española son trasladados a Catalunya, donde de repente tienen que hacer frente a gastos en materia de vivienda, alimentación, transporte, educación y ocio que superan con creces los niveles a los que estaban acostumbrados.

Con los servicios públicos ocurre exactamente lo mismo. No es sólo que sus costes en Catalunya sean superiores a los que tienen en otras comunidades, que lo son y mucho, sino que al aumentar de modo exponencial sus usuarios en los últimos años y no ser financiados de modo adecuado, se están degradando de un modo alarmantemente acelerado y en algunos casos, difícilmente recuperable. Sin ir más lejos, la sanidad pública catalana que fue pionera y vanguardia de la española durante décadas, se encuentra ahora prácticamente al borde del colapso porque carece de recursos no ya para mejorar, sino simplemente para mantener los niveles de servicio que viene prestando. Para conocer cómo desde hace años el edificio de los servicios públicos, esos que conforman el núcleo duro del Estado del bienestar, se está cayendo a pedazos en Catalunya, basta dar un vistazo a los libros y artículos del profesor Vicenç Navarro; de punta de lanza, estamos pasando a ser furgón de cola de España en todos esos rubros.

La irritación de los catalanes proviene del hecho de que los recursos existen y están muy cerca de nosotros: son los impuestos que pagamos entre todos los residentes en esta comunidad. Salvo la minoría independentista, nadie en Catalunya plantea que los impuestos pagados por los catalanes deban revertir de modo exclusivo en el país; muy al contrario, lo que se dice es que debe existir una proporcionalidad entre lo que se aporta y lo que se recibe. Y desgraciadamente esto no es así.

La nueva financiación catalana pactada ahora no es en realidad ni siquiera un paso hacia el concierto autonómico al modo vasco, sino tan sólo el parcheo -destinado a durar más o menos una década- de un problema que siendo esencialmente económico, fuera de Catalunya se reviste de ideología para negarlo y combatir cualquier posible solución que modifique la situación actual. Porque el Estado y algunas comunidades autónomas entienden que cualquier mejora en el retorno a los catalanes de una parte de los impuestos que pagan éstos, va a ir directamente en detrimento de sus propios intereses. Es entonces cuando tocan a rebato la campana del somatén catalanófobo para reclamar “igualdad financiera” entre “los hombres y las tierras de España”, eufemismo que traducido al castellano significa lisa y llanamente que no están dispuestos a perder fuentes de financiación de sus privilegios.