En Barcelona, la Guardia Civil ha irrumpido en clínicas autorizadas donde por voluntad de las mujeres afectadas se practica la interrupción de embarazos, deteniendo a propietarios y médicos y llevándose toda la documentación que han encontrado a su paso (según los medios, tanto la concerniente a casos que supuestamente son abortos ilegales como la relativa a interrupciones practicadas en los supuestos, modos y formas señalados por la ley vigente).
Casi al mismo tiempo, un juez instructor de Granada ha citado a declarar a cuatro científicos del Banco Andaluz de Células Madre por sus investigaciones con preembriones, tras la apertura de diligencias previas ante una denuncia presentada por una mujer en Santiago de Compostela, según han confirmado fuentes de la Delegación de Salud de la Junta andaluza. Según la denunciante, el trabajo con preembriones es un "atentado contra la vida" que además es "anticonstitucional", tal como se recoge en la denuncia presentada inicialmente en el juzgado de guardia compostelano.
Vivimos pues en una sociedad donde las garantías constitucionales quedan al albur de creencias fantásticas del tipo "los embriones humanos tienen alma insuflada por Dios desde el momento mismo de la concepción", y de que por ejemplo, comulguen con este tipo de creencias una transtornada de Santiago de Compostela, un juez granadino que parece tener bastante tiempo disponible (será que los casos de corrupción inmobiliaria en su demarcación le ocupan poco), y un oficial de la Guardia Civil en Barcelona que evidentemente "cumple órdenes" de quien puede darlas, que probablemente habrá sido otro juez, en este caso muy preocupado por los derechos de los nonatos y algo menos por los de las mujeres que contra su voluntad los llevan dentro.
A esta clase de situaciones se le llama, lisa y llanamente, inseguridad jurídica. Y dan miedo, por la indefensión que producen.
Recordemos que cuando gobernaba el PP, al actual ministro de Sanidad ya le amenazaron en su día con meterlo en la cárcel si seguía investigando con células madre. Según ha contado el mismo Bernat Soria, el recado le llegó a impulso nada menos que de Ana Botella, a la sazón esposa del entonces presidente del Gobierno español, José María Aznar, y se lo transmitió en persona un fiscal a las órdenes de Jesús Cardenal, entonces Fiscal general del Estado. O sea, que nada de todo esto es nuevo.
Al parecer la denuncia de la señora gallega incluye la petición de que el juez de instrucción granadino que le ha dado curso practique una serie de diligencias, entre las que se incluyen, según el diario Ideal de Granada, "la consignación en el juzgado de artículos publicados por un investigador valenciano."(sic). No es difícil deducir que el tiro apunta directamente a la cabeza de Bernat Soria.
Tampoco hay que extrañarse mucho de que pasen estas cosas. Es obvio que estamos en vísperas electorales, y que la ultraderecha parlamentaria española está sacando toda la artillería pesada en aras a minimizar sus propios daños en marzo próximo; y ya se sabe que los juzgados son una de las debilidades de esta gentuza, entre otras cosas porque saben que allí juegan en casa.
Con todo, y más allá de las motivaciones dictadas por el puro oportunismo electoral del PP, llama la atención y resulta muy preocupante que una parte de la sociedad española continúe anclada en la creencia de que la magia debe seguir imponiéndose a la razón en el ordenamiento de nuestra vida cotidiana. A pesar de todas las modernizaciones y de los avances habidos, ésta sigue siendo en gran parte la España de las mentalidades fijadas en el pensamiento mágico como filtro de todas las cosas.
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