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martes, 31 de marzo de 2009

Caja Castilla La Mancha, otro juguete roto


A menudo los políticos con mando suelen comportarse como la mayoría de los niños, que apenas ven a un vecinito con un juguete nuevo se ponen a exigir otro igual. Así fue como en su momento proliferaron por toda España las autonomías de régimen común. Si catalanes, vascos y gallegos iban a tener parlamento, bandera e himno propios nosotros también, exigieron a principios de los ochenta los políticos regionales de los partidos grandes o pequeños, de alcance estatal o local, aunque para ello tuvieran que convocar concursos de dibujo para crear la bandera autonómica (La Rioja), encargar el himno a un conocido vate regional (Madrid), o resucitar denominaciones institucionales de cuando las guerras napoleónicas (Junta del Principado de Asturias).

Crear Cajas de Ahorros que entre otras funciones más o menos necesarias financiaran los proyectos extraordinarios y los gastos corrientes de los entes político-administrativos autonómicos y de paso dieran cierto empaque a la economía regional, se convirtió en una carrera entre las diferentes "clases políticas" autonómicas. Se trataba lisa y llanamente, de ver quién la tenía más grande (la caja, en este caso).

Que en Castilla La Mancha hubiera una caja de ahorros regional "potente", parece que fue un capricho de José Bono secundado por "fuerzas vivas" locales interesadas en las ventajas que reportan esta clase de instituciones a ciertos empresarios llamémosles "emprendedores". El sucesor de Bono, Barreda, asistió satisfecho a la expansión del tingladillo financiero manchego fuera del ámbito territorial regional. Caja Castilla la Mancha llegó a poner la pica en Flandes, abriendo oficinas -pocas, es cierto- en la fenicia Catalunya, patria de la caja de ahorros por antonomasia. ¡Qué satisfacción debió sentir Barreda cuando les coló a los catalanes ese símbolo del supuestamente imparable "crecimiento económico" castellano-manchego!.

En realidad, toda esa expansión financiera era un bluff alimentado por -cómo no- el ladrillo local. Caja Castilla La Mancha no ha sido más que una pura fachada tras la que manejaban un puñado de constructores, y en el que otro puñado de políticos manchegos semijubilados se repartían jugosos sueldos, que duplicaron en apenas tres años. Entre tanto desmadre, lo que ha rematado a la entidad ha sido la crisis del ladrillo sumada a las consecuencias de la absurda expansión fuera de la región, que apenas ha servido para captar fondos y en cambio ha aportado abundantes deudas inmobiliarias y en contratación de personal.

La crisis de la caja manchega estaba cantada desde hace tiempo. Que Unicaja, la principal caja andaluza, entrara al rescate era una operación política destinada a salvar los muebles que quedaban. La operación ha sido fulminantemente abortada por los andaluces cuando se han dado cuenta de que los directivos manchegos habían maquillado con toda desfachatez las cuentas reales de Caja Castilla La Mancha, que según la prensa de hoy (El País, 31-3-2009) en vez de ganar 30 millones de euros en 2008 como ellos afirman, ha perdido en realidad cientos de millones durante ese período. Finalmente ha tenido que intervenir el Banco de España para evitar la quiebra económica y el escándalo público. De todos modos a fecha de hoy es el propio Banco de España quien está cuestionando las cuentas de Caja Castilla La Mancha, con lo que el futuro judicial de los directivos de esta entidad, empezando por su presidente, Hernández Moltó, puede ponerse muy turbio.

Alguien debería enseñar a nuestros políticos que con las cosas de comer no se juega. Que una cosa es tener coche oficial blindado, banderita autonómica de diseño y hasta policías propios que se cuadren en primer tiempo de saludo, y otra hacerle un agujero a la economía regional que finalmente habremos de pagar entre todos los españolitos. Un escarmiento por vía judicial quizá sirviera para que otros émulos de Bono, Barreda, Moltó y resto de la tropa se tentaran la ropa antes de montar nuevos tinglados tipo Caja Castilla La Mancha.

lunes, 18 de agosto de 2008

Es urgente un pacto de financiación más justo para Catalunya


En una lista socialista, Paco, un colistero cuyas opiniones aprecio, me hace algunas observaciones en relación a un mensaje mío en el que hablaba sobre la necesidad de un nuevo pacto entre los Gobiernos español y catalán que mejore la financiación de la autonomía de Catalunya.

Según Paco me centré demasiado en problemas de financiación, cuando lo realmente importante desde un punto de vista socialista es la educación, la sanidad, las pensiones, etc. Efectivamente, Paco tiene razón: lo verdaderamente importante es la educación, la sanidad, las pensiones y todas esas cosas que definen la esencia de lo que un tanto pomposamente se ha dado en llamar Estado del Bienestar. Pero es que precisamente sin financiación, todas eso no es viable. Parece una perogrullada, pero sin dinero público no pueden haber servicios públicos eficientes. También sabemos que se pueden aprobar las mejores leyes del mundo y las más avanzadas, que si no se las dota de la financiación necesaria para su puesta en marcha y sostenimiento, no sirven para nada. Es más, sin una financiación adecuada ni siquiera se pueden mantener en marcha los servicios que se prestan; ése es el verdadero problema catalán.

En Catalunya hace muchos años que existe una enorme brecha entre necesidades y recursos. Y la brecha no para de crecer. Sin embargo, las contribuciones de los asalariados que tributan en Catalunya son cada vez mayores. Las contribuciones de los asalariados, no de los burgueses, éstos ya sabemos que no tributan: empresarios, profesionales liberales, rentistas... escapan a Hacienda. Somos por tanto los trabajadores por cuenta ajena quienes tributamos. Una cuarta parte de los ingresos que figuran en mi nómina salarial, por ejemplo, se los lleva el Estado en concepto de retenciones a cuenta del IRPF y tributación a la Seguridad Social. Los servicios que recibo del Estado español -en el ordenamiento político español, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos son también Estado- no están ni de lejos, a la altura de ése descuento en mis ingresos.

Una parte de esa tributación va a parar a financiar proyectos en otras autonomías, otra parte -considerable- se pierde en desagües negros del Estado (subvenciones a la enseñanza privada y a la Iglesia católica, por ejemplo), y una parte cada vez menor en relación a las otras dos revierte en el territorio catalán en forma de inversiones del Estado (en sanidad, servicios, educación, pensiones, infraestructuras, etc). La frustración de los catalanes proviene de que cada vez pagamos más -cada vez financiamos más a otros, por tanto-, y en cambio nosotros tenemos cada vez peores servicios. Se crea o no, los catalanes estamos a la cola de las autonomías españolas en la mayoría de indicadores de bienestar social (lean a Vicenç Navarro: los datos que aporta son abrumadores e irrefutables) , y verdaderamente, de aquí a poco quien va a necesitar acogerse a esos programas de solidaridad interautonómica va a ser el Gobierno de la Generalitat catalana.

Por tanto el problema central es el de financiación. Esto lo ha entendido José Montilla, el presidente de la Generalitat, que no es precisamente un nacionalista catalán (quien sostiene lo contrario manifiesta, simplemente, su completa ignorancia del tema). Montilla se ha dado cuenta de que sino resuelve el problema de la financiación, es decir, de una reversión más equitativa hacia éste territorio de los ingresos que el Estado percibe en él, no podrá mantenerse el Estado de Bienestar en Catalunya mucho tiempo más; es así de sencillo. La degradación de servicios e infraestructuras que sufre Catalunya es fruto, precisamente, de esa falta de financiación, y en el futuro va a ir a cada vez a más y con mayor gravedad.

Por cierto, en sólo cinco-siete años se ha incorporado un millón y pico de inmigrantes al censo de residentes en la autonomía catalana, entre un cuarto y un tercio del total de llegados a España. También ellos tienen derecho a educación, sanidad y servicios, además son usuarios de infraestructuras (ferrocarriles, carreteras, redes eléctricas y de agua, etc). Es decir, el problema en los últimos años ha crecido geométricamente, y cada día que pasa es más acuciante.

Responder con ideología (en el sentido marxista del término) a los problemas reales, es lo propio de la derecha. Comienza a ser preocupante que desde amplios sectores del PSOE se haga lo mismo.

miércoles, 14 de noviembre de 2007

Los nuevos burócratas. La realidad del empleo público en España


Un artículo del diario La Vanguardia publicado el pasado 4 de noviembre, cifra el número total de empleados públicos existentes en España en 2.400.000. De ellos, la mitad, 1.260.000, trabaja en las administraciones de las comunidades autónomas, 600.000 en las administraciones locales y 550.000 en la administración del Estado.

Si tomamos el total de funcionarios que prestan servicio en la administración del Estado y descontamos las Fuerzas Armadas (unos 100.000 efectivos) y la Policía del Estado y la Guardia Civil (unos 140.000 en total), resulta que los empleados civiles de la administración estatal son apenas 310.000, para un Estado que teóricamente presta servicio a 44 millones de personas.

En Catalunya en concreto, hay en total 240.000 funcionarios, de los cuales 145.000 trabajan en la administración autonómica, 77.000 en la administración local y unos 18.000 en la administración estatal. Entre los empleados de la administración autónoma catalana, la Generalitat de Catalunya, hay casi 14.000 mossos d’esquadra (policías autonómicos) en plantilla más otros 1.500 estudiando. El horizonte policial autonómico catalán se cifra en disponer de una plantilla de unos 20.000 efectivos para 2015; varios países europeos soberanos tienen ejércitos cuyos efectivos son menores en número.

Para redondear este disparate resulta que además, en el conjunto de las administraciones públicas españolas, la tasa de temporalidad –es decir, el porcentaje de empleados contratados eventualmente, en general por procedimientos poco claros y desde luego contra la propia normativa vigente-, alcanza ya el 26%; uno de cada cuatro. En lo que concierne a la administración del Estado se reduce sin embargo al 8%, lo que significa que entre las administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones) y las administraciones autonómicas suman una tasa de contratación de empleados temporales simplemente inaceptable.

En suma, tenemos un Estado que a pesar de seguir ostentando un buen número de competencias compartidas o exclusivas, dispone para ejecutarlas de una plantilla de personal raquítica. Por el contrario las comunidades autonómas disponen de plantillas que no parece arriesgado estimar como sobredimensionadas, integradas en buena parte por personal contratado a dedo o en todo caso, fuera de los cauces previstos por la legislación aplicable.

Curioso, porque la "opinión publicada" y las charlas de café suelen darnos una visión diametralmente opuesta de este asunto.