El Tribunal Constitucional bendice a los enemigos de España

Finalmente el Tribunal Constitucional (TC) parió la sentencia sobre el Estatut de Catalunya, alabados sean los dioses. Al parecer el altísimo tribunal resolvió en una sesión de dos horas lo que en los cuatro años anteriores no había podido decidir. Y es que había que aprovechar la "ventana" de tiempo, ahora o nunca, de modo que la llegada del verano y las vacaciones y el desarrollo del Mundial de fútbol adormecieran las reacciones de los partidos y la ciudadanía catalanes, evitando que de seguir con la sentencia pendiente las elecciones autonómicas catalanas de otoño se convirtieran en una batalla segura en torno al TC, su función verdadera y la manera en que actúa (o mejor, no actúa) en defensa de muy concretos intereses políticos.

Finalmente María Emilia Casas, la presidenta del TC, pudo cumplir con el encargo recibido: sacar adelante como fuera una sentencia que satisfaciera ideológicamente a los impulsores del recurso de inconstitucionalidad y a sus apoyos en todo el espectro político. Ocurre que para salvaguardar esta directriz básica, el TC ha tenido que dar a luz un disparate jurídico que da vergüenza ajena conocer. Veamos algunos ejemplos de su contenido.

Una de las batallas fundamentales se daba en torno a una obviedad, la definición de Catalunya como "nación", enunciada en el preámbulo del texto. Dicen los presuntos expertos del TC en su sentencia que tal definición carece de "eficacia jurídica". Obvio, por eso va en el preámbulo. Y es que el concepto "nación" es una construcción ideológica y no un bien objetivable jurídicamente, como puede serlo el acceso de los niños a la educación o la existencia de cementerios municipales, por ejemplo. Del mismo modo carecen de "eficacia jurídica" construcciones ideológicas como la "indisoluble unidad de España", la presunta existencia de una "nación española" y otras declaraciones por el estilo que sin embargo salpican la Constitución española. En todo caso resulta evidente que si entre los componentes de la formación económico-social a la que llamamos "España", hay alguna parte a la que podamos llamar "nación", si es que este concepto significa realmente algo, es Catalunya. Negarlo es una opción política respetable en todo caso, pero no una opción jurídica válida si de modo simultáneo no se descalifican otras "naciones" cuya existencia es al menos tan cuestionable como la catalana.

Un asunto que mueve directamente a la hilaridad es el que los circunspectos miembros del TC nieguen ahora la posibilidad de que en Catalunya funcione un Defensor del Pueblo propio, llamado aquí Síndic de Greuges. Resulta que esta figura existe y funciona sin problemas desde que quedó incorporada en el Estatuto de 1979 (la persona que ejerce el cargo es elegida mediante consenso por el Parlament de Catalunya). Lo más divertido del caso es que la práctica totalidad de las comunidades autónomas españolas tienen bajo diversas denominaciones y desde hace años Defensor del Pueblo propio, figura que incluyeron en sus respectivos estatutos a imitación del catalán, incluidas autonomías tan poco sospechosas de estar gobernadas por rojo-separatistas como Madrid o Valencia. Se supone que los miembros del TC lo saben. Entonces ¿a qué viene esta discriminación contra la autonomía catalana?.

Ya en el capítulo del voluntarismo ideológico puro y duro (e ineficaz, por ser materialmente imposible la erradicación que se proponen), el TC pretende cercenar el uso del catalán como lengua vehicular en la educación y las Administraciones públicas catalanas. El conflicto en este punto es obviamente político, y responde a los intereses electorales del Partido Popular (PP) y de sectores del PSOE, interesados en "vender" en el resto de España que el Estado ata corto a los catalanes y sus veleidades de usar su propia lengua en los principales ámbitos de socialización en esa comunidad. El palo a los catalanes da votos en España, y aunque esta parte de la sentencia sea una fantasmada que nada cambiará, tras la sentencia hay políticos y no sólo del PP que ven confirmada la utilidad de la catalanofobia ante electores inmersos en prejuicios y miedos atávicos e irracionales.

En definitiva el TC ha servido un plato precocinado a gusto de políticos que unos por carecer por completo de escrúpulos y otros por resultar timoratos hasta la exasperación, han acabado haciendo un pan como unas hostias con un texto legal que no sólo había sido refrendado políticamente y en las urnas por el Parlament y el pueblo catalán, sino que en su día fue aprobado por las Cortes Españolas, órgano de soberanía popular de esa "nación" española a la que apelan. En suma, el TC y sus inspiradores se pasan por el arco del triunfo a esa misma presunta nación a la que apelan y dicen defender.

El pacto entre Catalunya y España está en el alero, al haber prevalecido los intereses de los verdaderos enemigos de la unidad del Estado español. Los irresponsables que han hecho posible esta situación se están frotando las manos ante el capazo de votos a cosechar en breve.

Por el bien de la democracia, disuelvan el Tribunal Constitucional

Ya hemos hablado aquí antes de la ineficacia y el partidismo grosero que presiden las actuaciones del Tribunal Constitucional español (TC). Ocurre que ese desastre no es casual, sino que tiene todas las trazas de haber sido diseñado aposta en su momento, allá en los cada vez más mitificados aunque realmente nada gloriosos tiempos de la Transición.Entiéndanme, no estoy diciendo que el TC fuera creado para hacer el ridículo como lo viene haciendo desde hace largos años, aunque de modo destacado en los últimos y sobre todo en el caso de la impugnación presentada por el Partido Popular (PP) contra el nuevo Estatut catalán. Lo que afirmo es que el invento fue concebido precisamente para la función que está cumpliendo: servir de instrumento de bloqueo a cuantas leyes no fueran del agrado de la (extrema)derecha española.

Ocurre que en democracia -Montesquieu mediante o no- existe una única cámara a través de la cual se expresa la soberanía popular, única fuente por su parte (única, recalco) de legitimidad del Estado y sus instituciones. Esa cámara ha de estar elegida por sufragio universal, libre y directo de sus ciudadanos, y así viene sucediendo en cada vez más países desde los días de la Revolución Francesa, una vez liquidada la precedente cámara estamental de la época del Antiguo Régimen.

Sucede que esta cámara de representación popular cuya composición eligen directamente los ciudadanos, tiene en la mayoría de democracias dos facultades fundamentales: legislar el corpus de leyes que rigen el Estado y la convivencia pública y elegir un gobierno acordado por una mayoría de sus componentes. Pore tanto, corre el riesgo de llegar a ser controlada en algún momento por la izquierda, circunstancia que no sólo en España aterroriza a la derecha social, económica y política. Como barrera ante semejante posibilidad se creó una segunda cámara, llamada generalmente Senado, cuya función primordial es precisamente bloquear la posibilidad de que a través de la producción legislativa o los actos de gobierno del ejecutivo se produzcan transformaciones substantivas en materias que afectan a la hegemonía de las clases dominantes en nuestras sociedades.

Para lograr que el Senado cumpla esa función de cortafuegos permaneciendo "ad eternum" en manos de la derecha -en España, de la (extrema)derecha-, se ha diseñado un poco ingenioso pero muy útil sistema: consiste en que todas las circunscripciones electorales (las provincias, en España) elijan el mismo número de senadores, con lo cual las provincias rurales y menos pobladas (tradicionalmente derechistas) obtienen una fuerte sobrerrepresentación en número de escaños, en relación con los que se otorgan a las provincias más densamente pobladas y de carácter industrial (generalmente inclinadas a la izquierda). Convertido así en un frontón en el que rebotan todas las pelotas -es decir, frenando en seco y devolviendo de inmediato a la Cámara llamada Baja cuantas leyes y disposiciones se estimen peligrosas-, el Senado juega un papel clave en el mantenimiento del estatus quo en cuanto a la perpetuación de privilegios y la retención del poder por parte de las clases dominantes. Todo gobierno no ya revolucionario sino simplemente reformista acaba por estrellarse ante el bloqueo al que el Senado somete a sus iniciativas.

Por si falla el filtro del Senado, que todo puede pasar cuando se deja votar libremente al pueblo, la artera derecha postfranquista que gobernó los inicios de la Transición impuso en el llamado Pacto Constitucional la creación de un Tribunal que desde entonces ha venido funcionando como un reaseguro de probada eficacia. El Tribunal Constitucional se ha convertido de facto a lo largo de estos 30 años en una tercera cámara legislativa, y cuando ha convenido a quienes lo manejan ha paralizado cualquier iniciativa de cambio en sentido progresista que molestara a la (extrema)derecha española. Es sencillamente insufrible que una decena de personas que, como sucede en todo el aparato judicial, han llegado al cargo por cooptación luego de probar fidelidad a sus patronos políticos, se atrevan a enmendar la voluntad popular libremente expresada a través de sus representantes elegidos e incluso ratificada luego en reféredum, como es el caso del Estatut catalán embarrancado, sólo porque ellos presuntamente entienden más de leyes. La soberanía popular está por encima de leguleyos y picapleitos que en lugar de conformarse con su papel de funcionarios del Estado pretenden erigirse en salomones de guardarropía que determinan qué se puede y qué no se puede legislar. Se trata en suma de una versión cutre y risible del gobierno aristocrático de la Grecia clásica, que pretendía que algunos espíritus selectos tenían derecho natural a imponer su criterio al resto de los mortales, considerados como ganado nacido sólo para obedecerles y servirles.

En la fotografía publicada por El País el pasado 27 de abril, aparece un grupo de magistrados del Tribunal Constitucional: su vicepresidente, Guillermo Jiménez (quinto por la izquierda), Manuel Aragón (a su lado, con barba) y Ramón Rodríguez Arribas (a continuación), mientras presencian la corrida de toros del domingo anterior desde el callejón de La Maestranza de Sevilla, y algunos de ellos fuman gruesos habanos. Al lado de los magistrados del alto tribunal, César Cadaval, uno de Los Morancos, grupo que practica un humor especialmente zafio y fascistoide.

Quitad vuestras sucias manos del Estatut

El editorial conjunto que publican hoy 12 periódicos catalanes constituye la iniciativa más contundente llevada a cabo por la sociedad catalana ante el recrudecimiento de la ofensiva reaccionaria españolera contra el nuevo Estatut emanado de dos parlamentos -el catalán y el español-, órganos depositarios de la soberanía popular, y refrendado en referéndum por la ciudadanía catalana.

El abanico de periódicos incluye desde el prosocialista El Periódico de Catalunya al independentista El Punt, pasando por el proconvergente AVUI y hasta el derechista La Vanguardia, generalmente bien sintonizado con los sectores menos cavernarios del Partido Popular (PP). Al manifiesto además se han adherido las cadenas de radio COM Ràdio (proizquierda), Catalunya Ràdio (pública catalana) y RAC (pronacionalista catalana).

El texto, ponderado, muy medido y por una vez bien escrito, insiste en lo que ya es sabido: no es posible que un órgano judicial pretenda substituir la voluntad política de la ciudadanía, ciscándose directamente en la soberanía popular y en sus órganos de representación. El Estatut guste o no guste representa la expresión plural de España, su misma viabilidad como proyecto común, y en su condición de pacto entre los catalanes y el Estado marca nuestro modo y manera de estar y participar en esa apuesta colectiva que es la construcción de un Estado en el que quepamos todos, iguales en la diversidad y en el reconocimiento mutuo. Intentar imponer por la fuerza leguleya una uniformidad que además resulta insoportablemente casticista es, simplemente, un atentado directo a la unidad del Estado español, en la medida que representa la promoción más idiota del independentismo en Catalunya y en otros territorios.

Pero es que además el actual Tribunal Cosntitucional (TC) es un órgano que por múltiples razones debería abstenerse de meter sus sucias zarpas en este tema, delicadamente político. Este TC carece de legitimidad para dictaminar no ya sobre el Estatut catalán sino sobre cualquier ley que tenga pendiente, dado que su actual composición es manifiestamente ilegal, en la medida en que el mandato de la mayoría de sus miembros está caducado, y por tanto están ocupando un lugar que no les pertenece.

El TC es además un órgano carente de representatividad alguna, pues sus componentes no son más que meras correas de transmisión de los partidos políticos que les han colocado en el puesto, a los que se deben y a quiene sirven con dedicación. De todos modos, y habida cuenta de la amplia mayoría que los sectores más carcas de la sociedad española tienen desde tiempos inmemoriales en los órganos judiciales y asimilados, y la estupidez supina que practica el gobierno Zapatero a la hora de nombrar aquellos cargos que le corresponde designar en esos aparatos del Estado, el hecho de que el Partido Popular use el Tribunal Constitucional como vertedero en el que hacer embarrancar y dejar pudrirse las leyes que no le gustan a la derecha reaccionaria española, es simplemente una consecuencia lógica y esperable.

Pero es que además unos señores que llevan cuatro años para dictaminar sobre un texto legal cuya extensión y complejidad tampoco es que sea la del Código Penal napoleónico, demuestran que profesionalmente o bien carecen de cualificación para ejercer su trabajo (cosa que tampoco sería demasiado sorprendente) o que son unos vagos de tomo y lomo (lo que tampoco debería extrañar demasiado en esos personajes) .

Si los actuales miembros del TC tuvieran un átomo de decencia política y de la otra, deberían dimitir inmediatamente de sus cargos. Mantenerse en la poltrona contra viento y marea a pesar de ocupar una posición tan desairada como la que ostentan todos ellos en estos momentos, da la verdadera medida de la calidad humana, política y profesional de estas señorías tan poco señoriales. La prensa catalana acaba de dejarles en evidencia a ellos y a sus amos de la caverna española, esa que por cierto y desgraciadamente no acampa sólo en el PP.

La caricatura que ilustra el post fue publicada por el Diario de Burgos el 20 de septiembre pasado.

Justicia de clase, clases de justicia

Francisco Daldes, un gaditano de 39 años, ha ingresado en la cárcel porque en 1999 robó un belén en el centro histórico de Cádiz. No es un chiste: Fracisco Daldes fue juzgado y condenado en 2004 a dos años de cárcel y a pagar 4.651 euros por ése delito.

Cuando cometió ese robo que ahora le lleva a la cárcel, Daldes tenía múltiples antecendentes y era toxicómano; el chivo expiatorio perfecto para los voceros de la "mano dura". Hoy es un obrero de la construcción rehabilitado y con una familia a la que mantener, con mujer y dos hijos que dependen exclusivamente de su sueldo.

Casi de modo simultáneo a que se haya hecho pública la situación de este ciudadano, el Tribunal Constitucional acaba de absolver a los conocidos empresarios/estafadores Alberto Cortina y Alberto Alcocer, más conocidos como Los Albertos, a pesar de las evidencias existentes en su contra, por las cuales fueron condenados por el Tribunal Supremo. Como será el caso, que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha declarado que el fiscal "siempre tiene que estar al lado de los estafados y no de los estafadores, salvaguardando los derechos constitucionales de todos", luego de haber manifestado su discrepancia "total, radical y absoluta" de la resolución dictada por el Tribunal Constitucional, ya que "permite a los estafadores quedarse con el dinero de la estafa".

Parece pues que las más altas instancias judiciales manejan en este país dos varas de medir, según sea la condición social del inculpado. Pura justicia de clase, y evidentemente dos clases de justicia: una para la gente corriente, a la que no se le perdona una tontería cometida hace años aunque ahora sea un ciudadano perfectamente integrado socialmente; la otra, para los miembros de las élites económicas que a pesar de contar con un historial delictivo continuado que ya se cuenta por décadas, manejan el dinero suficiente como para convertirse en intocables.

Esperemos que la intervención del Estado vía fiscalía general sirva en esta ocasión para restablecer la sensatez y la ética en ése pudridero clasista que es el ámbito judicial español. Y sobre todo que dejen en paz a Francisco, un ciudadano que bastante tiene con sacar a su familia adelante.