Referendum en Catalunya para autodeterminarnos de los recortes sociales

Hace años que en Catalunya nacionalistas de derecha y de presunta izquierda nos dan la tabarra con el dichoso referéndum de autodeterminación, ese que exigen solo con la boca pequeña porque saben que de celebrarse lo perderían por un margen demasiado amplio, como ha reconocido públicamente en varias ocasiones el señor Artur Mas, actual cabeza visible del tinglado patriótico catalanista.

Desde que regresó al poder CiU, el Gobierno catalán amaga de vez en cuando con el supuesto "derecho" de la Generalitat a convocar referéndums, un modo de mantener la presión sobre el Gobierno de Madrid en chantajes de carácter económico. Y es que al contrario de otros países, donde la burguesía de la ideología hace economía, en Catalunya nuestra derecha política y social actúa al revés, haciendo ideología a partir de la economía. Olvida esta gente en todo caso que de convocarse cualquier referéndum es el Parlament catalán quien debería impulsarlo y velar por su ejecución, ya que la Cámara catalana es el órgano que en democracia representa en exclusiva la soberanía del pueblo catalán (diga lo que diga sobre este asunto la Constitución, el Estatut o el Pentateuco). Ocurre que llevar una propuesta de referéndum de ese cariz al Parlament obligaría a todos los partidos -empezando por CiU obviamente, que para eso está gobernando la Generalitat-, a retratarse en público y decidir "caixa o faixa" (blanco o negro, diríamos), algo que a ningún partido -y menos que a nadie al que encarna políicamente la derecha catalanista- interesa lo más mínimo, especialistas como son en caminar por la marona de la indefinición y en no comprometerse en nada definitivo.

Sucede ahora que los sindicatos UGT y CCOO han tomado por una vez la delantera a esta gente, y amparándose en la posibilidad de poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), han comenzado el proceso para que se convoque un referéndum en Catalunya a fin de derogar las políticas de recortes sociales y destrucción de servicios públicos que está llevando a cabo de modo salvaje el Gobierno catalán. De momento el único apoyo político que han recibido es el de los postcomunistas de ICV habiéndose manifestado en contra el resto de partidos (CiU; PP y PSC) y absteniéndose (ni carne ni pescado, ya ven) ERC.  Da vergüenza especialmente oír a los dirigentes del PSC, empezando por el recién estrenado líder presuntamente socialista Pere Navarro, intentando echar balones fuera cuando les preguntan su posición sobre este asunto. De verdad, uno empieza a pensar que las izquierdas catalanas no tienen remedio.

Lo cierto es que aunque la ILP quede finalmente bloqueada en el Parlament, la reclamación popular sobre el derecho a decidir en relación a la existencia del Estado del Bienestar no ha hecho más que echar a andar. Se trata de canalizar la irritación creciente en capas cada vez mayores de la sociedad catalana (y española, y europea, y mundial...) hacia formas de lucha política que nos permitan imponer la voluntad y los intereses de la inmensa mayoría de los ciudadanos no estupidizados (por increíble que parezca existen en las clases populares gentes partidarias de los recortes sociales, del mismo modo que hay partidarios de la pena de muerte: cuando se la aplican a ellos dejan de serlo). Si en este proceso los partidos no son capaces de recoger el sentir los ciudadanos, peor para ellos. En el Parlament y en la calle, la presión sobre los desalmados capitalistas y sus testaferros políticos que nos han tocado en desgracia no va a dejar de crecer, multiplicarse y radicalizarse en los próximos meses.

¡Tenemos derecho a decidir!.