El 23-F judicial español

Finalmente, y como se preveía, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suspendido en sus funciones al juez Baltasar Garzón. Un puro trámite, pues evidentemente el CGPJ no podía hacer otra cosa ahora, en la medida en que al ser procesado Garzón por su colega (y enemigo acérrimo) Luciano Varela, el juez encausado no puede seguir ejerciendo hasta que se celebre el jucio y haya sentencia. Sin embargo, en los últimos días hubieron movimientos a fin de que el propio CGPJ al tiempo que supendía a Garzón, le autorizara a trasladarse a La Haya como asesor del Tribunal Internacional de Derechos Humanos, salida que el CGPJ le ha negado, seguramente por afán de venganza y humillación contra el derribado juez, pero sobre todo porque el ridículo de la magistratura española ante el universo mundo hubiera sido oceánico, caso de haber permitido que Garzón ejerciera en La Haya precisamente lo que ellos le niegan en España: la persecución de crímenes contra la Humanidad cometidos por regímenes políticos delincuentes.

Recordarán que todo este follón proviene de la denuncia presentada contra Garzón por dos grupúsculos de extrema derecha, Falange Española y Manos Limpias, mamporreros de mucho más altos intereses, como ha quedado patente a lo largo de la cacería orquestada contra el juez estrella de la Audiencia Nacional. Los "autores intelectuales" de la maniobra no hay que buscarlos en montañas ni desiertos lejanos: ayer mismo Francisco Camps, el chorizo que aún sigue -increíblemente- presidiendo la Generalitat valenciana, tenía los arrestos de declarar: "ya hemos cazado al segundo, ahora vamos a por el tercero", en alusión a la dimisión forzada de Mariano Bermejo (ex ministro de Justicia y una de las pocas personas realmente de izquierdas en el gobierno Zapatero), que hubo de abandonar la política después de una cacería en la que coincidió con Garzón; la siguiente pieza a abatir, el tercero, es obviamente Zapatero.

Así que detrás del acoso y derribo de Garzón está, como no podía ser de otra manera, la extrema derecha franquista, que continúa muy viva en los niveles privilegiados de la sociedad española y singularmente enquistada en el muladar que es el aparato judicial español, y los ladrones del Partido Popular agrupados en la trama Gürtel. En el trabajo han contado con la colaboración de ex "progresistas" resentidos con Garzón, como Margarita Robles o el propio Luciano Varela, que según dicen algunos medios estos días (El País de hoy, por ejemplo) tiene cuentas personales con Garzón.

El proceder de Luciano Varela, el juez instructor de la persecución contra Garzón por haber querido investigar éste los crímenes franquistas, no puede ser más infame y prevaricador. Varela no sólo admitió a trámite las querellas de dos organizaciones de carácter fascista, denuncias que además resultaron tan infundadas técnicamente que el juez instructor hubo de pedirles que las rectificaran, facilitándoles él mismo los términos en que debían estar redactadas, tal como el propio Luciano Varela no tuvo empacho en hacer público, sino que en el momento en el que más intensamente los valedores públicos de Garzón concentraban el fuego sobre la condición ultraderechista de la querellante Falange Española (y empezaba a crecer en consecuencia en la opinión pública la idea de que este grupo de herederos ideológicos de los asesinos franquistas no podía estar presente en esta causa judicial como acusación, y probablemente ni siquiera continuar existiendo como organización política legal), el artero Varela decide expulsar a Falange de la causa, quedando como "acusación popular" el más desconocido (y por tanto menos reactivo) pseudosindicato Manos Limpias. Naturalmente el Tribunal Supremo, verdadero fortín franquista, se ha dedicado a hacer a ola con el mayor de los entusiasmos ante la maniobra liquidadora del juez Garzón, perfectamente secundado por los medios de la perrera mediática y las declaraciones de satisfacción de los dirigentes del "post"franquista Partido Popular (PP), quienes una y otra vez repiten que lo ocurrido demuestra que "En España nadie está al margen de la ley, ni siquiera Garzón"; pues imagínense, si esto es lo que le hacen a un juez con poder y proyección internacional, lo que pueden hacerle a cualquiera de nosotros, ciudadanos de a pie.

Y en fin, el CGPJ en vez de parar esta marea de mierda (como la calificaba hoy Manuel Rivas en un artículo antológico en El País), no sólo ha dejado hacer sino que ha atizado el fuego y ha mostrado su verdadero rostro al faltar al compromiso de dejar expedita la salida de Garzón hacia La Haya. Un comportamiento artero, aunque realmente muy propio de unos policastros que recubren con toga sus filias, sus fobias y su ideología, sodomizando la soberanía popular desde sus sitiales de vicedioses terrestres que pueden fulminar vidas y haciendas con sólo mover una pestaña. Es evidente que esta gente quizá apliquen leyes, pero también que desconocen por completo el sentido de la palabra justicia.

Estamos pues ante un verdadero golpe de Estado judicial, dado con alevosía y premeditación, una maniobra de carácter ultraderechista para cegar la investigación de las responsabilidades criminales del franquismo en tanto que régimen que practicó el genocidio contra su propio pueblo. Treinta años más tarde de la muerte del dictador, los herederos de aquél régimen criminal y sus simpatizantes instalados en la política, la judicatura y los medios de comunicación acaban de liquidar al único juez que ha querido investigar. Habrá que esperar pues a que el caso lo abran jueces extranjeros, y pasemos todos por la vergüenza de que deba de substanciarse allende nuestras fronteras lo que el aparato judicial español impide que se resuelva dentro de ellas. Pero es que además esta gente está incumpliendo sus propias leyes, pues en España y según la legislación vigente, tal como recuerda Manuel Rivas en el artículo citado, cada vez que se encuentra un cadáver ha de acudir un juez a levantar acta. En los años que hace se están abriendo fosas comunes, de las que ya se han desenterrado a miles de víctimas, sólo dos jueces han acudido al trámite presencial. Echen cuentas pues del número de prevaricadores.