Una juez argentina quiere procesar a los ministros de Franco vivos

No todo van a ser malas noticias en España, hoy (alguna) prensa trae una extraordinariamente buena: una juez argentina se ha dirigido al Gobierno español pidiéndole al amparo del concepto de justicia universal (tan usado por la judicatura española en relación con crímenes contra la Humanidad cometidos en otros países), que le facilite información sobre una serie de jerarcas políticos, militares y policiales franquistas que puedan estar aún vivos en relación con la causa abierta en Buenos Aires en abril de 2010, en la que se imputa por crímenes contra la Humanidad -y por tanto, imprescriptibles- a todos los dirigentes del régimen fascista español que encabezó el general Francisco Franco.

Esta mujer valiente y honesta se llama María Romilda Servini de Cubría, y según El País de hoy "ha exhortado al Gobierno español para que informe si en este país se está investigando la existencia, entre el inicio de la Guerra Civil y las primeras elecciones democráticas después de la muerte de Franco, “de un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física, y de uno que propició la desaparición legalizada de menores de edad con pérdida de su identidad, llevados a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”. Luego dirán que los argentinos se andan con vaguedades cuando hablan o escriben: ni Gracián hubiera sido sido más claro y explícito.

Dice El País también que la juez pidió asimismo los “nombres y últimos domicilios de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de La Falange” del periodo 1936-1977, así como los certificados de defunción de aquellos que hubiesen fallecido". También ha solicitado información sobre víctimas del franquismo, fosas comunes, y una novedad absoluta en España, sobre las empresas que se lucraron con el trabajo esclavo de los prisioneros republicanos.

Servini ha contado hasta ahora con la protección del poder judicial argentino, a pesar de que el año pasado un gobierno ¡socialista! -o eso decía ser- español hubiera intentado establecer el principio de que los crímenes del franquismo sólo debían ser investigados por instancias judiciales españoles. En sintonía con esa maniobra, el estamento judicial español paralizó de modo artero el trabajo que en ese sentido realizaba el juez Baltasar Garzón suspendiéndole por presunta prevaricación precisamente por investigar crímenes franquistas. Es falso por tanto  que en España se esté investigando esos delitos y que no haya lugar a la intervención internacional.

El procedimiento judicial que sigue la juez Servini se inició a raíz de las denuncias presentadas por seis argentinos descendientes de españoles, cuyos antepasados fueron asesinados por el régimen franquista. La causa parece que sigue adelante y que definitivamente, va a dejar con el culo al aire a los sucesivos gobiernos de Zapatero y Rajoy, y desde luego, a un Consejo General del Poder Judicial español que en vez de perseguir a estos delincuentes les presta encubrimiento cometiendo ellos sí prevaricación, como lo demuestra el acoso y derribo del juez Garzón.

En cuanto a la nómina de esos individuos por los que se interesa la juez argentina, aquellos que formaron parte de los órganos dirigentes del franquismo y que por tanto participaron con plena conciencia de su naturaleza criminal, desde aquí le ofrezco dos nombres relevantes de elementos que siguen vivos: Manuel Fraga Iribarne, ministro de Propaganda de Franco y luego de Gobernación (policía) durante los meses en los que los franquistas intentaron mantener vivo el régimen tras la muerte del dictador, y posterior fundador y dirigente máximo del actualmente gobernante Partido Popular español; y José Utrera Molina, último camarada Secretario General del Movimiento Nacional (antes Falange Española Tradicionalista y de las JONS), el partido único fascista español, un payaso que todavia en los años setenta acudía vestido de falangista a dar mitines fascistas en la Sierra de Alcubierre, en el que fuera frente de Aragón durante la guerra que desencadenaron los militares insurrectos  en julio de 1936. Ambos individuos citados fueron como digo ministros de Franco, y durante largos años ocuparon puestos de altísima responsabilidad en aquel régimen asesino.

Por cierto, si finalmente la juez Servini pide la extradicción de esta gentuza, ojalá que sí, le creará un papelón incluso familiar a Alberto Ruiz Gallardón, actual ministro de Justicia del Gobierno derechista español, ya que su suegro es nada menos que el camarada Utrera Molina. Veremos entonces hasta dónde llega el talante "centrista" y "democrático" del flamante señor ministro.

En la imagen que ilustra el post aparece el camarada Utrera Molina vestido con los arreos de la Falange durante un acto de exaltación fascista celebrado a principios de los años setenta, con Franco aún vivo, ocupando la portada del diario falangista oficial, "Arriba". Obsérvese el gesto crispado del orador, tan caro en aquellos años a los discurseadores fascistas españoles.