El linchamiento de Garzón, la venganza de fascistas y corruptos

La sesión de inicio del juicio a Baltasar Garzón celebrada ayer estuvo de verdad a la altura de lo esperado.  Garzón no se arrugó y defendió lo evidente con palabras claras: si ordenó escuchas policiales a los abogados de Gürtel es porque en esa "organización criminal" los abogados "formaban parte nuclear de ella" y eran "elemento básico en el blanqueo de dinero". Oigan al pobre tipo que preside el tribunal intervenir nervioso como un flan, consciente de su triste papel en esta tragicomedia fabricada a mayor gloria de la exculpación de un puñado de sinvergüenzas, a los que Garzón destapó sus sucios negocios y sus conexiones políticas con el partido de la derecha española.



Y es que el juicio entero es una farsa política instrumentada en venganza por las actuaciones del juez Garzón contra la trama Gürtel, como lo es de modo aún más evidente el siguiente caso del que tendrá que responder, un montaje judicial instigado por un grupúsculo fascista para castigar su intento de investigar los crímenes contra la Humanidad del franquismo, régimen al que la clase judicial española tanto debe y al que tanto honra. Después de treinta años de democracia seguimos teniendo un aparato del Estado, el judicial, que sigue enfeudado a un pasado que para ellos continua vivo y presente, y si algún juez lo olvida o intenta orillarlo ahí está la jauría mediática para recordárselo y la organización corporativa para neutralizarlo.

Al linchamiento judicial de Garzón asisten un centenar de periodistas extranjeros, desde la CNN hasta Al Jazeera pasando por los medios más influyentes de Argentina y Chile, países que llevan tiempo atentos a esta clase de iniciativas cercenadoras en España de la búsqueda de la verdad y la reparación en materia de memoria histórica. La indignación y el escándalo están por tanto garantizados a nivel internacional; su mera posibilidad deberían cubrir de vergüenza -en el improbable caso de que la tuvieren- a los responsables de la patochada que acaba de comenzar en Madrid.

En realidad, el objetivo de este juicio no es solo acabar con Garzón y escarmentar en cabeza ajena a los jueces que tienen ahora en sus manos la posibilidad de meter en la cárcel a los corruptos de Gürtel y sus socios del Partido Popular. Por encima de todo lo que se está buscando es conseguir eliminar legalmente las pruebas existentes, destruyendo las cintas policiales grabadas que incriminan a los acusados. Ilustres precedentes de la destrucción de pruebas grabadas por orden judicial los hay en casos semejantes en los que se vinculaba igualmente corrupción y Partido Popular, como lo fue el caso Naseiro (antiguo tesorero del PP) y el caso Zaplana (ex presidente de la Generalitat Valenciana anterior a Camps, también del PP).

Visto lo visto, y con todo, los magistrados que juzgan a Garzón harían bien en tentarse la ropa, no fuera el caso de que dentro de un tiempo fueran ellos los que tuvieran que responder ante un tribunal por haber prevaricado. A la larga, las farsas judiciales acaban estallándoles en la cara a quienes participan en ellas: recuerden el affaire Dreyfuss o el juicio a Léon Blum. O lo que les dijo Sophie Schöll al fiscal y los jueces nazis que la condenaron a la guillotina: "pronto estaréis vosotros en mi lugar".

En la imagen que ilustra el post Mariano Rajoy, actual presidente del Gobierno español (PP) en un mitin del Partido Popular en Valencia cuya organización pagó la trama Gürtel, según el sumario que se sigue a esta red de corrupción política. A la derecha de la imagen está Alvaro Pérez "el Bigotes", máximo responsable de la red Gürtel en el País Valenciano, y a la izquierda el expresidente valenciano, Francisco Camps (PP), alias" el Curita" en Gürtel.

Mariano Rajoy y Josu Ternera

El PP acaba de organizar otro de sus escándalos prefabricados porque la Audiencia Nacional ha puesto en libertad al etarra Antonio Troitiño, al estimar que este ya había cumplido la pena impuesta. Sucede que el tal Troitiño fue condenado en su día a dos mil años de cárcel (una curiosa posibilidad de la Justicia española) por 22 asesinatos probados. No es que el señor o lo que sea Troitiño vaya ya por su tercer milenio de vida, ni mucho menos; la ley española no permite que nadie pase más de 30 años entre rejas, de los que hay que descontar el período de prisión preventiva y los beneficios penitenciarios. En la práctica, nadie en España se pasa encarcelado tres décadas continuadas. Por tanto, Troitiño ha sido puesto en libertad por la Audiencia Nacional ateniéndose estrictamente a la ley vigente.

Ocurre que por increíble que parezca los propios jueces no están de acuerdo en si en los casos de terrorismo computa como tiempo de estancia en la cárcel la prisión preventiva, y si estos años se han de descontar del total de la pena impuesta o de los años efectivos de prisión. Puesto en libertad Troitiño y en mitad de la discusión entre sus señorías de la Audiencia, el entorno mediático del PP ha aprovechado para lanzar otra de sus campañas de terrorismo mediático, mediante la cual se está enviando a la sociedad española el mensaje de que ha sido el Gobierno español quien ha puesto en libertad a Troitiño en razón de sus supuestos pactos secretos con ETA.

El colmo del cinismo y la sandez, lo que ya resulta de todo punto insufrible, es ver al portavoz de "Justicia" del PP, el infame señor Federico Trillo -quien solo por el caso Yak 42 debería haber estado a la sombra haciendo compañía a Troitiño estos últimos años y unos cuantos más- culpando al Gobierno actual de la lógica huída de Troitiño, porque según Trillo no se le controló policialmente desde el momento en que fue puesto en libertad. Rubalcaba, el ministro del Interior, le ha contestado inmediatamente que en una sociedad democrática la policía no puede vigilar a ciudadanos libres, y Troitiño lo era desde el momento en que la Audiencia ordenó su puesta en libertad. Que después los jueces, presionados obviamente por la "alarma social" orquestada por la derecha española, hayan revocado su decisión y ordenen la captura de Troitiño (¿bajo qué cargos, si ya cumplió la pena impuesta?), no añade nada de interés a la cuestión fundamental: que el PP sigue añorando el Estado policial franquista, en el que los ciudadanos eran vigilados por la policía precisamente por ser inocentes del delito de fascismo.

La cosa se vuelve grotesca y alcanza un punto más en la escala de la ignominia cuando recordamos que, como cuenta hoy El País, en noviembre de 2002, siendo vicepresidente del Gobierno don Mariano Rajoy y presidente Aznar, un juez del Tribunal Supremo puso en libertad al jefe etarra Josu Ternera, quien naturalmente se fugó de inmediato a Francia antes de que otro juez interesara que fuera detenido de nuevo. Cuando se le pidieron explicaciones del asunto, Rajoy lo despachó entonces con esta frase, que está en las hemerotecas: "El Ejecutivo ha actuado con absoluta diligencia(...) pero el Gobierno no puede vigilar a persona alguna sino es con autorización judicial, so pena de cometer una actividad delictiva", y acababa: "no sabemos donde está Josu Ternera".

¿Se puede ser más felón?. Se puede: todavía no ha rebuznado Aznar sobre el asunto. Esperen a que lo haga, y verán.

En la fotografía, Josu Ternera, el dirigente etarra liberado y fugado durante el Gobierno del PP.

Wikileaks documenta la sumisión española ante el Imperio USA

Los documentos sacados a la luz por Wikileaks que viene publicando un "pool" de reputados diarios europeos y norteamericanos, están mostrando en lo que a España respecta un perfil estremecedor en las relaciones entre dos estados presuntamente soberanos. En la realidad, la sumisión de los aparatos del Estado español con respecto al Imperio yanqui que evidencian esos papeles resulta ofensiva incluso para quien como un servidor de ustedes, carece de siquiera una brizna de sentimiento nacionalista. La cosa va mucho más allá de sentimentalismos heridos e incide directamente en el terreno de los comportamientos puramente delictivos, con políticos, jueces, fiscales y periodistas conspirando desde hace años para beneficiar intereses norteamericanos en perjuicio de los propiamente españoles.

Ya no se trata sólo de que personas a sueldo del erario público español maniobren para sabotear aquellas causas judiciales abiertas como consecuencia de que ciudadanos españoles en particular o seres humanos en general sean perseguidos avasallados, torturados o asesinados por los secuaces del Imperio. Lo verdaderamente escandaloso hasta la obscenidad es que haya actores principales de los aparatos del Estado español que según documenta Wikileaks se ofrecen, obsequiosos, al próconsul/embajador en Madrid para cometer accciones delictivas tan de libro como la prevaricación; sin descartar la corrupción, pues la experiencia nos dice que estos favores nunca se hacen gratis. Total, que tenemos un personal en los aparatos del Estado más propio de una república bananera centroamericana que de un país integrado en la Unión Europea desde hace un cuarto de siglo.

Así por ejemplo, según esos documentos hay una nutrida representación del poder judicial español interviniendo para paralizar o liquidar la acción de la justicia en casos como el asesinato del camára de Tele5 José Couso, cometido por tropas norteamericanas durante la invasión de Irak, la investigación de los Vuelos de la CIA transportando secuestrados a Guantánamo y otras cárceles secretas que hacían (¿hacen?) escalas "toleradas" en España, y las actividades criminales llevadas a cabo por el Ejército y los servicios llamados de inteligencia norteamericanos en Guantánamo contra los allí secuestrados. En los papeles que está publicando El País leemos por ejemplo como el Fiscal General del Estado, Conde-Pumpido, y el Fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, se comprometen a dar carpetazo a estos asuntos (Conde-Pumpido) o a evitar que alguno de estos casos caiga en manos del juez Garzón (Zaragoza). Sin olvidar a Fungairiño, aquél fascista que ejerció de Fiscal General del Estado a las órdenes del entonces presidente Aznar. A Fungairiño la Embajada norteamericana le califica como un "gran colaborador" suyo desde hace mucho tiempo. Es obvio el significado último del término colaborador cuando es usado por servicios de inteligencia: traducido a román paladino, lo que en las películas antiguas se llamaba un traidor a su Patria, puesto al servicio de una potencia extranjera por interés económico o por ideología.

Luego están las broncas del embajador yanqui de turno a ministros, secretarios de Estado y hasta al propio Zapatero en persona. "Estoy perdiendo la paciencia con la postura española en la guerra de Irak", le brama el procónsul de Bush en España, el cubanoyanqui Eduardo Aguirre, a un asesor diplomático de Zapatero. La presión sobre el Gobierno español se revela continua y en ocasiones, asfixiante. El más mínimo gesto del gabinete es examinado con lupa, informado y convertido en munición no ya contra los movimientos españoles en política internacional sino en el manejo gubernamental de asuntos puramente internos. Intrusiones que son llevadas a cabo sin ningún rebozo, con chulería incluso. Lo peor con todo es el papel vicario que sus interlocutores asumen de grado o por la fuerza, reconociendo de facto y a veces explícitamente que los intereses de su país deben quedar subordinados a los intereses y necesidades de EEUU. Este servilismo infame de los aparatos del Estado español y singularmente del judicial y del político, debería motivar dimisiones en cadena desde ya mismo. Pero aquí no dimite ni Dios, antes bien la mayoría de afectados se están acogiendo con todo descaro al "yo no he sido", aunque nos estén enseñando copias de cables obtenidos de los mismos servicios diplomáticos/espionaje norteamericanos que demuestran que sí han sido ellos.

Llama la atención el silencio sepulcral del Partido Popular sobre este asunto. Y es que naturalmente, a medida que vaya saltando a la prensa la nómina de jueces, políticos, empresarios, periodistas y demás esbirros a sueldo de los servicios secretos yanquis, muchos en el PP y aledaños van a tener motivos para maldecir a Wikileaks.

El 23-F judicial español

Finalmente, y como se preveía, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suspendido en sus funciones al juez Baltasar Garzón. Un puro trámite, pues evidentemente el CGPJ no podía hacer otra cosa ahora, en la medida en que al ser procesado Garzón por su colega (y enemigo acérrimo) Luciano Varela, el juez encausado no puede seguir ejerciendo hasta que se celebre el jucio y haya sentencia. Sin embargo, en los últimos días hubieron movimientos a fin de que el propio CGPJ al tiempo que supendía a Garzón, le autorizara a trasladarse a La Haya como asesor del Tribunal Internacional de Derechos Humanos, salida que el CGPJ le ha negado, seguramente por afán de venganza y humillación contra el derribado juez, pero sobre todo porque el ridículo de la magistratura española ante el universo mundo hubiera sido oceánico, caso de haber permitido que Garzón ejerciera en La Haya precisamente lo que ellos le niegan en España: la persecución de crímenes contra la Humanidad cometidos por regímenes políticos delincuentes.

Recordarán que todo este follón proviene de la denuncia presentada contra Garzón por dos grupúsculos de extrema derecha, Falange Española y Manos Limpias, mamporreros de mucho más altos intereses, como ha quedado patente a lo largo de la cacería orquestada contra el juez estrella de la Audiencia Nacional. Los "autores intelectuales" de la maniobra no hay que buscarlos en montañas ni desiertos lejanos: ayer mismo Francisco Camps, el chorizo que aún sigue -increíblemente- presidiendo la Generalitat valenciana, tenía los arrestos de declarar: "ya hemos cazado al segundo, ahora vamos a por el tercero", en alusión a la dimisión forzada de Mariano Bermejo (ex ministro de Justicia y una de las pocas personas realmente de izquierdas en el gobierno Zapatero), que hubo de abandonar la política después de una cacería en la que coincidió con Garzón; la siguiente pieza a abatir, el tercero, es obviamente Zapatero.

Así que detrás del acoso y derribo de Garzón está, como no podía ser de otra manera, la extrema derecha franquista, que continúa muy viva en los niveles privilegiados de la sociedad española y singularmente enquistada en el muladar que es el aparato judicial español, y los ladrones del Partido Popular agrupados en la trama Gürtel. En el trabajo han contado con la colaboración de ex "progresistas" resentidos con Garzón, como Margarita Robles o el propio Luciano Varela, que según dicen algunos medios estos días (El País de hoy, por ejemplo) tiene cuentas personales con Garzón.

El proceder de Luciano Varela, el juez instructor de la persecución contra Garzón por haber querido investigar éste los crímenes franquistas, no puede ser más infame y prevaricador. Varela no sólo admitió a trámite las querellas de dos organizaciones de carácter fascista, denuncias que además resultaron tan infundadas técnicamente que el juez instructor hubo de pedirles que las rectificaran, facilitándoles él mismo los términos en que debían estar redactadas, tal como el propio Luciano Varela no tuvo empacho en hacer público, sino que en el momento en el que más intensamente los valedores públicos de Garzón concentraban el fuego sobre la condición ultraderechista de la querellante Falange Española (y empezaba a crecer en consecuencia en la opinión pública la idea de que este grupo de herederos ideológicos de los asesinos franquistas no podía estar presente en esta causa judicial como acusación, y probablemente ni siquiera continuar existiendo como organización política legal), el artero Varela decide expulsar a Falange de la causa, quedando como "acusación popular" el más desconocido (y por tanto menos reactivo) pseudosindicato Manos Limpias. Naturalmente el Tribunal Supremo, verdadero fortín franquista, se ha dedicado a hacer a ola con el mayor de los entusiasmos ante la maniobra liquidadora del juez Garzón, perfectamente secundado por los medios de la perrera mediática y las declaraciones de satisfacción de los dirigentes del "post"franquista Partido Popular (PP), quienes una y otra vez repiten que lo ocurrido demuestra que "En España nadie está al margen de la ley, ni siquiera Garzón"; pues imagínense, si esto es lo que le hacen a un juez con poder y proyección internacional, lo que pueden hacerle a cualquiera de nosotros, ciudadanos de a pie.

Y en fin, el CGPJ en vez de parar esta marea de mierda (como la calificaba hoy Manuel Rivas en un artículo antológico en El País), no sólo ha dejado hacer sino que ha atizado el fuego y ha mostrado su verdadero rostro al faltar al compromiso de dejar expedita la salida de Garzón hacia La Haya. Un comportamiento artero, aunque realmente muy propio de unos policastros que recubren con toga sus filias, sus fobias y su ideología, sodomizando la soberanía popular desde sus sitiales de vicedioses terrestres que pueden fulminar vidas y haciendas con sólo mover una pestaña. Es evidente que esta gente quizá apliquen leyes, pero también que desconocen por completo el sentido de la palabra justicia.

Estamos pues ante un verdadero golpe de Estado judicial, dado con alevosía y premeditación, una maniobra de carácter ultraderechista para cegar la investigación de las responsabilidades criminales del franquismo en tanto que régimen que practicó el genocidio contra su propio pueblo. Treinta años más tarde de la muerte del dictador, los herederos de aquél régimen criminal y sus simpatizantes instalados en la política, la judicatura y los medios de comunicación acaban de liquidar al único juez que ha querido investigar. Habrá que esperar pues a que el caso lo abran jueces extranjeros, y pasemos todos por la vergüenza de que deba de substanciarse allende nuestras fronteras lo que el aparato judicial español impide que se resuelva dentro de ellas. Pero es que además esta gente está incumpliendo sus propias leyes, pues en España y según la legislación vigente, tal como recuerda Manuel Rivas en el artículo citado, cada vez que se encuentra un cadáver ha de acudir un juez a levantar acta. En los años que hace se están abriendo fosas comunes, de las que ya se han desenterrado a miles de víctimas, sólo dos jueces han acudido al trámite presencial. Echen cuentas pues del número de prevaricadores.

Un domingo español

1. Un partido xenófobo y por tanto fascista, la Plataforma per Catalunya (PxC), dirigido por un antiguo miembro de la Guardia de Franco, Josep (antes José) Anglada, ha visto triunfar sus tesis en Vic, esa población de la Catalunya profunda faro de independentistas catalanes.

Resulta que el consistorio local, formado por CiU, PSC y ERC, ha anunciado que en adelante no empadronará inmigrantes sin papeles, lo que equivale a condenarles a la invisibilidad y sobre todo, a negarles el acceso a servicios básicos como la sanidad o la educación. Anglada está que revienta de satisfacción, ya que la idea original es suya: la propuso en 2003. Estos se han limitado a copiársela ahora.

Que se sepa, las direcciones nacionales del Tripartito de Cobardes que gobierna Vic aún no ha expulsado a esos palanganeros de la extrema derecha. Contra más tarden en cortar por lo sano, mayor será la gangrena.

2. Según el barómetro de Invierno presentado hoy en las páginas de El País, el 81% de los españoles piensa que la situación económica de España es mala o muy mala. Pero una vez más, tan sólo el 17% de ellos piensa que su situación económica familiar es mala o muy mala, en tanto el 54% la califica como buena o muy buena.

Definitivamente o nos hemos vuelto todos locos, o la realidad socio-económica y la político-mediática de este país se han divorciado por completo. Lo malo es que al parecer, los españoles empiezan a acostumbrarse por desidia o interés a creer todas las mentiras que vomitan las élites políticas y económicas de la derecha española; sólo la Iglesia católica encuentra cada vez menos oídos sensibles a sus engaños y maquinaciones.

3. El barómetro abre el réquiem por Zapatero. Dos tercios de los españoles piensan que no debe ser candidato en las próximas elecciones generales. La mitad de los votantes del PSOE se pronuncian a favor de buscar otro cabeza de lista para el cartel electoral socialista. Definitivamente, José Luis Rodríguez Zapatero es ya un cadáver político.

Claro que el riesgo sería ahora que su sucesión se confíe a alguna de las integrantes del Club de Barbies monclovita. Gracias a Dios, sin embargo, resulta que según el barómetro incluso su más eximia representante, Carmen Chacón, perdería de largo ante otro cadáver insepulto, cual es don Mariano Rajoy, líder o lo que sea del PP, cuya gestión como jefe de la oposición rechaza nada menos que el 82% de los españoles. Imaginen pues cúal es el crédito político real de la señora Chacón, si la dan como perdedora por goleada ante semejante fiambre.

4. Por fin alguien a quien difícilmente dispararán (de momento metafóricamente) ha levantado la voz, y ha escrito en un diario de tirada mundial que en España hay jueces que dictan sentencias atendiendo a su ideología y a la protección de los intereses de grupos políticos, sociales y económicos afines y perfectamente identificados. Lo ha hecho Juan Luis Cebrián hoy en El País, pidiendo "ni respeto ni silencio" ante una mierda de sentencia judicial que pretende silenciar mafiosamente a los medios informativos no serviles con el Partido Popular (PP).

Un tal Ricardo Rodríguez, juez de lo Penal de Madrid, ha condenado a penas de prisión y fuertes multas a dos periodistas de la cadena SER (uno de ellos, su director de Informativos), por haber informado veraz y verídicamente (como se ha demostrado documentalmente de modo fehaciente) sobre un caso de fraude cometido por el el PP, en el pueblo madrileño de Villaviciosa de Odón. Los hechos establecidos son que un grupo de militantes locales afines a la gansteril presidenta de la Comunidad madrileña, Esperanza Aguirre, afiliaron fraudulentamente a varias personas con objeto de desbancar a una dirigente local afín a Ruiz-Gallardón, sobrepasando así numéricamente a sus partidarios. El crimen cometido por los periodistas sentenciados por el juez Rodríguez fue publicar en la web de la SER la lista completa de las personas afiliadas fraudulentamente.

La justicia española continúa pues siendo el muladar franquista de todos conocido. Y sin embargo, algo me dice que el juez Rodríguez va a tener que acabar comiéndose su sentencia con patatas, y que pronto le vamos a ver haciendo compañía a Gómez de Liaño, en la magra lista de expulsados de la carrera judicial por flagrante prevaricación. Y es que el juez Rodríguez, como Liaño, ha apuntado demasiado alto y el tiro le ha explotado en los ojos. Es lo que suele ocurrir con los auxiliares entusiastas de la Buena Causa.

5. En un pueblo de Zamora cercano a la frontera entre España y Portugal, la policía acaba de incautar una furgoneta cargada de explosivos y abandonada en su huida por un comando de ETA. Rubalcaba, el ministro del Interior, lo ha explicado con tranquilidad y sin ánimo vengativo. Podía haber usado la ironía más asesina en relación con la colección de palanganeros mediáticos del PP que, siguiendo al ínclito Rajoy y a sus Chicas-bocazas (Sáenz de Santamaría y Cospedal, principalmente) llevan desde antes de Navidad llamándole alarmista, por haber anunciado para pronto un intento de gran atentado etarra. En público le han dicho de todo salvo que fuera Rubalcaba quien daba órdenes a ETA para cometer atentados (eso lo transmiten en privado ratas a sueldo a ciertos periodistas y bloggers, para que lo escampen entre los fieles).

Una vez más el PP ha mostrado su verdadero rostro en materia de lucha antiterrorista: la del partido indecente que intenta sacar ventaja de lo que sea, incluidos los cadáveres de víctimas que por desgracia para los intereses del partido de Rajoy, no se han producido en esta ocasión.

En la imagen, la Guardia Civil retira la furgoneta abandonada por el comando etarra en un pueblo de Zamora.

Darth Vader en el Poder Judicial español

La toma de posesión del nuevo presidente del Poder Judicial español, Carlos Dívar, se convirtió en un aquelarre litúrgico, donde la ultraderecha política y social española lució sus más tenebrosas galas.

La foto de portada de El País de hoy es impagable: “el jefe” del aparato judicial español, un altísimo representante del Estado "no confesional" (así al menos lo define la Constitución vigente), se inclina como un vasallo medieval ante el Darth Vader de la Iglesia católica española, el cardenal primado Antonio María Rouco Varela. La "entrañable amistad" que dicen une a Dívar y Rouco no parece tan extraña, si se tiene en cuenta que el señor Carlos Dívar se ha hecho famoso repartiendo rosarios a los funcionarios a sus órdenes.

Ahora que si piensan que el tal Dívar y sus amiguetes son simplemente unos ingenuos que sólo aspiran a tocar la cítara eternamente junto a Dios Padre, andan muy equivocados. Los puntos sobre las íes los puso al acabar el acto un tal Trillo, también miembro del Poder Judicial, quien sin percatarse de que un micrófono seguía abierto le espetó a Carlos Dívar: "¡Ya eres el jefe, coño!". Así pues, en el ámbito judicial, el Imperio contraataca.

A los asesores de Zapatero que indujeron el pacto con la derecha mediante el cual se le ha entregado a ésta el gobierno de la judicatura, deberían colgarlos de los huevos en una plaza pública.

De franquicias terroristas, sentencias inducidas y mártires que lo son menos

El Tribunal Supremo ha fallado finalmente contra la mesa del Parlamento vasco que presidió Juan María Atutxa, por haberse negado ésta en su día a disolver el grupo parlamentario de la franquicia de ETA durante la anterior legislatura autonómica vasca.

Lo de Atutxa y compañía me parece un asunto en el que a todas las partes intervinientes se les debería caer la cara de vergüenza: a los unos, por permitir que unos mandados de ETA montaran su circo en el Parlamento vasco, y a los otros por organizar una payasada leguleya que todos sabemos es un puro ajuste de cuentas promovido por la ultraderecha parlamentaria española.

A renglón seguido de conocerse el fallo, Ibarretxe ha hecho unas declaraciones en su línea habitual -aquello de que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ahí va un estacazo al Estado-, y el tripartito gubernamental vasco va a promover una manifestación de repulsa contra la sentencia. Total, nada. Como ha escrito Patxi López en su blog éste es un asunto políticamente amortizado hace tiempo, y sólo al PP y sus adláteres les interesa menearlo.

Algunos comentaristas de guardia en blog ajeno, sin embargo, aprovechan la ocasión para sembrar la especie de que este caso demuestra que la ley es diferente si se aplica en el País Vasco o en Madrid. En realidad, en un sistema judicial como el español las sentencias no dependen del lugar físico donde se emiten y ni siquiera del asunto en sí sobre el que fallan, sino puramente de la voluntad del juzgador que la emite. Y la voluntad en este caso circula por carriles que poco tienen que ver con la política del momento en el País Vasco.

En todo caso, a quienes ahora se rasgan las vestiduras ante el atropello a todas las leyes habidas y por haber supuestamente cometido por esta sentencia del Supremo, sugiriendo abiertamente que existen diferentes varas de medir legales según la comunidad autónoma donde uno esté empadronado, habría que recordarles que es bastante curioso el hecho de que si uno quema un autobús de servicio público en Bilbao porque le ha dejado su novia, un suponer, lo más probable es que rápidamente termine en prisión, mientras que si lo hace en nombre de los imprescriptibles derechos del pueblo vasco casi con toda seguridad no va a pasarle nada, y en caso de que por verdadera casualidad le detuvieran y le procesaran, siempre podrá contar con el apoyo y la solidaridad de un buen número de asociaciones especializadas, y desde luego, con el entusiasmo de una legión de comentaristas de blogs que están al quite de todas.

Se diría pues que, ciertamente, no hay mucha igualdad de todos los vascos ante la ley.

Magia contra razón

En Barcelona, la Guardia Civil ha irrumpido en clínicas autorizadas donde por voluntad de las mujeres afectadas se practica la interrupción de embarazos, deteniendo a propietarios y médicos y llevándose toda la documentación que han encontrado a su paso (según los medios, tanto la concerniente a casos que supuestamente son abortos ilegales como la relativa a interrupciones practicadas en los supuestos, modos y formas señalados por la ley vigente).

Casi al mismo tiempo, un juez instructor de Granada ha citado a declarar a cuatro científicos del Banco Andaluz de Células Madre por sus investigaciones con preembriones, tras la apertura de diligencias previas ante una denuncia presentada por una mujer en Santiago de Compostela, según han confirmado fuentes de la Delegación de Salud de la Junta andaluza. Según la denunciante, el trabajo con preembriones es un "atentado contra la vida" que además es "anticonstitucional", tal como se recoge en la denuncia presentada inicialmente en el juzgado de guardia compostelano.

Vivimos pues en una sociedad donde las garantías constitucionales quedan al albur de creencias fantásticas del tipo "los embriones humanos tienen alma insuflada por Dios desde el momento mismo de la concepción", y de que por ejemplo, comulguen con este tipo de creencias una transtornada de Santiago de Compostela, un juez granadino que parece tener bastante tiempo disponible (será que los casos de corrupción inmobiliaria en su demarcación le ocupan poco), y un oficial de la Guardia Civil en Barcelona que evidentemente "cumple órdenes" de quien puede darlas, que probablemente habrá sido otro juez, en este caso muy preocupado por los derechos de los nonatos y algo menos por los de las mujeres que contra su voluntad los llevan dentro.

A esta clase de situaciones se le llama, lisa y llanamente, inseguridad jurídica. Y dan miedo, por la indefensión que producen.

Recordemos que cuando gobernaba el PP, al actual ministro de Sanidad ya le amenazaron en su día con meterlo en la cárcel si seguía investigando con células madre. Según ha contado el mismo Bernat Soria, el recado le llegó a impulso nada menos que de Ana Botella, a la sazón esposa del entonces presidente del Gobierno español, José María Aznar, y se lo transmitió en persona un fiscal a las órdenes de Jesús Cardenal, entonces Fiscal general del Estado. O sea, que nada de todo esto es nuevo.

Al parecer la denuncia de la señora gallega incluye la petición de que el juez de instrucción granadino que le ha dado curso practique una serie de diligencias, entre las que se incluyen, según el diario Ideal de Granada, "la consignación en el juzgado de artículos publicados por un investigador valenciano."(sic). No es difícil deducir que el tiro apunta directamente a la cabeza de Bernat Soria.

Tampoco hay que extrañarse mucho de que pasen estas cosas. Es obvio que estamos en vísperas electorales, y que la ultraderecha parlamentaria española está sacando toda la artillería pesada en aras a minimizar sus propios daños en marzo próximo; y ya se sabe que los juzgados son una de las debilidades de esta gentuza, entre otras cosas porque saben que allí juegan en casa.

Con todo, y más allá de las motivaciones dictadas por el puro oportunismo electoral del PP, llama la atención y resulta muy preocupante que una parte de la sociedad española continúe anclada en la creencia de que la magia debe seguir imponiéndose a la razón en el ordenamiento de nuestra vida cotidiana. A pesar de todas las modernizaciones y de los avances habidos, ésta sigue siendo en gran parte la España de las mentalidades fijadas en el pensamiento mágico como filtro de todas las cosas.