Tribunal Supremo: el supremo desmadre franquista

Tras un juicio celebrado presuntamente con todas las garantías constitucionales habidas y por haber, el Tribunal Supremo acaba de confirmar la condena impuesta al actor Pepe Rubianes "por vulnerar el derecho al honor del alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, del Partido Popular (PP)" (sic).

Dice El País de hoy que la condena "fue dictada en 2007 por la Audiencia de Salamanca, que consideró probado que Rubianes había escrito en un portal de noticias sobre los papeles de Salamanca" una serie de calificativos destinados al susodicho alcalde ("idiota" y "desgraciado") "por su postura, contraria a la salida de los papeles del Archivo de la Guerra Civil". Finaliza la breve nota del diario madrileño informando que "En primera instancia, se desestimó la demanda del alcalde. La sentencia fue revocada por la Audiencia de Salamanca y ahora ha sido ratificada por el Supremo".

El asunto resultaría en sí bastante anodino sino fuera por el pequeño detalle de que Pepe Rubianes lleva 15 meses muerto, ya que falleció el 1 de marzo de 2009. Y sin embargo el Supremo "ratifica" ahora la sentencia, es decir le da validez plena.

Lo importante del caso no es que el Supremo, ése mismo alto tribunal que dedica su valioso tiempo a intentar arrancarle la cabellera al juez Garzón por intentar investigar los crímenes del franquismo y la trama de corrupción Gürtel, entre otros graves y altos asuntos patrios, tenga a bien invertir una parte de ese bien tan escaso en atender un rifirrafe tan ridículamente menor cual es que ciudadano llame a otro "idiota" y "desgraciado" (entre paréntesis, a estas horas deben estar frotándose las manos en los programas "rosas" de Telecinco y Antena 3, imaginando la cantidad de demandas entre el famoseo nacional que a partir de ahora pueden acabar desenvocando en las salas de tan severo Tribunal, con la consiguiente repercusión favorable que ello tendría en los índices de audiencia de esos programas). Lo substancioso de este caso es sin embargo, el descaro conque el Tribunal Supremo aplica en este caso una vara de medir tramposa y por qué no decirlo, repugnantemente parcial y teñida de ideología de la peor especie. Me explicaré.

El fundamento mismo de la querella contra Baltasar Garzón, promovida y desarrollada con la bendición del Supremo, arranca precisamente de la constatación de que este juez pretendió actuar contra personas ya fallecidas cuando decidió abrir causa contra los crímenes del franquismo. Recordemos las risas en la perrera mediática cuando Garzón pidió el certificado de defunción del dictador Francisco Franco: "¿Garzón no sabe que Franco está muerto? jajaja". Los voceros de la caverna y las alcantarillas fingían olvidar que en España no puede encausarse -ni por tanto, absolverse o condenar- a un fallecido. Por eso Garzón pidió el certificado de defunción de Franco, para que legalmente quedara asentado el rumbo que debía tomar el caso; lo que pretendía Garzón en suma no era procesar a Franco, naturalmente, sino abrir una vía legal para la condena del régimen franquisma y la reparación de sus víctimas. Este procedimiento es el que está a punto de costarle la carrera judicial, en acción nominalmente iniciada por dos grupúsculos fascistas y legalmente amparada por el Tribunal Supremo. El mismo Tribunal Supremo que sin embargo, no tiene empacho en ratificar una sentencia contra un ciudadano ya fallecido que llamó idiota a un individuo al que por cierto, y vista su actuación en el llamado caso de los papeles de Salamanca, cabría llamar cosas bastante más fuertes. Ocurre que el ahora sentenciado en firme por esta banda de marrulleros con toga era un "rojo" irredento, al que por lo visto no bastaba cuando estaba vivo con amenazarle de muerte a través de los controladísimos "incontrolados" de siempre: había que escarnecerle incluso después de muerto mediante una sentencia ejemplar.

En resumidas cuentas, el Tribunal Supremo acaba de proclamar "urbi et orbe" que el honor de un botarate es un bien que debe ser objeto de protección y reparación en su caso, pero no así la memoria y la dignidad de cientos de miles de españoles asesinados por el mayor criminal de la Historia de España.

Esta es la justicia española, y éste el Estado de derecho que dicen tenemos.