Carlos Fabra y la gusanera valenciana

En el País Valenciano pasan cosas como que haya policías que dispersen manifestaciones llevando una foto de Franco prendida en el uniforme (El Cabanyal), que el presidente del Tribunal Supremo local sea "más que amigo" (sic) del presidente autonómico encausado por corrupción (según declaración de éste), o que a los funcionarios de la Agencia Tributaria en la región se les pase por alto que un tipo al que la declaración de renta anual le sale negativa haya ingresado 3'6 millones de euros en un plazo de tiempo obscenamente corto, y que además deba 1'7 millones de euros al fisco (caso Carlos Fabra).

La corrupción en Valencia es pues no tanto un fenómeno económico sino sobre todo moral. Es imposible que la especulación urbanística, que ha arrasado por completo el litoral levantino, haya podido actuar sin la complicidad de los políticos locales, de elementos de los aparatos del Estado en la región y de una buena parte de la ciudadanía valenciana. Los beneficios de la corrupción riegan sectores sociales muy amplios, ya que como aseguraba El Roto en una de sus radiografías dibujadas, "la corrupción crea empleo". El resultado final es un clima de degradación general, una gusanera infecta en la que florecen todo tipo de fraudes y negocios ilegales.

Uno de los cabecillas destacados -aunque no el único protagonista- de este tinglado mafioso es Carlos Fabra, presidente de la Diputación provincial de Castellón. Cuatro generaciones de Fabras se han sucedido al frente de la Diputación castellonense, desde que el bisabuelo del actual, un campesino que iba en alpargatas, se hiciera multimillonario vendiendo suministros durante la última guerra carlista, en pleno siglo XIX. Llamar caciques a los Fabra es pues poco descriptivo; habría que buscar un término nuevo y más cercano a la realidad.

Durante años Carlos Fabra y su partido, que naturalmente no podía ser otro que el Partido Popular (PP), han maniobrado para hacer naufragar las múltiples causas judicales abiertas contra Fabra por corrupción, cohecho, fraude fiscal y tráfico de influencias. Un rosario de jueces y fiscales se han sucedido al frente de la causa que ahora se acaba de ventilar sin que ninguno de ellos se atreviera o quisiera sacar adelante el caso, hasta que finalmente se encontró el juez adecuado, uno cuya afinidad al PP (por decirlo finamente) debería inhabilitarle para entender en este proceso. La consecuencia final ha sido la absolución de Fabra de la mayoría de cargos no porque se le considere inocente, sino porque contra toda evidencia se asevera que sus delitos "han prescrito". Ocurre que efectivamente han pasado más de 5 años desde que se le abrió proceso por fraude fiscal, pero cualquier estudiante de Derecho sabe que al abrirse investigación pericial se paraliza el reloj y no cuenta el tiempo transcurrido hasta que se cierra dicha investigación. Escandalosamente, el juez no ha tenido en cuenta esta circunstancia, y da o intenta dar carpetazo al asunto, que naturalmente la Fiscalía Anticorrupción va a recurrir ante instancias superiores.

No estaría de más por tanto someter a investigación la actuación del juez en este caso. El auto que ha parido, según oí anoche en la SER, no es que resulte inconsistente y barroco, es hasta ilegible en su torpeza por intentar legalizar lo que a todas luces no es una sentencia sino un traje cortado a medida del encausado.

La eufórica reacción del PP ante la sentencia -exultantes han estado González Pons, Arenas, el propio Rajoy- confirma hasta dónde llegan las complicidades con Carlos Fabra. Máxime si se tiene en cuenta que lo ahora proclamado no es la inocencia del acusado, sino la supuesta prescripción de sus delitos. Pero ya se sabe que en Gürtel-PP estas son las sentencias que les gusta celebrar: aquellas que proporcionan impunidad a sus compinches.